Una región que extrae del mar la sexta parte de lo que el mundo captura y que coloca en los mercados internacionales el 15 % de las exportaciones de productos acuáticos reserva a sus propias mesas menos de la mitad del pescado que consume el habitante medio del planeta. Esa es la tensión que organiza el informe SOFIA 2026 de la FAO, y es el territorio donde la pesca deja de ser una estadística de descargas para convertirse en una cuestión de soberanía alimentaria.
Este 21 de noviembre, en el Día Mundial de la Pesca, Javier Villanueva García-Benítez toma la palabra desde estas páginas, conduciendo la mirada técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la pesca y la acuicultura de América Latina y el Caribe.
Su texto recorre los cuatro frentes que definen el rumbo del sector: el peso productivo de la región, con Perú como cuarto productor mundial de captura y Chile y Ecuador al frente de la acuicultura; el precio y la distribución que separan al producto del consumidor local; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como amenaza a los recursos y a quienes operan dentro de la ley; y el fenómeno de El Niño, que reordena capturas, ingresos y disponibilidad de alimento en el Pacífico sudoriental.
Sobre ese mapa, el funcionario de la FAO propone un derrotero con estela en la iniciativa de la Transformación Azul. Lo que sigue es su análisis, publicado en forma íntegra por su autor.
Cada 21 de noviembre, el Día Mundial de la Pesca nos invita a celebrar y reconocer a quienes nos alimentan desde los océanos, lagos y ríos. En América Latina y el Caribe, esta fecha es una oportunidad para valorar la contribución de las comunidades pesqueras a la seguridad alimentaria, la nutrición y las economías locales, y para renovar el compromiso con el uso sostenible de los recursos acuáticos.
Detrás de cada desembarque y de cada alimento que llega a nuestras mesas, hay trabajo, conocimientos y una estrecha relación con el territorio. Quienes capturan, procesan y comercializan los productos de la pesca sostienen una cadena de valor que conecta a las comunidades con los consumidores. Reconocer ese aporte, especialmente el de la pesca en pequeña escala, es el punto de partida para construir un futuro más sostenible.
Los números del informe de la FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA 2026) son elocuentes. En 2024, nuestra región aportó alrededor del 16 % de las capturas marinas del mundo y el 15 % del volumen de las exportaciones mundiales de productos de animales acuáticos, con un superávit comercial de 21 000 millones de USD.
Perú fue el cuarto productor mundial de pesca de captura de animales acuáticos, con 5,7 millones de toneladas, y la anchoveta es la especie más capturada del mundo. Chile y Ecuador lideran la acuicultura regional. Y más de tres millones de personas trabajan directamente en el sector primario de la pesca y la acuicultura, sosteniendo empleos y economías en zonas costeras y del interior.
Sin embargo, la disponibilidad media per cápita de alimentos acuáticos de origen animal en la región alcanzó apenas 10,1 kg en 2023, menos de la mitad del promedio mundial de 21,1 kg, expresados en equivalente en peso vivo. Este indicador refleja la cantidad disponible para el consumo humano, no la ingesta efectiva. La región produce para el mundo, pero aún puede aprovechar mejor ese potencial para su propia alimentación.
Y no hablamos de un alimento cualquiera. Los alimentos acuáticos aportan proteínas de alta calidad, omega-3, vitaminas y minerales esenciales. Son clave para la seguridad alimentaria y la nutrición, sobre todo en los hogares de bajos ingresos y en los grupos más vulnerables.
Detrás de esta brecha hay múltiples factores: precios poco accesibles para algunas familias, desigualdades territoriales y sistemas de distribución interna que aún no están a la altura del potencial productivo. El desafío es complementar la contribución de las exportaciones al empleo y los ingresos con un mayor acceso de la población a alimentos acuáticos nutritivos.
Cuidar esta contribución exige también hacer frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que compromete la sostenibilidad de los recursos y perjudica a quienes operan dentro del marco legal. Fortalecer la ordenación pesquera con la participación de las comunidades, tanto marinas como continentales, es esencial para proteger los medios de vida y la alimentación de las familias que dependen de estos recursos.
