El Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) denunció graves incumplimientos laborales tras el retorno de Red Chamber Argentina al control de los bienes productivos de la ex Alpesca.
El gremio solicitó al Gobierno provincial la entrega inmediata de toda la documentación administrativa y judicial y exigió que se garantice la reincorporación plena del personal.
El conflicto en torno a la ex Alpesca volvió a tensarse luego de que, la Provincia de Chubut autorizara a Red Chamber Argentina S.A. (RCA) a retomar el manejo operativo de la planta y los activos pesqueros.
Sin embargo, el retorno de la empresa no vino acompañado de la regularización de su personal histórico. Por el contrario, según denunció el STIA, más del 60% de los trabajadores que integraban la planta estable no fueron convocados, pese a contar con décadas de antigüedad en relación de dependencia. A ello se suma que parte del personal fue registrado bajo modalidades eventuales, contradiciendo el marco legal vigente y también lo informado por el propio Ejecutivo en el extenso informe de 107 páginas remitido días atrás a la Legislatura.
Para el sindicato, las acciones de Red Chamber implican un apartamiento grave de la Ley I N° 527, normativa que en su momento declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el complejo pesquero de Alpesca con el objetivo central de proteger los puestos de trabajo que habían quedado en riesgo. Aquella ley, elaborada tras años de intervención sindical y marítima, garantizó la estabilidad laboral, la antigüedad acumulada y las condiciones históricas del personal.
Hoy, advierte el STIA, la empresa intenta desconocer ese marco jurídico, otorgando altas como “eventuales” a empleados con más de 16 años de antigüedad y dejando sin convocatoria a la mayoría del plantel. Cada uno de estos casos fue denunciado mediante telegramas laborales, con patrocinio legal especializado.
Además de cuestionar las conductas empresarias, el sindicato apuntó directamente contra el Estado provincial: “La Provincia firmó un contrato que la obliga a controlar y exigir su cumplimiento. Sin embargo, permite que la empresa no se presente a audiencias, omita convocar al personal y registre operarios de manera irregular”, señalaron.
Entre los interrogantes planteados aparece uno adicional: pese a que posee cinco permisos de la flota amarilla, Red Chamber no nominó las dos embarcaciones que tiene autorización para activar, un incumplimiento que —según alertó el STIA— genera perjuicios para la marinería, las plantas en tierra y toda la cadena de valor local.
En paralelo al reclamo laboral, el STIA presentó una solicitud formal para que la Provincia entregue toda la documentación administrativa y judicial vinculada a los acuerdos celebrados con Red Chamber, en el marco de la Ley I-156 de acceso a la información pública.
El sindicato subrayó que su interés y legitimación “resultan manifiestos”, dado que ha sido actor directo en todos los procesos administrativos y judiciales que derivaron en la expropiación y en la preservación de los puestos de trabajo.
La falta de convocatoria y el deterioro de las condiciones laborales mantuvo al STIA en estado de alerta permanente. En la mañana de este miércoles, un grupo de que aún no fueron llamados se manifestó frente a la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo en Puerto Madryn acompañados por el sindicato, reclamando respuestas concretas y el respeto pleno de sus derechos.
El secretario general del STIA, Luis Núñez, y el secretario gremial, José Luis Díaz, firmaron la presentación oficial ante el Gobierno. Ambos dirigieron un mensaje directo:
“No vamos a permitir que se desconozcan 30 o más años de historia laboral, ni que se fragüen maniobras para precarizar a quienes sostuvieron el trabajo en los peores momentos. Volveremos a estar en la calle todas las veces que haga falta”.
Para el sindicato, la situación actual “pone en jaque la paz social” y requiere que el Estado provincial actúe con firmeza, exigiendo el inmediato cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de Red Chamber.
Mientras tanto, la incertidumbre atraviesa a cientos de familias que esperan definiciones claras. La crisis en torno a la ex Alpesca vuelve a demostrar que, cuando los controles fallan, las consecuencias recaen siempre sobre los mismos: los trabajadores.
