Eran otros tiempos cuando los máximos referentes de la CAFACh acompañaron al gobernador en un encuentro realizado en la residencia del embajador de la Unión Europa, Amador Sánchez Rico; o cuando el mismo gobernador en la popa del buque pesquero Siempre María Elena, propiedad de Gustavo González, compartían necesidades comunes.
Los intereses cambian más rápido que los vientos patagónicos; hoy, enfrentado con el sector salen a luz duras expresiones; que sin dudas, mañana quedaran en el olvido. Así el entramado público-político y privado comparten un transitar ambiguo y complejo, enredado por estos días. En el éxodo; el dinero y el poder divide aguas, como Moises al Mar Rojo.
En un escenario de fricciones sostenidas con un sector del empresariado pesquero de la flota amarilla, el gobernador Ignacio Torres eligió elevar la discusión a un plano de poder y reglas. Desde Puerto Madryn, no sólo ratificó que la Provincia conducirá la política pesquera, sino que vinculó la escalada de tensión con un hecho político concreto, la ruptura del bloque oficialista en la Legislatura, un movimiento que el Gobierno lee como síntoma de un reordenamiento de lealtades y presiones.
La grieta se confirmó este miércoles, cuando el diputado Sergio González se escindió del bloque oficialista. El dato no pasó inadvertido en el Ejecutivo por un vínculo familiar directo con el sector empresario, al ser hermano del presidente de la CAFACh, Gustavo Gonzalez. Para la administración provincial, la salida cristaliza un deterioro en el diálogo con parte de la pesca chubutense y expone, sin disimulo, la disputa por quién fija las condiciones de operación sobre recursos estratégicos.
En ese marco, Torres delineó un principio rector que busca cerrar cualquier margen de negociación bajo amenaza. Los recursos pertenecen a la Provincia y los permisos tienen carácter precario, –algo reiteradamente informado por este medio desde hace muchos años-, insistió, al tiempo que reforzó que la política pesquera se define y se administra desde Chubut. Su mensaje fue deliberadamente pedagógico, si el Estado resigna potestades de control, pierde la capacidad de ordenar la actividad y queda a merced de bloqueos económicos que paralizan la producción.
El gobernador apuntó a la gestión anterior como antecedente que, según su lectura, debilitó el andamiaje institucional. Mencionó que durante el gobierno de Mariano Arcioni se cedieron facultades de fiscalización y control en la etapa final del mandato, lo que habría dejado a la Provincia expuesta a un mecanismo de presión; actualizar un canon y enfrentar un lockout empresario que detiene la salida a pescar. La consecuencia, subrayó, es política y material a la vez, el Estado pierde poder efectivo y la economía regional queda rehén de decisiones privadas.
Torres también cuidó de separar el incentivo productivo del relato moral que, a su juicio, algunos intentan instalar. Dijo querer más inversión y empleo. En un tramo que buscó marcar estilo propio frente a sus antecesores, afirmó que no aceptará condicionamientos de ningún actor, por poderoso que sea, y cerró con una frase de alto voltaje simbólico; “los dueños de la provincia” son los chubutenses.
La crisis legislativa quedó integrada al mismo cuadro. Consultado por la salida de dos diputados del bloque, Torres explicó que habló con Gustavo Menna y que el desacuerdo se originó en proyectos que el Ejecutivo pretendía impulsar en sesiones extraordinarias. Ante la falta de respaldo, consideró “sano” que quienes no acompañen esa agenda se reubiquen en otro espacio. El mensaje implícito fue nítido: el oficialismo no tolerará ambigüedades cuando la discusión toque intereses económicos sensibles.
En el tramo más confrontativo, el gobernador trazó una línea moral y de seguridad institucional. Advirtió que hay quienes creen que el dinero compra todo, desde voluntades hasta jueces, y prometió que, cuando se debatan las leyes en cuestión, quedará expuesto quién actúa en defensa del interés general y quién opera desde la intimidación. En su propia formulación, la disputa se definirá entre “mafiosos” y “chubutenses de bien”, una dicotomía que busca fijar el terreno de la discusión antes de que llegue al recinto.
La gravedad de acusaciones, podría devenir en mal desempeño de funcionario público en caso de no formalizarse en denuncia cada una de las acusaciones, ya que bajo los atributos de funcionario público siendo gobernador de la provincia, si existió la intención de comprar voluntades e incluso a jueces, debiese ser considerando suficiente para justificar la apertura de un expediente en la justicia.
Como paso inmediato, anunció que se convocará a las autoridades de la flota amarilla a la Legislatura. Allí volvió a delimitar roles y representación, los diputados representan un espacio político, no un sector empresarial, sostuvo, y remató con una consigna que funciona como ultimátum institucional. Quien quiera alinearse con los intereses de la flota amarilla, dijo, que lo haga abiertamente; quien quiera integrar el bloque de gobierno, que asuma la disciplina política que supone acompañar la conducción provincial.
El debate queda expuesto en una frontera delicada entre lo público y lo privado, una zona históricamente ambigua en Chubut por la gravitación de ciertos entramados empresariales en la vida política de funcionarios de turno. En el discurso, ambas esferas pretenden mantenerse paralelas, sin cruce posible, al mejor estilo euclidiano. Pero en la práctica, la política opera con una lógica más cercana a la geometría proyectiva, cuando se extiende la mirada hacia los incentivos, los vínculos y el poder real, las paralelas terminan encontrando su punto de contacto en el “infinito” de los intereses.
