La Prefectura Naval Argentina (PNA), en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó un nuevo “Protocolo para la Prevención y Detección del Delito de Trata de Personas a bordo de Buques Pesqueros Extranjeros”. El instrumento fue publicado el día martes en el Boletín Oficial y está destinado exclusivamente a los efectivos de la Fuerza que, en cumplimiento de sus funciones, tomen contacto con tripulaciones extranjeras en aguas bajo jurisdicción nacional.
El documento fue elaborado con la participación del Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y del Equipo de Trabajo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR) de la Prefectura, junto al aporte técnico de fiscales federales y especialistas del Ministerio de Seguridad.
Con un enfoque basado en derechos humanos y en los estándares internacionales en la materia —como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Ley nacional de trata y el Convenio 188 de la OIT sobre trabajo en la pesca— el protocolo busca establecer criterios operativos para que el personal pueda identificar posibles situaciones de trata en altamar.
“La trata de personas es una forma particularmente insidiosa de violación a los derechos humanos, que implica la cosificación y sometimiento del ser humano, atentando contra su libertad y dignidad”, señala el texto, que no sustituye las normativas vigentes sino que las complementa.
El protocolo contempla distintos escenarios en los que Prefectura puede tomar contacto con tripulaciones extranjeras, como ingresos a puerto, arribadas forzosas, capturas por pesca ilegal o evacuaciones médicas. En todos los casos, se establece que los efectivos deberán estar atentos a indicadores clave: desde el estado emocional de los tripulantes hasta sus condiciones de alojamiento y laborales, pasando por irregularidades en la documentación personal.
También se incluye una “Guía para las Preguntas Exploratorias”, clasificada como reservada, que orienta al personal para realizar entrevistas iniciales sin revictimizar a las personas involucradas. El protocolo prevé, además, la capacitación de los agentes en diversas áreas —superficie, aéreo, sanitario, comunicaciones— y el desarrollo de perfilamientos específicos tanto de flotas como de empresas armadoras sospechadas de prácticas abusivas.
“La vulnerabilidad de las tripulaciones es elevada: muchas veces han sido reclutadas mediante engaños, enfrentan barreras idiomáticas y pasan largos periodos en alta mar, fuera del alcance de cualquier control jurisdiccional”, advierte el documento.
En caso de detectar una situación compatible con el delito de trata, los efectivos deberán brindar asistencia primaria inmediata y dar intervención a la Justicia Federal, activando el protocolo interinstitucional correspondiente.
