La industria pesquera argentina enfrenta un escenario complejo que combina incertidumbre, rentabilidad negativa y tensiones en las decisiones regulatorias. Mientras los empresarios del sector elevan sus reclamos, las propuestas concretas para resolver la crisis siguen en el aire, intensificando las preocupaciones.
Todas las cámaras empresarias han coincidido en enviar, -previo a la sesión de ayer y hoy segun la orden del día-, notas reclamando la redistribución de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza hubbsi como una medida imprescindible para evitar una judicialización y politización del conflicto. Según sostienen, esta redistribución es clave para equilibrar las cargas entre los diferentes actores del sector, en un contexto donde la actividad enfrenta presiones económicas crecientes y una caída alarmante de la rentabilidad.
En este marco, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF), junto con la Unión de Industrias Pesqueras Argentinas (UDIPA), llevaron su reclamo al extremo al presentar ejemplos detallados que evidencian la inviabilidad del negocio. Los análisis revelan que, con los precios actuales de la merluza, operar un barco fresquero resulta insostenible.
En la misiva, textualmente dice y remarca » Este sector no puede recibir más aumentos. Y esto no solo aplica para las pretensiones de aumentos de impuestos, sino también a las pretensiones de aumentos de salarios, a los proveedores de insumos, de servicios, etc.«.
Uno de los ejemplos más contundentes compara los costos operativos de un barco de 3 mil cajones en junio y noviembre de este año. En junio, con un precio por kilo de merluza de $700, las pérdidas semanales rondaban los $5 millones. Para noviembre, el precio había caído a $600 por kilo, mientras los costos indexados por inflación (en el mejor de los casos) o por recomposición seguían su tendencia desenfrenada alcista y en aumento, llevando las pérdidas a más de $20 millones por semana. Si a este panorama se le sumara la multiplicación de las Unidades de Pesca (UP) como extraoficialmente por fuera de toda Acta de Consejo Federal Pesquero se conoce, el impacto del Derecho Único de Extracción (DUE) entraría en territorio turbulento y las pérdidas ascenderían los $22 millones, según los cálculos presentados.
Desde estas cámaras destacan que es imperioso ante este desajuste que rompe el equilibrio operativo económico empresarial, comenzar a analizar la posibilidad de una segmentación acorde a las capacidades de los barcos, el tipo de especie que capturan y la estructura productiva de cada tipo de flota; para elaborar un esquema de aumentos diferenciado, que contemple la realidad de los sectores más afectados.
En medio de este panorama crítico, se supo que en las altas esferas gubernamentales gana fuerza la idea de postergar por un año más la redistribución del CITC de merluza hubbsi. Esta decisión, lejos de resolver el problema, deja a la industria en un mar de incertidumbre, generando inquietud tanto en los empresarios como en los trabajadores que dependen de la actividad.
La quita en la orden del día del aumento del DUE puede interpretarse como una señal de madurez por parte del Ejecutivo, que podría estar reconsiderando los costos reales antes de implementar cualquier modificación y aplicar con raciocinio la idea de primero distribuir para después cobrar, y jamás al revés como principio de todo negocio. Sin embargo, persiste el temor de que la propuesta oficial termine imponiéndose de forma abrupta, sin atender las particularidades de cada sector ni el mas acorde proceder.
Mientras tanto, la falta de medidas concretas para enfrentar la crisis de redistribución y posterior rentabilidad amenaza con agravar la situación.
El desenlace de estas tensiones será determinante para el futuro de una industria clave en la economía argentina, que enfrenta el desafío de equilibrar sostenibilidad económica y regulaciones justas.
