La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) confirmó un cese total de actividades por 48 horas y responsabilizó a la Prefectura Naval Argentina por eventuales situaciones de riesgo derivadas de la operatoria de buques durante la medida de fuerza.
El comunicado, fechado el 18 de febrero en Buenos Aires y dirigido al Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez, informa que la Federación resolvió un paro total desde las 00:00 del miércoles 18 hasta las 24:00 del jueves 19 de febrero.
Según detalla la nota firmada por el secretario general Raúl Durdos y el secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral, Mariano Moreno, la medida fue comunicada con antelación a armadores, cámaras empresarias, tripulantes, fletadores y autoridades portuarias y marítimas.
En el texto, la Federación expresa su sorpresa por una nota emitida por la Prefectura de Zona Río de la Plata el 17 de febrero, dirigida a la Cámara de Actividades de Remolcadores, en la que —según sostienen— se enuncian normativas que “pretenden inferir que la medida de fuerza es ilegítima, cuando no ilegal”.
Asimismo, señalan que dicha comunicación no haría referencia a ningún pedido formal de la Cámara y que tampoco estaría firmada por la máxima autoridad de esa Prefectura de Zona.
FESIMAF remarcó que el derecho de huelga se encuentra consagrado en la Constitución Nacional y que la medida fue anunciada con la debida antelación para que se adopten los recaudos necesarios en materia de seguridad de la navegación y protección ambiental.
El comunicado también menciona el caso del buque de pasajeros Costa Diadema (IMO 9636888), de bandera italiana. La Federación sostiene que, pese a que existía conocimiento explícito de la medida de fuerza, se permitió el ingreso a una zona donde, sin el apoyo de remolcadores, podría generarse una situación de emergencia.
En ese sentido, FESIMAF afirma que el buque no se encontraba en emergencia declarada y que su asistencia con remolcadores durante el paro implicaría, a su entender, un intento de vulnerar el derecho de huelga.
“Somos profesionales del mar y río, ampliamente conocedores de nuestras responsabilidades profesionales y legales”, señala el texto, al tiempo que advierte que intervendrán ante contingencias reales vinculadas a la seguridad de la vida humana en el mar y los bienes, pero no ante situaciones que —según expresan— busquen quebrar la medida de fuerza.
La Federación concluye responsabilizando a la Prefectura Naval Argentina poreventuales riesgos derivados de permitir la operatoria de buques en un contexto de paro, y reafirma que ejercerá sus derechos sin permitir “maniobras ocultas” que, según denuncian, pretendan vulnerar la huelga en curso.
Consultada una alta fuente de PNA, nos indicó con atino que» » existen atenuantes, es un buque restringido por su eslora, calado y desplazamiento, en canal de ingreso (306 metros de eslora y 19.6 de manga con 19 cubiertas); por otro lado la autorización ya estaba otorgada antes de decretarse el cese de actividades por parte de la federación de gremios y por último, como Autoridad Marítima y en pleno ejercicio de su función en base a preservar la integridad física de cada navegante como así la unidad marítima que los transporta ; un buque que no tiene la capacidad autónoma de girar por su calado y volver a zona de fondeo con más de 133.000 toneladas de desplazamiento, sin dudas el mal menor era que ingrese a puerto como estaba previsto siendo considerado una actividad esencial, por sus dimensiones y las implicancias en caso contrario.»
El conflicto abre un nuevo capítulo entre la conducción sindical y las autoridades marítimas, en un escenario donde la seguridad operativa siempre estará por encima del ejercicio del derecho constitucional de huelga.
