La analogía con la frase que trascendió las fronteras argentinas, bien vale para ser aplicada a la pretendida deuda que intenta cobrar el gobierno de la provincia del Chubut, ya que sostiene que las empresas armadoras que descargaron langostino en puertos chubutenses –a excepción de Comodoro Rivadavia- deben varios millones de pesos.
Por un lado, el último 1 de septiembre, la Legislatura de Chubut derogó la Ley Provincial conocida como FAP (Fondo Ambiental Patagónico), pero a su vez, y por estimaciones del ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Ricardo Jure, las empresas armadoras adeudan más de 1.100 millones de pesos.
Nada fácil, -y hasta tedioso sería para los lectores- enumerar todas las cifras que se divulgaron.
Mil millones, pero con una quita del 50%. La cuenta no es muy difícil. En otro momento eran $ 700 millones. En otra ocasión “apenas” 500 millones. Mil millones pero los trabajadores no pagan su parte. O sea, estaríamos hablando de 500 millones, aunque rápidamente se volvieron a los 1.000 millones en otras declaraciones, aunque “algo más decía la carta”.
Puntualmente alguien pagará por la descarga de cada cajón de langostino realizada en casi todos los puertos chubutenses de acuerdo a la ya derogada Ley.
“Vamos a ver si se va a pagar eso, primero pasaremos por los tribunales con seguridad, se abusan, y si no, que muestren los papeles. Acá nadie le escapa al pago, pero no de esa manera. Te dicen la cifra y cómo tenés que pagarlo, ponen la cantidad de cuotas, los importes, ellos hacen todo. Esto no es el Banco de la Nación como me decía mi vieja”, le cuenta a PESCARE un reconocido armador, sin dejar de lado su enojo dando pequeños golpes a la mesa que convoca a la charla, que hacen saltar la cucharita del café en el local gastronómico que lleva el nombre del reconocido pintor italiano, justamente…
El mismo Jure manifestó que “estamos terminando de cuantificar la deuda porque todavía nos siguen llegando los últimos certificados de carga de langostino hasta el momento en que se derogó la ley. Estimamos una deuda de 1.100 millones de pesos. Las empresas deben realizar los convenios de pago de acuerdo a la nueva ley. Los fondos se coparticipan entre municipios y provincia. El dinero ingresará directamente a Rentas Generales del Gobierno. Un 50% se distribuirá entre los municipios y la otra mitad se destinará a las arcas centrales. De ese porcentaje que recibe la provincia, un 20% se otorga a la Secretaría de Pesca y un 10% al Ministerio de Ambiente. Los convenios con las empresas se van a realizar hasta una quita de un 50%. Las pesqueras ya consultaron, y a ellas les estamos requiriendo la nota de adhesión a la ley para empezar a firmar los contratos individuales.”, le dijo el funcionario a nuestros colegas de “El Chubut”.
Más complicado imposible. Más lapidario y hasta rayano con lo autoritario también.
“Con el cuento de que una parte de esa plata va para un convenio que tienen los trabajadores de la secretaría de Pesca de Chubut, nos van a querer tirar a la gente encima”, continúa su cuasi monólogo nuestro conocido armador, permitiendo el comentario de uno de los habitúes al lugar que está sentado a una mesa contigua.
Lo único que parece claro es que los trabajadores que han participado en todo el circuito de pesca y descarga del langostino desde el año 2018 (cuando se sancionó el FAP), no pagarán lo que estarían adeudando. Las empresas sí.
Vale recordar que el Fondo Ambiental Pesquero, aplicable en los puertos de Camarones, Rawson y Puerto Madryn, a través de una autorización de la Fiscalía de Estado para su cobro, prácticamente no fue abonado.
El intrincado tema llegó a límites que las autoridades de Chubut no sospechaban: los armadores, prácticamente todos de Mar del Plata, decidieron no desembarcar más en los puertos chubutenses en los últimos días, hasta tanto no se resuelva el conflicto, aún a cuenta de los gastos que le produjeron y le producen el regresar a su puerto de asiento para realizar las descargas.
Ahora bien, quienes quieran adherirse a la nueva Ley (que no pudo ser tratada el martes pasado en la legislatura chubutense) deberán adherir a la modalidad de pago, renunciando expresamente a todo reclamo o acción judicial o administrativa tanto de la actualidad como a futuro, que pueda tener igual objeto al del convenio o a las consecuencias de su implementación.
“Tendrán que trabajar más nuestros abogados. Acá no hay que amenazar, acá hay que actuar sobre firme. Lograron la fórmula para que todos nos perjudiquemos. Nosotros que arriesgamos el capital, que invertimos, los trabajadores del sur que tuvieron menos trabajo, el movimiento que les mermó de una forma increíble en todo sentido. Peor no pueden hacer las cosas”, cierra nuestro interlocutor ya muy ofuscado, a punto tal que olvidó pagar su consumición.
La propuesta de parte del gobierno de Arcioni es: para la cancelación de la deuda un sistema de pago con un anticipo a cuenta de la deuda del 40%, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a contar desde el día inmediato posterior a la promulgación de la presente Ley, previa celebración del convenio de pago.
El saldo restante podrá ser cancelado en un máximo de cinco cuotas mensuales y consecutivas, a pagar entre noviembre del presente año y marzo del año entrante.
Si luego de 60 días el pago de las cuotas indicadas no fueran canceladas, la acción hará caer el acuerdo, implicando la obligación por parte de las autoridades de aplicación de la percepción de la totalidad de lo adeudado, conforme la deuda determinada de capital e intereses y que sirviera de base para el cálculo del convenio.
Queda mucho por analizar, pero sobre todo mucho por aclarar y debatir.