En el marco de la causa que investiga a una serie de irregularidades e inconsistencias en los estados contables de una pesquera marplatense, Saori S.A. por distintas presuntas infracciones a las leyes sobre contrabando agravado, impuesto a las ganancias y al régimen penal cambiario, la justicia argentina solicitó distintos exhortos (oficio que un juez o tribunal dirige a otro recabando auxilio para realizar una diligencia procesal fuera del ámbito de su jurisdicción), a Uruguay y Belice, para anexar información sobre operaciones comerciales, financieras y bancarias bajo la sospecha de triangulación y operaciones irregulares en la exportación de productos de mar de origen argentino.
En paralelo, AFIP, Aduana, Banco Central y Policía Federal analizan la información encontrada en los procedimientos.
La maniobra que investigan el fiscal Dr. Santiago Eyherabide y el juez Dr. Santiago Inchausti acusa a tres pesqueras de vender pescados y mariscos a muy bajo precio a sociedades propias radicadas en países como Uruguay y Belice para que, luego, esas compañías del exterior vendan los productos al precio real, en dólares.
En esta maniobra de subdeclaracion y triangulacion, a las arcas nacionales ingresan montos insignificantes como contraprestación de la exportación, mientras que en las sociedades abiertas ad hoc para estas maniobras en el exterior, se vende a valor real de mercado, quedando la diferencia en dolares papel, en el exterior, no llegando a nuestro país, además de derechos de exportación irrisoriamente menores a los que debiesen ser, por esta irregular y penalizada maniobra.
Se desprende del extenso expediente, que la mercadería consolidada en Mar del Plata, viaja directamente a destino, pero en la documentación, las empresas uruguayas, de Belice o incluso de paraísos fiscales donde la Ley protege a quienes están detras de la maniobra, figuran como compradores e intermediarios, ya que una vez llegada a destino, el pago de la misma se efectiviza directamente a estas intermediarias a valor real. De esta manera, el diferencial entre declaración en argentina e ingreso real a las sociedades intermediarias constituiría un delito de evasión fiscal y/o contrabando.
La diferencia sustancial con una intermediación regular operada por brokers o traders, recae en el diferencial de los montos entre el declarado y precio real de venta, habida cuenta que los mismos no se extralimitan más allá de un 3%; valor que ronda dentro de los cánones de una asesoría, expertise o manejo de potenciales clientes del exterior. La investigación, pudo demostrar que la diferencia ronda exactamente en el doble, entre el precio declarado a las autoridades de comercio en Argentina, y la documentación de venta de esos productos en paises de destino.
El expediente comenzó con tareas realizadas por la Aduana, al detectar precios muy menores a otras exportaciones de similares especies, mientras que la AFIP, intervino para investigar irregularidades tributarias. “Los dólares no entran a la Argentina y no se percibe la alícuota del impuesto a las ganancias. El dinero queda en el exterior”, manifestaron en agosto pasado, en medio de una investigación inicial que justificó más de 26 allanamientos en la ciudad, donde algunas otras empresas, que no han tomado difusión pública, se mantienen bajo la lupa de las entidades de contralor.
Este tipo de prácticas, -que a decir verdad es la justicia quien debe investigar no una editorial del sector- en algunas empresas pesqueras marplatenses fue/es frecuente, fundamentalmente en las de tercera línea, donde por diferentes razones de ineficiencia operativa, y financiera, la única manera de prosperar fue a través de operaciones irregulares al margen de la Ley. Así es como desde 1970 y antes, han desaparecido del sector numerosas cantidades de proyectos pesqueros/industriales, solo basta investigar y salta claramente la irregularidad, de toda índole, en una ciudad donde la semana pasada y la actual, se descargaron más de 150.000 cajones de merluza, ampliamente superada la capacidad procesadora industrial, por cuanto solo basta hacer una recorrida por la calle Juramento desde la calle 31 hasta la Avda. Mario Bravo para ver la cantidad de fileteros que en galpones y garajes sin ningún tipo de control (sanitario, bromatológico, fiscal, impositivo, laboral y tantos otros) procesan pescado con destino exportación.!. Lo sabe el país, pero los que tienen que ver, no lo ven ante la complicidad de gremios, y cuando desde alguna entidad se necesita justificar labores y/o algún procedimiento, sale a luz. La hipocresía no tiene límites.
