La última asignación del Consejo Federal Pesquero volvió a poner bajo tensión una de las áreas más delicadas del régimen pesquero argentino: el financiamiento real del control marítimo en el Atlántico Sur y la relación entre ese esfuerzo, la carga que soporta la actividad y la capacidad efectiva del Estado para custodiar la Zona Económica Exclusiva Argentina.
La decisión de destinar más de $1.100 millones al rubro Patrullaje y Control, con partidas iguales para la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, aporta un dato relevante al debate. En términos nominales, la cifra es considerable. En términos operativos, su alcance se reduce con rapidez. La distancia entre el monto asignado y el costo concreto de sostener presencia, medios y personal en el mar vuelve a exhibir una brecha que el sistema arrastra desde hace años.
Ese punto ordena el problema central. Para la actividad pesquera, el esquema de cargas se volvió más exigente en un contexto de costos en alza, rentabilidad comprimida y márgenes cada vez más estrechos. El incremento acumulado del DUE reforzó esa presión y profundizó un planteo que hoy atraviesa a buena parte de la flota pesquera: la necesidad de recomponer condiciones de viabilidad operativa.
Pero el otro extremo del sistema tampoco encuentra equilibrio. Para la Armada y la Prefectura, los recursos disponibles siguen siendo limitados frente al costo real de patrullar la milla 200, sostener vigilancia sobre la ZEEA y responder a una presión permanente sobre recursos de alto valor comercial. Lo que para la flota representa una carga creciente, para las fuerzas de control sigue siendo una cobertura insuficiente.
Allí aparece la falla estructural. La pesca aporta una parte de los fondos, pero la escala material del patrullaje marítimo excede ampliamente lo que ese mecanismo puede reunir. Es el Estado nacional quien debe cubrir los esfuerzos económicos de la Institución, porque la custodia del mar argentino forma parte del núcleo básico de sus responsabilidades. El problema es que incluso con ese aporte adicional del FO.NA.PE., la cobertura permanece por debajo de lo que exige una vigilancia sostenida y eficaz.
En ese marco, la situación de la Prefectura Naval Argentina expone otra dimensión del mismo desajuste. Su personal cumple funciones que exigen formación, experiencia y especialización, pero lo hace con salarios absolutamente deteriorados comparados a la función que ejercen y sobre todo a la actividad privada; que limita en la mayoría de los cuadros integrantes de la fuerza, la sustentabilidad económica de sus familias. A eso se suma una dificultad cada vez más visible para retener cuadros capacitados una vez completado su entrenamiento, porque el sector privado remunera tareas comparables con ingresos significativamente superiores. La fragilidad presupuestaria también se expresa en la pérdida de capital humano.
La cuestión, por lo tanto, no se limita al volumen de una partida ni al reparto de fondos dentro del FO.NA.PE. Lo que queda expuesto es una relación inestable entre la magnitud de la misión y los recursos asignados para cumplirla. Detrás de cada despliegue hay combustible, mantenimiento, logística, disponibilidad de medios y personal. Cuando esa estructura opera por debajo de su costo real, la exigencia se traslada a quienes deben sostenerla en el terreno.
En ese punto adquiere importancia la Disposición SSRAyP Nro.20/2026, que permite identificar electrónicamente unidades pesqueras extranjeras que vulneran la ZEEA en operaciones de pesca y aplicar con mayor rigor la normativa vigente frente a esa violación del espacio argentino. También allí reaparece el mismo problema. La capacidad de respuesta descansa en la gestión, preparación y el esfuerzo del personal del Centro de Control de Tráfico Marítimo y de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, aunque sin una contraprestación económica acorde con la exigencia de esa tarea.
La asignación definida por el Consejo Federal Pesquero deja así una conclusión más amplia que la mera discusión presupuestaria. La Argentina sostiene una función estratégica con recursos que siguen siendo acotados frente a la escala del espacio que debe custodiar. En esa brecha conviven una actividad privada sometida a mayor presión económica, fuerzas encargadas del control con medios ajustados y un Estado que todavía no logra dotar de suficiencia a una tarea que forma parte de la defensa operativa de la soberanía.
