Una fecha establecida por el Comité de Pesca de la FAO para recordar la entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante orientado a combatir esta actividad. La proclamación oficial fue realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, como parte de su resolución anual sobre pesca sostenible.
En un planeta donde el pescado es esencial para la seguridad alimentaria y el sustento de millones de personas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una de las mayores amenazas para la salud de los océanos. Esta práctica se realiza tanto en aguas internacionales como bajo jurisdicción nacional, y afecta profundamente a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, a las comunidades costeras, al medio ambiente y a los consumidores.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se pierden entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado como resultado de la pesca INDNR, lo que genera un impacto económico negativo de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares. Se calcula que uno de cada cinco peces que llega a nuestras mesas fue capturado de manera ilegal o irregular.
Para contrarrestar esta amenaza, la FAO ha promovido diversas iniciativas, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable (1995), que establece principios para el uso sostenible de los recursos acuáticos, y el mencionado Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (2009), que busca impedir que buques ilegales puedan desembarcar sus capturas en puertos seguros.
La lucha contra la pesca INDNR no solo depende de los Estados y organismos internacionales. Como consumidores, tenemos un rol central al exigir trazabilidad en los productos del mar y apoyar prácticas responsables. Elegir pescado de origen legal y sostenible es una forma concreta de contribuir a la protección de los océanos y al futuro de quienes viven de ellos.
Este 5 de junio, la conmemoración internacional invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los controles, promover la cooperación global y construir una conciencia colectiva que permita erradicar esta práctica que pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria de millones de personas.
