El Gobierno nacional decidió dar de baja la licitación internacional de la Vía Navegable Troncal y anunció una investigación sobre la única empresa que presentó una oferta, la compañía belga DEME, por presunta presión a sus competidores. La medida generó un fuerte revuelo en el sector y amplias críticas sobre la transparencia del proceso.
La licitación, que representaba un negocio de aproximadamente 9.000 millones de dólares, se convirtió en un proceso controvertido, con la mayoría de los oferentes retirándose ante posibles implicaciones legales tras una resolución adversa de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que cuestionó el procedimiento por presuntas irregularidades.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó el anuncio en Casa Rosada sin admitir preguntas de la prensa. En su mensaje, atribuyó la crisis del proceso licitatorio a «sectores políticos, medios de comunicación y empresarios» que, según sus palabras, habrían ejercido presión para modificar los términos del pliego en beneficio propio. Además, desestimó las denuncias de direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria del dragado de la vía, y rechazó las acusaciones de corrupción e incompatibilidades en el proceso.
“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes de la presentación de ofertas ”, concluyó el vocero presidencial en la conferencia de prensa en Casa Rosada.
Fuentes cercanas a la empresa Deme expresaron su sorpresa ante la decisión del Gobierno, señalando que “su participación en la licitación había sido conforme a derecho y cuestionando el giro inesperado de los acontecimientos”. Mientras tanto, Jan de Nul y la holandesa Van Oord, otras dos firmas interesadas en la adjudicación, desistieron a última hora de presentar sus ofertas.
El vocero destacó que la investigación en curso tiene como propósito “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y, en caso de detectarse irregularidades, determinar eventuales responsabilidades penales por intento de fraude.
Por su parte, el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, para brindar detalles técnicos sobre la situación subrayó la legitimidad del proceso al afirmar que “el hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”.
Sin embargo, advirtió sobre posibles maniobras destinadas a obstaculizar la licitación, señalando que “un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparación de ofertas económicas en este procedimiento”.
En este contexto, el funcionario también hizo hincapié en la contradicción de las acusaciones contra el proceso, al señalar que “desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones ”.
En los pasillos gubernamentales, el episodio también generó tensiones. Santiago Caputo, asesor clave y del presidente Javier Milei, principal impulsor del proceso, quedó en el centro de las críticas debido a la falta de garantías en la licitación. De hecho no es la primera vez que el monje negro de la gestión gubernamental ligado al círculo rojo del presidente, queda envuelto en situaciones poco decorosas, -el sector pesquero conoce ciertos deslices al respecto a lo largo del año pasado-. Su gestión fue objeto de cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo, lo que derivó en que el ministro de Economía, Luis Caputo, consultara al presidente sobre la continuidad del proceso luego del fallo de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
Con la licitación anulada, el Gobierno se ve ahora en la obligación de reformular el pliego de condiciones en línea con las observaciones del organismo de investigaciones administrativas y buscar restablecer la confianza de las empresas interesadas en competir por la adjudicación. No obstante, en el sector prevalece la incertidumbre y, hasta el momento, ninguna firma ha confirmado su intención de participar en un futuro proceso licitatorio.
Panorama poco serio y preocupante frente a la necesidad de mejorar la imagen en un contexto internacional de inversores que solo llega puntualmente y en cuentagotas a determinadas actividades donde las rentabilidades superan y diluyen con creces el riesgo jurídico argentino que sigue tan latente como los años anteriores.
