La edición 2025 de la feria internacional de productos del mar en Barcelona se perfila como un punto de partida en el complejo escenario que atraviesa la pesca del langostino argentino, tanto en aguas nacionales por fuera y dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM). El evento internacional, que comenzará en la primera semana de mayo, se anticipa como el espacio elegido por empresarios del sector para redefinir posiciones y buscar consensos ante un contexto atravesado por disputas salariales, presiones de mercado y una sostenida incertidumbre comercial donde la búsqueda de competitividad y rentabilidad es el objetivo para definir la política a llevar adelante en el inicio de operaciones de pesca para el segmento entero congelado a bordo de la flota marisquera mayor. Según algunas expresiones vertidas ayer por la mañana en un programa radial de Chubut, el propio presidente del grupo CONARPESA, Fernando Alvarez Castellano brindó esa información.
En ese marco, gana fuerza una propuesta que podría convertirse en eje de las negociaciones: la reducción del premio a la producción en un 30%. Esta alternativa, impulsada por sectores con fuerte representación empresarial, aparece como la opción más viable para aliviar los costos operativos, ante un mercado internacional retraído y un precio de venta que no logra recuperar niveles que permitan rentabilidad sostenida.
Otra línea de acción, que también empieza a cobrar cuerpo, apunta directamente al sinceramiento del valor de referencia para el langostino entero congelado a bordo. La última reunión paritaria habría sellado un acuerdo en torno a los 5.800 dólares por tonelada, aunque diversos actores coinciden en que esa cifra resulta artificial frente a la dinámica real del mercado internacional. Desde el sector gremial, se esgrime que eso es lo convenido en el Convenio Colectivo de Trabajo, está firmado, homologado y puesto en marcha, por lo que modificarlo representa un cambio en el CCT que no estarían dispuesto a ceder.
En tanto, persiste un conflicto latente entre las cámaras empresarias del sector congelador y los gremios, encabezados principalmente por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Las posibilidades de alcanzar un acuerdo se ven condicionadas por la falta de equilibrio entre los costos de explotación y el precio de exportación del langostino congelado a bordo. Sin ese punto de convergencia, cualquier acercamiento parece condenado a diluirse. Desde el gremio exigen balances con saldos negativos o la presentación oficial de documentación que avale lo solicitado.
Por su parte, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca mostró una posición aperturista: estaría dispuesto a discutir tanto la baja como la actualización del valor de referencia, con la única condición de que se transparente integralmente la liquidación salarial de su personal representado. En cambio, el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que agrupa a la mayoría de los afiliados de la flota congeladora, sostiene que cualquier revisión debe respetar los convenios colectivos de trabajo (CCT) ya homologados y que cualquier modificación no tiene lugar si es a la baja.
El personal de máquinas, por su parte, aún no emitió una postura formal, aunque dejó en claro que no convalidará ningún retroceso salarial. La advertencia llega en un momento en que la inflación vuelve a erosionar el poder adquisitivo: el último índice mensual marcó un 3,7%, con perspectivas de mantener esa tendencia en los meses siguientes. Trascendidos del sector fresquero indican que circula una propuesta informal de incremento del 10% sobre la base a tablas de uso informal vigente en febrero, mientras que el empresariado anticipó que semejante ajuste sería inviable en la coyuntura actual, máxime cuando el sector está haciendo fuerza para no caer en cesación de pagos, evitando siempre sostener la cadena de valor y la planta permanente laboral.
A todo esto, se suma la inminente apertura de la temporada nacional en la ZVPJM, cuyo inicio podría estar condicionado por la falta de participación de la flota congeladora en la prospección. Al igual que en 2020, todo apunta a que será nuevamente la flota fresquera la que deba llevar adelante esta tarea clave, debido a las disputas internas del sector.
En paralelo, la situación comercial continúa siendo preocupante. Las empresas compradoras del complejo chubutense ya han deslizado que el precio que estarían dispuestas a pagar ronda los 1,60 dólares por kilo, un valor que dista de satisfacer las expectativas de la actividad primaria extractiva. Las cámaras frigoríficas de los principales establecimientos procesadores permanecen colmadas, sin que se registren ventas significativas desde el cierre de la temporada en aguas bajo jurisdicción de la provincia de Chubut.
Los datos del primer trimestre de 2025 reflejan una exportación de 25.700 toneladas entre langostino entero y procesado continental, un volumen considerable que deja en evidencia la existencia de un importante remanente sin salida comercial ni demanda en el circuito comercial internacional. En ese contexto, el inicio de la zafra nacional se anticipa con más incógnitas que certezas.
La Seafood Expo Global Barcelona 2025 , entonces, se presenta como un escenario estratégico donde podrían delinearse los próximos pasos de una industria que atraviesa un momento definitorio. Mientras las cartas comienzan a quedar sobre la mesa, el sector pesquero argentino langostinero del segmento congelador se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre competitividad, sustentabilidad económica y justicia laboral, en medio de un escenario de complejidad creciente y de final aún incierto.
Lo que comienza a evidenciarse con creciente nitidez es la emergencia de síntomas inequívocos de agotamiento financiero en un número cada vez más significativo de empresas del sector, cuyo margen operativo se ve constreñido por una ecuación económica insostenible. Lejos de avizorarse una senda de resolución estructural, el horizonte permanece nublado por incertidumbres múltiples, mientras las variables macroeconómicas profundizan las tensiones existentes.
Paradójicamente, la reciente flexibilización del régimen cambiario, que en otro contexto hubiera funcionado como catalizador de competitividad mediante un tipo de cambio más estimulante para las exportaciones, ha derivado en un resultado inverso: la apreciación de la moneda doméstica hacia la franja inferior de flotación impone una presión asfixiante sobre todo el entramado exportador argentino. En ese esquema, el sector pesquero —pieza clave en la generación de divisas y empleo en regiones periféricas— se ve arrastrado por una lógica que erosiona su sustentabilidad económica y pone en entredicho su viabilidad a corto plazo.
La conjunción de factores internos no resueltos y condiciones externas adversas delinean un escenario de alta fragilidad para los próximos meses. No sólo está en juego la estabilidad de las empresas y los puestos de trabajo, sino la continuidad de un modelo productivo que, pese a su potencial, parece atrapado entre rigideces estructurales y decisiones macro que desatienden su problemática. La preocupación es legítima: sin una respuesta integral y articulada, el riesgo de una desarticulación progresiva del complejo pesquero argentino no puede ser descartado.
Lo verdaderamente alarmante es que el destino de la pesca argentina —un recurso soberano y estratégico— parezca estar definiéndose no en los ámbitos institucionales del país, sino a miles de kilómetros, en una feria internacional en España. Que sea allí donde se dirima el rumbo de una de las principales economías regionales no solo resulta preocupante: es, sencillamente, una señal de extravío de viejos participantes del sector. Inaceptable.