A estos desafíos se suma el fenómeno de El Niño, que altera la temperatura del mar y el aporte de nutrientes. En el Pacífico sudoriental puede reducir las capturas y afectar los ingresos y la disponibilidad de alimentos acuáticos, con efectos que varían según la zona y la especie. La alerta temprana y la ordenación pesquera adaptativa son fundamentales para proteger los medios de vida y la seguridad alimentaria.
El reto, por tanto, no es solo contar con un importante potencial pesquero y acuícola, sino superar los obstáculos que impiden que esa riqueza se traduzca en un mayor acceso de la población a alimentos ricos en proteínas de alta calidad.
Celebrar la pesca también significa trabajar para superar estas barreras. Ampliar el acceso a los alimentos acuáticos y fortalecer la resiliencia de quienes los producen son objetivos complementarios para avanzar hacia la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.
Es precisamente aquí donde la iniciativa de Transformación Azul de la FAO cobra relevancia estratégica. Su enfoque apunta a maximizar la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos a dietas saludables y asequibles, combinando la expansión y la intensificación sostenibles de la acuicultura, la ordenación eficaz de la pesca y la mejora de las cadenas de valor, con una gobernanza que proteja tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, reducir las pérdidas y el desperdicio y facilitar un acceso más equitativo a los alimentos acuáticos.
América Latina y el Caribe cuenta con recursos, conocimientos y experiencias para avanzar en esa dirección. El desafío es traducir ese potencial en acciones concretas: fortalecer la participación de las comunidades pesqueras en las decisiones, mejorar la conservación y distribución de los productos y facilitar el acceso a los mercados. Así, el reconocimiento a quienes nos alimentan puede expresarse en mejores oportunidades para sus comunidades y en alimentos nutritivos al alcance de más personas. En este Día Mundial de la Pesca, el objetivo compartido es que la riqueza acuática de la región se traduzca en una mejor alimentación y mejores medios de vida, sin dejar a nadie atrás. Reconocer la contribución de los pescadores implica fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos, comunidades pesqueras, sector privado, organismos de cooperación y otras organizaciones para hacerlo posible.
Dr. Javier Villanueva García-Benítez
Sobre el autor
El Dr. Javier Villanueva García-Benítez es un especialista mexicano en gestión pesquera y acuícola, con una extensa trayectoria en políticas públicas, administración de recursos marinos y desarrollo sostenible. Es doctor en áreas vinculadas a la gestión pesquera y los recursos marinos. Desde 2013 integra la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde se desempeña como Oficial Principal de Pesca y Acuicultura en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile.
Ejerce la secretaría de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura de América Latina y el Caribe (COPPESAALC), organismo regional asesor de la FAO, y coordina la iniciativa Mejor Producción, que impulsa la Transformación Azul, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios acuáticos y la modernización de los marcos normativos.
Antes de asumir su cargo actual fue consultor regional en pesca, institucionalidad y sostenibilidad. En esa función participó en el diseño de proyectos de pesca artesanal y en el asesoramiento técnico de reformas legislativas, entre ellas la revisión de la Ley de Pesca de Chile y la promulgación de la Ley 204 de Pesca y Acuicultura de Panamá. Fue docente e investigador en recursos naturales y manejo pesquero en la Universidad Marista de Mérida (Yucatán, México).
Sus líneas de trabajo abarcan la administración oceánica, incluida la implementación del Acuerdo BBNJ; el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); la evaluación bioeconómica de pesquerías; la pesca artesanal; la seguridad en el buceo pesquero y la visibilización del rol de la mujer en las cadenas de valor acuáticas. Es autor y coautor de informes técnicos de la FAO y de artículos científicos sobre indicadores de regulación pesquera, como el de la pesquería de pulpo en Yucatán, análisis bioeconómico de flotas, diagnósticos sectoriales y estrategias de medios de vida en comunidades costeras.






