El Presupuesto 2025 proyectado por el gobierno de Javier Milei ha suscitado fuertes críticas, particularmente en el ámbito de la agricultura. A pesar de no disponer cifras precisas respecto a la asignación específica para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que desde febrero de este año quedó bajo la administración del Ministerio de Economía, algunos datos permiten vislumbrar un escenario de ajuste significativo. El presupuesto total del Ministerio de Economía para el próximo año será de 7.699.573 millones de pesos, de los cuales se estima que unos 421.248 millones corresponderían a agricultura y ganadería. Sin embargo, la falta de autonomía de esta secretaría en la gestión de sus propios recursos y personal, plantea interrogantes sobre su capacidad de respuesta ante las necesidades del sector.
Lo que sí se conoce con mayor precisión son las cifras destinadas a organismos descentralizados vinculados a la secretaría. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recibiría 251.494 millones de pesos, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) contará con 171.157 millones. Lo notable de estos presupuestos es que ambos organismos deberán financiarse, en gran medida, con sus propios recursos generados, lo que refleja una tendencia creciente hacia la autosuficiencia operativa.
Estas proyecciones presupuestarias han despertado la preocupación de figuras vinculadas al sector. Juan José Bahillo, ex secretario de Agricultura durante la gestión anterior, expresó en redes sociales su inquietud ante lo que calificó como un «desguace» de la Secretaría de Agricultura, advirtiendo sobre el impacto negativo que este ajuste podría tener en la capacidad operativa de la entidad, siempre haciendo la salvedad que hoy, el exsecretário, se encuentra en vereda opuesta a la actual administración. Según Bahillo, -quien en su función fue poco lo que hizo para el sector pesquero- el 70% de las exportaciones del país provienen de sectores ligados a la agricultura, y cualquier reducción en la inversión comprometería tanto el futuro del agro como la competitividad del país en los mercados internacionales.
El análisis de Bahillo se apoya en un gráfico comparativo que pone de relieve la insuficiencia de los aumentos presupuestarios frente a la altísima inflación (que su gobierno dejó en el máximo). El presupuesto del INTA, por ejemplo, solo aumentaría un 24,5%, mientras que el SENASA lo haría en un 25%. Estas cifras, claramente por debajo de la inflación proyectada para 2024, que ya supera el 120%, reflejan un ajuste real sobre estos organismos, que verán comprometida su capacidad para implementar políticas públicas esenciales, según el propio Bahilo.
Otros organismos, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), también enfrentarán aumentos presupuestarios que, aunque en porcentajes diferentes (26,41%, 13,83% y 19,13% respectivamente), quedan igualmente rezagados frente al nivel de inflación. En un panorama aún más adverso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sufrirá una reducción del 14% en su presupuesto.
Bahillo subrayó que este ajuste no solo impacta en la operatividad de los organismos descentralizados, sino que también perjudica al sector productivo en general, limitando la capacidad de estos entes para impulsar políticas clave que fomenten el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario. En su opinión, la inversión en estos organismos es crucial para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo, y la falta de recursos pone en riesgo tanto las capacidades institucionales como el futuro del agro argentino.
Un aspecto llamativo del Proyecto de Presupuesto 2025 es que tanto el INTA como el SENASA, a pesar de generar ingresos propios (el primero a través de la tasa de estadística sobre importaciones y el segundo mediante el cobro de aranceles al sector privado), terminarán transfiriendo al Tesoro Nacional una parte de esos fondos. Se estima que el INTA aportará 20.000 millones de pesos, mientras que el SENASA transferirá 5.000 millones, repitiendo un patrón que se observa casi todos los años.
En conclusión, el recorte presupuestario proyectado para el 2025 no solo representa un desafío financiero para los organismos encargados de gestionar las políticas agropecuarias y pesqueras, sino que también pone en duda la capacidad del Estado para acompañar el desarrollo de un sector estratégico para la economía del país. La crítica de Bahillo resuena en un contexto en el que las demandas de competitividad y sostenibilidad requieren más, no menos, apoyo institucional, dejando la salvedad que si hubo un Ministro que gestionó de espaldas al sector pesquero, fue precisamente el de Bahillo.
