La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional continúa acumulando cuestionamientos en el frente gremial. Tras la presentación judicial del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), ahora el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) confirmó que también acudió a la Justicia para frenar la aplicación de la reciente Ley de Modernización Laboral Nro.27.802.
El gremio informó que, por orden de su secretario general Raúl Durdos, presentó un amparo que ya tramita en el fuero laboral con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de la norma. La acción busca suspender la aplicación de aquellos artículos que, según el sindicato, afectan derechos colectivos e individuales de los trabajadores marítimos.
La presentación del SOMU amplía el frente sindical que cuestiona la reforma laboral en la Justicia. Con esta decisión, el gremio se suma a otras organizaciones que ya impulsaron acciones legales contra la norma.
El movimiento se da en un contexto de creciente conflictividad, donde distintos gremios del sector marítimo advierten sobre el impacto de la normativa en el régimen laboral a bordo, la negociación de convenios colectivos de trabajo y el derecho a huelga.
En su presentación, el SOMU sostiene que la ley introduce restricciones que resultan incompatibles con garantías constitucionales y convenios internacionales. Entre los principales cuestionamientos, el sindicato apunta a las limitaciones al derecho de huelga, las restricciones a las medidas de acción directa y los cambios en el esquema de negociación colectiva.
Según el gremio, la norma “deroga derechos colectivos e individuales de manera inconstitucional”, en contraposición con lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 75 inciso 22 y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el Convenio 87 sobre libertad sindical.
Asimismo, advierte que la reforma promueve la negociación por empresa e incluso acuerdos individuales en aspectos sensibles como vacaciones, banco de horas o esquemas salariales, lo que —según su postura— debilita la representación colectiva.
Otro de los puntos señalados es la afectación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, al considerar que la norma “desampara a los sindicatos y a sus representados” y vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales.
Además del planteo de fondo, el SOMU solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados hasta que la Justicia resuelva sobre la constitucionalidad de la norma.
El sindicato argumenta que la vigencia de estos cambios podría generar perjuicios inmediatos en las condiciones laborales y en el funcionamiento de las organizaciones sindicales, por lo que reclama una intervención urgente del Poder Judicial.
La presentación del SOMU se suma al amparo ya impulsado por el SIMAPE y a otras acciones promovidas por sectores sindicales, en un escenario donde la reforma laboral comienza a trasladarse con fuerza al ámbito judicial.
Con distintos gremios marítimos alineándose en el cuestionamiento, la disputa por la Ley 27.802 abre una nueva etapa marcada por litigios que podrían definir el alcance real de la norma en actividades específicas como la pesca y el transporte marítimo.
