La complejidad del tema estira una definición. Después de tres maratónicas reuniones entre funcionarios, representantes de armadores y de astilleros no hubo un consenso pleno en torno a las características que debería tener el marco legal para estimular la renovación de la flota pesquera.
Como muestra, el encuentro organizado ayer por el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, en el Inidep finalizó con algunos asistentes menos que no firmaron el acta; incluso se alzan voces discrepantes en el interior de las propias cámaras empresarias.
Sin embargo, la negociación parece cerrada. Consultadas por Pescare.com.ar, fuentes de la Subsecretaría aseguraron: “Prácticamente estamos en un noventa por ciento de consenso, que es muy alto. El resto será la política a fijar por el Ejecutivo”, señalaron.
La idea expresada por el presidente, Mauricio Macri, es que la iniciativa tome forma de Decreto de Necesidad y Urgencia antes de marzo. En ese sentido, desde el Gobierno enviarían a las empresas entre jueves y viernes un proyecto de DNU con las líneas generales.
Los tiempos para ir modernizando la flota están relativamente definidos: en el plazo máximo de 20 años los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años para ser despachados a la pesca. El tránsito debería estar acompañado de líneas financieras que por ahora no abundan.
Estratos de flota
En relación a los buques menores a 35 metros de eslora, asoma la posibilidad de que se inhabilite la importación de usados; mientras que para los barcos nuevos de ese estrato se mantendría un arancel de ingreso al país del 14 por ciento. Además, habría incentivos en términos de capturas para quienes construyan buques de hasta 25 metros en astilleros nacionales.
En tanto, para los buques de 35 a 48 metros de eslora se establecería un arancel de importación del 7 por ciento para los nuevos y del 14 por ciento para los usados, los que no podrán tener una antigüedad mayor a 20 años.
Dentro de este rango, además, para la importación del usado se debería contar con un certificado de Prefectura que acredite la colocación de la quilla en astillero nacional (sistema denominado 1×1) con un plazo de obra no mayor a dos años. Sin embargo, desde la industria naval buscan ajustar aspectos que hacen a estos metrajes y condiciones.
Por su parte, para la eslora superior a los 48 metros se plantearía un arancel 0 para buques nuevos y del 7 por ciento para usados, siempre con una antigüedad inferior a los 20 años. En estos casos, no correría la obligatoriedad de equiparar con una construcción en la Argentina.
Por último, se observarían casos de fuerza mayor para autorizar la importación de buques usados; una zona aún gris cuya reglamentación correrá por cuenta del Ejecutivo.
