La expansión de especies exóticas invasoras fuerza a los Estados a intervenir con criterios de eficacia, proporcionalidad y control institucional. Sin embargo, el modo en que se materializa la intervención determina no solo el resultado ecológico inmediato, sino también sus efectos secundarios sobre la economía regional, la salud pública y la aceptación social. En ese contraste, Argentina y los Estados Unidos ofrecen hoy dos modelos nítidos, reconversión productiva regulada como herramienta de mitigación versus contención drástica por choque y remoción intensiva para bloquear rutas de dispersión.
En Argentina, el caso emblemático reciente se vincula a la ostra del Pacífico (Magallana gigas, antes Crassostrea gigas), una especie asiática introducida de manera ilegal en la década de 1980 en Bahía San Blas y posteriormente expandida por la costa sur bonaerense. Su sobrepoblación genera alteraciones en hábitats intermareales, competencia con fauna nativa, modificaciones en la estructura del sustrato y externalidades de uso público (por ejemplo, lesiones por valvas filosas en áreas recreativas).
Frente a ese cuadro, el dispositivo argentino no se planteó como una “erradicación por choque”, sino como un aprovechamiento ambientalmente dirigido: la extracción sistemática, bajo controles sanitarios y trazabilidad, se utiliza para reducir densidades y, sobre todo, disminuir el stock reproductivo que alimenta la expansión.
La singularidad del modelo argentino es el proyecto de valorización industrial que toma esa biomasa excedente y la convierte en un producto de alto valor agregado: la elaboración de la primera salsa de ostras argentina. La iniciativa, que ya presenta un avance del 90%, es liderada por equipos locales del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), PLAPIQUI e INBIOSUR, todos pertenecientes al CCT CONICET Bahía Blanca. y la empresa Cultivo Ostras SAS (Ostras de la Patagonia).
El proyecto se encuentra en etapa avanzada y enfoca su tramo final en validaciones técnicas y regulatorias previas a la habilitación industrial/piloto, lo que incluye estudios de composición nutricional, vida útil, parámetros de calidad e inocuidad.
En este esquema, la variable sanitaria es determinante y explica por qué el proyecto es, además, un modelo de “manejo fino” del territorio. La materia prima utilizada proviene exclusivamente de una zona certificada por SENASA como apta para consumo humano (Zona AR-BA, desde Los Pocitos hasta San Blas, partido de Patagones), lo que permite garantizar trazabilidad y seguridad alimentaria. En sentido inverso, no se utilizan ostras extraídas del estuario de Bahía Blanca, precisamente por no contar con habilitación sanitaria. Este detalle, lejos de ser administrativo, define la lógica ambiental: la mitigación se ejecuta con límites claros, sin desplazar riesgo sanitario ni abrir la puerta a capturas indiscriminadas. En términos prácticos, la intervención argentina convierte la industrialización en instrumento de control biológico indirecto: al escalar la demanda bajo regulación, se incrementa la presión extractiva sobre la especie invasora, reduciendo su capacidad de reproducción y expansión, al tiempo que se crea una cadena de valor formal, empleo local y sustitución de importaciones.
En los Estados Unidos, el escenario es distinto tanto por la geografía como por la biología del problema. Allí, el foco principal recae sobre el complejo conocido como “invasive carp” (carpa invasora o “carpa asiática”), un conjunto de ciprínidos que incluye, de forma destacada, la carpa plateada (silver carp), la cabezona (bighead carp), la herbívora (grass carp) y la negra (black carp). Introducidas en el país en el siglo XX, estas especies colonizaron sistemas fluviales conectados a la cuenca del Mississippi y, con el tiempo, se convirtieron en una amenaza estratégica por su potencial de alcanzar los Grandes Lagos, donde podrían reconfigurar redes tróficas, competir con peces nativos y afectar servicios ecosistémicos, economías recreativas y pesquerías.
A partir de allí, la respuesta estadounidense se construye bajo una premisa tácita, severa y de alcance total: cuando una invasión se interpreta como amenaza sistémica, la política pública deja de negociar con el fenómeno y pasa a “cerrar el paso” y “vaciar el stock”. En la práctica, esto se traduce en una guerra de contención permanente, con infraestructura activa las veinticuatro horas, orientada a impedir el avance biológico a cualquier costo operativo. El punto neurálgico es el Chicago Area Waterway System, donde se despliega un cerco eléctrico subacuático: campos energéticos en el agua que no buscan “convencer” al animal, sino negarle físicamente el corredor hacia el lago Michigan y, por extensión, hacia el sistema de los Grandes Lagos.
El rasgo que define el modelo no es la sofisticación tecnológica en sí misma, sino su lógica acumulativa: defensa en profundidad. Allí donde un método puede fallar por condiciones hidráulicas, navegación o eventos extremos, se apilan capas de disuasión y bloqueo: pantallas en compuertas, barreras acústicas, cortinas de burbujas y maniobras hidráulicas, integradas para reforzar “cuellos de botella” críticos como Brandon Road. La imagen es elocuente: no se administra un recurso; se administra un riesgo. Y cuando el riesgo es percibido como existencial para un ecosistema icónico, el sistema se diseña como una frontera.
En paralelo —y aquí se percibe con claridad la direccionalidad final del enfoque— se ejecuta reducción poblacional intensiva mediante capturas dirigidas y remociones masivas, complementadas por técnicas de electrofishing y concentración de cardúmenes para extracción. El objetivo funcional de esa extracción no es generar una cadena de valor “integradora”, sino bajar densidades, reducir biomasa disponible, disminuir capacidad reproductiva y recortar la probabilidad de recolonización. Dicho de otro modo: contener no alcanza si el reservorio crece, y por eso la contención se acompaña de una presión sostenida sobre el stock.
En síntesis, la comparación es inequívoca cuando se describen los instrumentos concretos. Argentina estructura un control que se apoya en aprovechamiento productivo regulado y máximo respeto por una especia incluso sin ser autóctona; industrializar bajo trazabilidad, restringir por zonas habilitadas, validar inocuidad y transformar un pasivo ecológico en activo económico, utilizando la presión extractiva como mitigación ambiental. Estados Unidos adopta un control de ingeniería y coerción ecológica, bloquear rutas de dispersión con barreras eléctricas y sistemas disuasivos, reforzar puntos estratégicos con infraestructura activa y complementar con remoción intensiva para reducir densidades. Una estrategia integra la especie al circuito formal para reducirla; la otra la enfrenta como una amenaza a ser neutralizada por bloqueo y extracción sistemática, priorizando la protección espacial de ecosistemas críticos hasta su exterminio.
Si se observa la resultante ambiental, ambos modelos pueden ser técnicamente consistentes, pero difieren en su huella, el enfoque argentino maximiza co-beneficios con límites sanitarios y ambientales estrictos; pero además del respeto por el recurso aunque no sea autóctono, hay de fondo un gran componente, que es la transformación de una especie en alimento; mientras que el estadounidense maximiza la eficacia de barrera y la reducción sostenida del stock, asumiendo la carga de operación, mantenimiento y escalamiento permanente que implican las soluciones ingenieriles. En la misma problemática, dos gramáticas de intervención: mitigar aprovechando, frente a contener y reducir hasta extinguir su presencia.
