El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) present贸 un informe que reitera un viejo diagn贸stico con renovada contundencia: contratar un trabajador formal en el pa铆s implica un costo adicional cercano al 79% del salario, muy por encima de los niveles de Brasil (63%) o Chile (58%).
Detr谩s de esa cifra se esconde una estructura r铆gida y obsoleta de contribuciones patronales, indemnizaciones y cargas sociales que desalienta la creaci贸n de empleo registrado y empuja a casi la mitad de la fuerza laboral hacia la informalidad.
Los tres ejes de lo que dej贸 IDEA esta 煤ltima semana delinearon en torno a costos excesivos, litigiosidad persistente e informalidad estructural dejando en el ambiente empresario un panorama cr铆tico que afecta por igual a la industria, los servicios y sectores productivos claves como el exportador, por ende el pesquero.
La persistencia de ese esquema 鈥攕eg煤n IDEA鈥 no solo erosiona la competitividad, sino que socava la base previsional; 鈥se necesitan las contribuciones de 27 monotributistas para igualar los aportes de un solo trabajador formal鈥,expres贸 el economista Santiago Bulat, en una explicativa y clara exposici贸n. Un desequilibrio que vuelve insostenible cualquier intento de modernizaci贸n si no se aborda de ra铆z el sistema contributivo.
La litigiosidad como trampa paralela
A los costos se suma lo que el empresariado denomina 鈥la industria del juicio鈥, una din谩mica que se mantiene incluso despu茅s de la eliminaci贸n de las multas por despido a trav茅s de la Ley Bases.
El informe de IDEA advierte que la discrecionalidad judicial en la actualizaci贸n de los cr茅ditos laborales genera una incertidumbre que puede elevar los montos finales hasta un 80% por encima del ajuste inflacionario.
Durante el 煤ltimo a帽o se iniciaron m谩s de 122.000 nuevos juicios laborales, una cifra que sigue en ascenso y que desincentiva tanto la contrataci贸n como la inversi贸n en nuevos proyectos.
Sturzenegger: la libertad que no se ejerce
En ese mismo escenario, el ministro de Desregulaci贸n y Transformaci贸n del Estado, Federico Sturzenegger, endureci贸 su discurso ante los empresarios.
鈥El Gobierno les dio libertad para redise帽ar los contratos laborales, pero nadie hizo nada鈥, lanz贸 ante un auditorio de mil ejecutivos en el hotel Sheraton de Mar del Plata.
El funcionario record贸 que la administraci贸n nacional hab铆a delegado en cada sector la posibilidad de definir, en sus convenios colectivos, mecanismos alternativos de cese laboral al modelo tradicional de indemnizaci贸n. Sin embargo, no hubo avances significativos; mientras en el break coffe, varios ejecutivos deslindaron responsabilidad haciendo hincapi茅 en el poder de los sindicatos, variable que el economista no tuvo en cuenta en su exposici贸n.
La r茅plica desde IDEA no tard贸 en llegar: la implementaci贸n de un fondo de cese requiere acuerdos expl铆citos dentro de cada convenio y, adem谩s, representa un costo fijo mensual adicional para las peque帽as empresas.
El intercambio expuso la distancia entre el ideal de desregulaci贸n y la realidad sectorial: la mayor铆a de las c谩maras empresarias no tiene el margen econ贸mico para absorber nuevos compromisos.
Sturzenegger tambi茅n apunt贸 contra lo que denomin贸 鈥impuestos privados ilegales鈥; aportes compulsivos incluidos en los convenios colectivos bajo la forma de fondos de capacitaci贸n, mutuales o servicios sindicales.
Seg煤n su diagn贸stico, esos 鈥減eajes鈥 encarecen el costo laboral y terminan reduciendo el salario neto del trabajador. En algunos gremios, dijo, el costo anual por empleado supera el mill贸n de pesos, una carga que finalmente traslada sus efectos a los precios al consumidor o a la marginada rentabilidad empresaria.
El ministro defendi贸 el Decreto 149/25, que proh铆be los aportes obligatorios desde el lado empleador, y argument贸 que la capacitaci贸n debe ser voluntaria.
Desde el empresariado, en cambio, se reclama previsibilidad jur铆dica y una estructura fiscal m谩s racional antes de introducir nuevas exigencias.
Productividad en ca铆da y brecha educativa
Las exposiciones en el segmento laboral hizo referencia a un ambiente que gener贸 el entorno ideal para impulsar la crisis de productividad que ya lleva m谩s de una d茅cada. Desde 2011, la productividad laboral argentina cay贸 un 14%, mientras que a nivel global creci贸 un 18%. Es decir, para las empresas se increment贸 el costo laboral sin tener mayor productividad a cambio, es decir, se incrementaron los derechos pero no las obligaciones.
A ello se suma un deterioro sostenido de la educaci贸n t茅cnica y profesional: el 68% de las empresas declara tener dificultades para incorporar personal calificado. La brecha entre lo que el sistema educativo forma y lo que el mercado demanda se ampl铆a, afectando sectores estrat茅gicos, entre ellos la industria pesquera, donde la calificaci贸n t茅cnica y la adaptabilidad a nuevas tecnolog铆as resultan determinantes para sostener la competitividad exportadora.
Entre la par谩lisis y la oportunidad
En el tramo final del Coloquio, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intent贸 tender un puente. Asegur贸 que la modernizaci贸n laboral ser谩 鈥渋ntegral y dialogada鈥, pero advirti贸 que no habr谩 sustentabilidad sin empresas s贸lidas.
Entre las alternativas en an谩lisis, propuso incorporar criterios objetivos de productividad en las negociaciones paritarias, un cambio de enfoque que podr铆a vincular las remuneraciones con el desempe帽o real, sin desproteger derechos adquiridos.
El debate dej贸 al desnudo una paradoja: todos coinciden en el diagn贸stico, pero nadie se atreve a ejecutar el tratamiento, algo que cada argentino cr铆tico conoce a diario, pero que al momento de dar soluciones, los participantes no aparecen.
La Argentina necesita una estructura laboral que combine flexibilidad, previsibilidad y formaci贸n, pero persiste atada a esquemas que desincentivan el empleo y castigan la eficiencia.
En sectores exportadores como el pesquero, donde cada d贸lar depende de la productividad y los costos log铆sticos, la reforma laboral no es una opci贸n ideol贸gica, sino una condici贸n de supervivencia.
Mientras tanto, las 鈥減iedras en el camino鈥 鈥攃omo las defini贸 Sturzenegger鈥 siguen ah铆, acumul谩ndose entre leyes, juicios y costos que conspiran contra la competitividad del pa铆s.
