En un giro táctico destinado a intervenir en el tramo decisivo del calendario parlamentario, la CGT resolvió un paro nacional de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina discuta la reforma laboral. La convocatoria, definida por el consejo directivo en una reunión virtual, se inscribe como la cuarta huelga general desde el inicio del gobierno de Javier Milei y apunta a un objetivo inmediato, impedir que el oficialismo convierta la sanción en un hecho político consumado dentro de la misma semana.
El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado y busca el tratamiento en el recinto a la brevedad, con una fecha probable que, según el pulso legislativo, quedaría concentrada hacia el jueves. En ese contexto, la decisión sindical se diseñó para maximizar impacto operativo, el paro se apoya en la adhesión de los gremios del transporte, un factor que suele determinar la potencia real de cualquier huelga, por su capacidad de inmovilizar flujos laborales en el área metropolitana y, por arrastre, en el interior.
La central también ordenó su propia escena interna. Aunque en semanas previas los principales referentes habían anticipado la posibilidad de un paro, la medida no encabezaba el listado de acciones inmediatas. Ahora, en cambio, el debate se cerró sin mayores resistencias en favor de la huelga, mientras se descartaban propuestas que incluían una movilización institucional bajo conducción cegetista. Esa renuncia a encabezar la calle no implica vacío en el espacio público, organizaciones sociales, sindicales y políticas mantienen la decisión de marchar al Congreso el día de la sesión.
El componente logístico explica buena parte del cálculo. La adhesión de la La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, y el compromiso de la Unión Tranviarios Automotor colocan la medida en otra escala, porque trenes y colectivos sostienen la circulación diaria de trabajadores hacia la ciudad. Aun así, dentro del propio esquema sindical se reconoce una zona de incertidumbre, el acatamiento efectivo de las líneas que responden a Roberto Fernández, un punto sensible por antecedentes recientes.
La discusión en la central no estuvo exenta de matices. En el intercambio interno hubo quienes impulsaron sumar una movilización explícita, pero esa alternativa quedó desactivada por los sectores mayoritarios de la conducción. En paralelo, el ala de perfil más combativo, vinculada a la UOM y a su armado del FreSU, sostuvo la necesidad de presencia frente al Congreso, bajo el argumento de que el impacto del proyecto y del modelo económico sobre la industria ya muestra señales de deterioro difíciles de absorber.
En el plano estrictamente parlamentario, el movimiento sindical busca incidir sobre el texto. La apuesta pasa por introducir modificaciones al articulado aprobado en el Senado de la Nación Argentina, con foco en el artículo 44, cuestionado por su esquema de afectación salarial ante licencias médicas no vinculadas a la tarea. El razonamiento es directo, si hay cambios, el proyecto vuelve a la cámara de origen, y ese retorno reconfigura tiempos, costos políticos y narrativa de triunfo.
Esa aritmética se cruza con la estrategia comunicacional del Ejecutivo. La intención presidencial sería llegar con la reforma sancionada a la apertura de sesiones ordinarias de marzo y presentarla como una pieza emblemática de gestión. Bajo ese paraguas, la promesa de corregir objeciones por vías posteriores, reglamentaciones, instrumentos de emergencia o normas complementarias, apareció en boca de la senadora Patricia Bullrich, aunque en el propio Congreso se señala que el tema de licencias médicas genera resistencias incluso en bloques aliados como el PRO.
La huelga, en suma, quedó diseñada como una herramienta de presión con dos carriles simultáneos, paralizar el país por vía del transporte y, a la vez, condicionar el trámite legislativo para forzar correcciones.
Gremios relevantes para la actividad pesquera anticiparon que podrían adherir a la medida. Sin embargo, en los segmentos ligados a la descarga y alistamiento en muelle, especialmente en la flota fresquera y por la naturaleza perecedera de la materia prima, es probable que la operatoria se vea restringida o sujeta a esquemas mínimos, más que plenamente paralizada.
En el trasfondo, la conducción sindical asume un doble desafío, medir el daño potencial de la reforma sobre el empleo y los ingresos, y administrar el impacto que el conflicto tendrá sobre su propia estructura, en un clima donde la disputa por el texto legal se superpone con la disputa por la representación en la calle.
