El Gobierno nacional decidi贸 dar de baja la licitaci贸n internacional de la V铆a Navegable Troncal y anunci贸 una investigaci贸n sobre la 煤nica empresa que present贸 una oferta, la compa帽铆a belga DEME, por presunta presi贸n a sus competidores. La medida gener贸 un fuerte revuelo en el sector y amplias cr铆ticas sobre la transparencia del proceso.
La licitaci贸n, que representaba un negocio de aproximadamente 9.000 millones de d贸lares, se convirti贸 en un proceso controvertido, con la mayor铆a de los oferentes retir谩ndose ante posibles implicaciones legales tras una resoluci贸n adversa de la Procuraci贸n de Investigaciones Administrativas (PIA), que cuestion贸 el procedimiento por presuntas irregularidades.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, realiz贸 el anuncio en Casa Rosada sin admitir preguntas de la prensa. En su mensaje, atribuy贸 la crisis del proceso licitatorio a 芦sectores pol铆ticos, medios de comunicaci贸n y empresarios禄 que, seg煤n sus palabras, habr铆an ejercido presi贸n para modificar los t茅rminos del pliego en beneficio propio. Adem谩s, desestim贸 las denuncias de direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria del dragado de la v铆a, y rechaz贸 las acusaciones de corrupci贸n e incompatibilidades en el proceso.
鈥La 煤nica oferta presentada fue la de DEME, que se ocup贸 de te帽ir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos d铆as antes de la presentaci贸n de ofertas 鈥, concluy贸 el vocero presidencial en la conferencia de prensa en Casa Rosada.
Fuentes cercanas a la empresa Deme expresaron su sorpresa ante la decisi贸n del Gobierno, se帽alando que 鈥su participaci贸n en la licitaci贸n hab铆a sido conforme a derecho y cuestionando el giro inesperado de los acontecimientos鈥. Mientras tanto, Jan de Nul y la holandesa Van Oord, otras dos firmas interesadas en la adjudicaci贸n, desistieron a 煤ltima hora de presentar sus ofertas.
El vocero destac贸 que la investigaci贸n en curso tiene como prop贸sito 鈥渁clarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitaci贸n鈥 y, en caso de detectarse irregularidades, determinar eventuales responsabilidades penales por intento de fraude.
Por su parte, el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegaci贸n, I帽aki Arreseygor, para brindar detalles t茅cnicos sobre la situaci贸n subray贸 la legitimidad del proceso al afirmar que 鈥el hecho de que se haya presentado DEME como 煤nica empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia鈥.
Sin embargo, advirti贸 sobre posibles maniobras destinadas a obstaculizar la licitaci贸n, se帽alando que 鈥un grupo de vivos oper贸 el vaciamiento de oferta de esta licitaci贸n para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparaci贸n de ofertas econ贸micas en este procedimiento鈥.
En este contexto, el funcionario tambi茅n hizo hincapi茅 en la contradicci贸n de las acusaciones contra el proceso, al se帽alar que 鈥desde que se lanz贸 la licitaci贸n, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intenci贸n de sabotear el proceso. Nos llama la atenci贸n que, en un supuesto direccionamiento, la 煤nica oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal art铆fice de estas acusaciones 鈥.
En los pasillos gubernamentales, el episodio tambi茅n gener贸 tensiones. Santiago Caputo, asesor clave y del presidente Javier Milei, principal impulsor del proceso, qued贸 en el centro de las cr铆ticas debido a la falta de garant铆as en la licitaci贸n. De hecho no es la primera vez que el monje negro de la gesti贸n gubernamental ligado al c铆rculo rojo del presidente, queda envuelto en situaciones poco decorosas, -el sector pesquero conoce ciertos deslices al respecto a lo largo del a帽o pasado-. Su gesti贸n fue objeto de cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo, lo que deriv贸 en que el ministro de Econom铆a, Luis Caputo, consultara al presidente sobre la continuidad del proceso luego del fallo de la Procuraci贸n de Investigaciones Administrativas (PIA).
Con la licitaci贸n anulada, el Gobierno se ve ahora en la obligaci贸n de reformular el pliego de condiciones en l铆nea con las observaciones del organismo de investigaciones administrativas y buscar restablecer la confianza de las empresas interesadas en competir por la adjudicaci贸n. No obstante, en el sector prevalece la incertidumbre y, hasta el momento, ninguna firma ha confirmado su intenci贸n de participar en un futuro proceso licitatorio.
Panorama poco serio y preocupante frente a la necesidad de mejorar la imagen en un contexto internacional de inversores que solo llega puntualmente y en cuentagotas a determinadas actividades donde las rentabilidades superan y diluyen con creces el riesgo jur铆dico argentino que sigue tan latente como los a帽os anteriores.
