Como cada año, la llegada de flotas pesqueras extranjeras, principalmente chinas, marca el inicio de la temporada de calamar illex argentinus por fuera de la Zona Exclusiva Económica Argentina (ZEEA). Este fenómeno, que tiene lugar en aguas internacionales, renueva las preocupaciones sobre su impacto biológico y económico, tanto en el ecosistema marítimo como en la industria pesquera nacional. Aunque estas operaciones no infringen las leyes internacionales sobre soberanía y espacios marítimos por encontrarse fuera de las 200 millas desde la linea de base, afectan significativamente las reservas ictícolas del Mar Argentino. Especies migratorias como el calamar para la flota potera que allí opera o el abadejo/merluza y especies de mucho mas alto valor como la merluza negra, enfrentan una amenaza creciente debido a la ausencia de regulaciones que limiten las capturas o impongan vedas y cuotas, exigencias que sí deben cumplir estrictamente las flotas argentinas dentro del mar argentino y lindero.
Según informó la Prefectura Naval Argentina (PNA), al menos 60 buques fueron detectados recientemente acercándose desde el Atlántico y también desde el Pacífico, tras cruzar el Estrecho de Magallanes, canales fueguinos o por el sur del Cabo de Hornos para quienes desean menor costo y aguas mas claras de peligros, luego de operar frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile. Este número podría superar los 450 pesqueros hacia finales de enero, dos tercios de los cuales son de propiedad china. “Lo vemos con las preocupaciones de siempre”, advirtió Darío Sócrate, director ejecutivo de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), quien estudia sus movimientos cíclicos anuales. “ Ellos inician antes de tiempo, sin respetar los límites establecidos, lo que afecta el equilibrio biológico. Además, compiten deslealmente en los mercados internacionales al operar con subsidios y en condiciones que no cumplen normas ambientales, laborales ni de seguridad ”, había expuesto oportunamente en la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios frente a un nutrido grupo de parlamentarios.
El problema se agrava por la dependencia de las flotas extranjeras a los subsidios estatales. “ Sin subsidios, esas flotas no serían rentables ”, explicó el Prefecto Mayor Sergio Almada, coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de Espacios Marítimos y Recursos (Eicemar).
A decir verdad, ninguna ecuación económica de cualquier flota pesquera es viable a 10.000 millas náuticas de su puerto base. En el caso de los buques chinos, los costos operativos se reducen al extremo de rozar prácticas cercanas a la explotación laboral. Esta situación se ve intensificada por la carencia de recursos suficientes para una supervisión efectiva, ya que la Prefectura dispone de apenas cinco guardacostas para monitorear una flota que podría alcanzar cientos de barcos. A pesar de la existencia de acuerdos internacionales como el «Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca», aprobado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2022, su implementación y control aún presentan serias dificultades.
En efecto, diversas entidades nacionales, incluidas destacadas cámaras representativas del sector, han señalado y cuestionado que Uruguay, a través de su puerto, Montevideo, no solo sirve como refugio para una parte significativa de la flota asiática, sino que también se posiciona como el principal proveedor de combustible, viabilizando las operaciones de dicha flota en las remotas aguas del Sudeste Asiático. Por su parte, el Reino Unido protagoniza un rol aún más polémico, ofreciendo desde Puerto Argentino y sus bahías al norte, apoyo logístico tanto a esta flota como a embarcaciones de transporte de productos refrigerados, bajo la modalidad de reefers. Estas últimas no solo realizan tareas de alijado a buques operativos en las proximidades de la milla 200, sino que extienden su actividad a todo el ámbito marítimo circundante, desde las islas del Atlántico Sur hasta el área antártica.
La actividad lindera a la milla 200, no solo plantea inquietudes biológicas, sino también tensiones políticas. La Prefectura emplea herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas satelitales y bases de datos internacionales, para rastrear la actividad de los buques. Almada explicó que los arrastreros suelen cruzar de la milla 200 hacia aguas internacionales y viceversa, mientras que los poteros, especializados en la pesca de calamar, operan a tan solo cinco millas del límite de la ZEE argentina. En su tránsito hacia la zona, las flotas extranjeras realizan lo que se denomina “paso inocente” a través de las primeras 12 millas del territorio argentino, seguido de libre navegación entre las millas 12 y 200. No obstante, su objetivo final dista mucho de ser inocuo. “La libertad de pesca en alta mar no es absoluta”, sostuvo Almada, quien destacó la importancia del principio de conservación y cooperación entre Estados Ribereños, principios que, en su opinión, ciertos países ignoran deliberadamente.
En octubre, el Congreso argentino ratificó el acuerdo de la OMC, aunque el país aún no ha entregado los instrumentos necesarios para su implementación. Este marco internacional podría convertirse en una herramienta clave para combatir la pesca depredadora, siempre que los países firmantes cumplan con sus compromisos. Sin embargo, factores geopolíticos como la presencia británica en las Islas Malvinas dificultan la concreción de acuerdos regionales para un control efectivo. En este contexto, Argentina enfrenta un desafío urgente: proteger sus recursos marítimos y garantizar la sustentabilidad de una industria vital para el país frente a la creciente presión de intereses extranjeros.
Por tal motivo, resulta incomprensible que ciertos representantes políticos, como Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, promuevan la iniciativa de brindar apoyo logístico y servicios de reparación a esta vasta flota, cuya actividad depredadora de los mares carece de respaldo biológico sostenible y de viabilidad económica sustentable.
La Milla 200 ha dejado de ser un mero límite geográfico para erigirse en un emblema de las tensiones contemporáneas entre el desarrollo sustentable, la soberanía nacional y los inquebrantables intereses de las grandes potencias pesqueras. Este espacio marítimo, que se perfila como un corredor natural estratégico entre el Atlántico y el Pacífico, adquiere una relevancia crucial en la pugna por el dominio de los océanos y su inevitable proyección geopolítica hacia el vasto y codiciado territorio antártico.