El informe borrador del proceso de certificación MSC para la pesquería de langostino en aguas nacionales quedó habilitado para recibir observaciones durante un período mínimo de treinta días. Esta instancia es la más delicada del procedimiento, ya que permite revisar públicamente la base técnica sobre la que se sostiene la recomendación preliminar de certificar la pesquería.
La auditoría, a cargo de la Organización Internacional Agropecuaria (OIA), evalúa la actividad industrial de arrastre de fondo desarrollada por buques fresqueros y congeladores mayores a 21 metros de eslora, dedicados exclusivamente a la captura de langostino.
Esta flota opera de manera predominante dentro de la Zona de Veda Permanente para la Protección de Juveniles de Merluza (ZVPJM), entre los paralelos 42° y 48° Sur y hasta el meridiano 60° Oeste, una zona clave que concentra más del 65% de los desembarques nacionales del recurso. Su administración se sostiene en un esquema de monitoreo científico permanente del INIDEP, que habilita o cierra sectores según indicadores biológicos como presencia de juveniles y dinámica reproductiva.
El documento destaca que la pesquería viene trabajando bajo un Proyecto de Mejora Pesquera desde 2016, lo que permitió consolidar avances en recopilación de datos, control operativo y seguimiento del stock. Para esta evaluación se revisaron antecedentes regulatorios, información de campañas científicas, registros de observadores a bordo y datos satelitales de posicionamiento. Ningún indicador obtuvo puntajes inferiores al umbral mínimo y, por lo tanto, la pesquería supera la primera barrera técnica del estándar MSC.
También se reconoce un marco legal sólido, con roles claramente definidos para el Consejo Federal Pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el INIDEP. La auditoría resalta que todos los buques evaluados cuentan con sistemas de seguimiento satelital y observadores científicos, una fuente directa de información sobre capturas, interacción con merluza y fauna acompañante.
Las campañas de investigación del INIDEP, realizadas tres veces al año, siguen aportando datos esenciales para estimar biomasa, abundancia y estructura poblacional. Además, se confirma que la flota cumple con los requisitos laborales exigidos por el estándar y no registra antecedentes recientes de prácticas prohibidas.
Debilidades detectadas
Pese a estos avances, el borrador identifica aspectos que deberán mejorarse durante la vigencia del certificado. Entre ellos se señalan vacíos en la identificación taxonómica de organismos bentónicos capturados incidentalmente, la necesidad de actualizar información sobre fauna acompañante y la falta de indicadores que permitan evaluar la recuperación ecosistémica en zonas de arrastre.
También se requieren más datos recientes sobre interacciones con aves marinas y mamíferos, y una definición más explícita de los objetivos del sistema de manejo para alinearlos directamente con los principios del estándar MSC. Sobre esta base, se formularon seis condiciones obligatorias que la flota deberá cumplir dentro de los plazos establecidos.
La Unidad de Certificación incluye una numerosa flota tangonera perteneciente a empresas como Achernar, Arbumasa, Argenova, Conarpesa, Iberconsa, Estrella Patagónica, Pesquera Santa Cruz, Veraz, Moscuzza, Cabo Vírgenes, Red Chamber y el Grupo San Isidro, entre muchas otras.
Qué se revisará en la etapa de consulta pública
La visita de auditoría se llevó a cabo entre el 24 y el 28 de marzo de 2025 con entrevistas a empresas, investigadores, organismos de aplicación y referentes ambientales. No se presentaron objeciones formales y parte de la información complementaria se entregó dentro del plazo establecido. El borrador ahora disponible para consulta pública recoge, además, las observaciones de los revisores técnicos externos.
Una vez cerrado el período de consulta pública, OIA elaborará el Informe Borrador Final, que consolidará todas las observaciones y determinará si la pesquería queda en condiciones de recibir el certificado MSC.
La industria tendrá entonces la última oportunidad para revisar las condiciones, ajustar planes de acción y asegurar que la pesquería continúe avanzando hacia estándares de sostenibilidad internacional.
