En un nuevo episodio que remece la actividad pesquera en la regi贸n patag贸nica, se ha identificado un entramado de irregularidades asociado al transporte ilegal de langostino fresco.
El incidente se centra en un cami贸n proveniente de la planta de Arvi S.A. en Trelew, Chubut, que ten铆a como destino la planta expropiada Barilari en Caleta Olivia, Santa Cruz. Dicha planta se encuentra tomada por trabajadores de las cooperativas que gestionaban el establecimiento desde su expropiaci贸n en 2009. La toma responde al reciente cambio en la conducci贸n administrativa dispuesto por el gobierno provincial, quien asegur贸 la continuidad de los puestos laborales.
El secretario de Pesca de Chubut, Andr茅s Arbeletche, confirm贸 la detecci贸n de productos de origen ilegal y anunci贸 medidas contundentes: 鈥Esto no lo podemos permitir porque, adem谩s de generarle un problema a la provincia de Santa Cruz, nos genera a nosotros la p茅rdida de puestos de trabajo y procesamiento de materias primas鈥. Entre las acciones previstas, destacan denuncias penales y una multa superior a 100 millones de pesos para los responsables.
Seg煤n lo informado por el portal especializado Mar y Pesca Noticias Patag贸nicas, la investigaci贸n involucra a los empresarios Franco Massari, de Mar del Plata, y Luis Salom贸n, de la flota de Rawson.
Ambos son se帽alados como integrantes de una presunta asociaci贸n il铆cita dedicada al traslado irregular de langostino entre provincias. Las indagaciones revelaron que el cami贸n intent贸 ingresar al establecimiento ex Barilari con documentaci贸n falsificada.
Modus operandi
El fraude fue detectado mediante una gu铆a de tr谩nsito supuestamente emitida por Arvi S.A., pero que habr铆a sido adulterada por Luis Salom贸n, seg煤n lo informado. Mientras los documentos indicaban como destino el establecimiento 3758 de Conarpesa en el puerto de Caleta Paula, las investigaciones se帽alan que el verdadero destino era la planta ex Barilari, donde las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre habr铆an participado en el 鈥blanqueo鈥 del producto.
Adem谩s, se acusa a una inspectora de la Secretar铆a de Pesca de Chubut de avalar la documentaci贸n adulterada, junto con la confecci贸n de un permiso de tr谩nsito restringido respaldado por autoridades del Senasa, en un entramado turbio, en principio.
Impacto y acciones legales
El gobierno de Chubut ha reiterado su compromiso con la justicia y el cumplimiento normativo. Andr茅s Arbeletche enfatiz贸: 鈥 Es fundamental que este tipo de acciones sean sancionadas con toda la fuerza de la ley. No podemos permitir que intereses particulares atenten contra las provincias y sus trabajadores 鈥.
La maniobra no solo impacta las econom铆as locales, sino tambi茅n el empleo y las normativas que regulan la actividad pesquera, generando una alarma sobre la necesidad de controles m谩s estrictos.
Por su parte, el ministro de Producci贸n de Santa Cruz, Gustavo Mart铆nez, explic贸 los antecedentes de la toma. 鈥 La planta fue expropiada en 2009 bajo jurisdicci贸n de la provincia y se otorg贸 su uso a dos cooperativas. Sin embargo, se detectaron reiterados incumplimientos contractuales y administrativas 鈥, declar贸.
Mart铆nez inform贸 que las cooperativas actuales ser谩n reemplazadas por otras organizaciones con experiencia en el procesamiento de productos pesqueros. A pesar de las irregularidades detectadas, se garantiz贸 la estabilidad laboral de los trabajadores, reafirmando que 鈥 el 100% de las personas que hoy trabajan en la planta Barillari tienen garantizado su puesto. No vamos a sacar a nadie, pero s铆 cambiaremos la administraci贸n del usufructo por las irregularidades detectadas, muchas de las cuales ya fueron judicializadas 鈥.
Entre las irregularidades en la conducci贸n de la Planta, el ministro subray贸 que est谩n identificadas y que incluyen incumplimientos de contratos con empresas pesqueras, acumulaci贸n de deudas millonarias y el ingreso de productos de origen ilegal.
鈥La deuda con Servicios P煤blicos Sociedad del Estado supera los 36 millones de pesos, y hemos detectado langostino de procedencia ilegal ingresando a la planta, lo cual es grav铆simo. Esto pone en riesgo no solo a la planta, sino a toda la econom铆a pesquera de Santa Cruz 鈥, enfatiz贸.
El caso expone un complejo entramado de irregularidades que amenaza la sostenibilidad de la industria pesquera en la Patagonia. Las investigaciones contin煤an y prometen revelar m谩s detalles sobre un esquema que pone en jaque el cumplimiento normativo y la econom铆a regional. Las autoridades se enfrentan al desaf铆o de reforzar los controles y garantizar la transparencia en una actividad clave para las provincias de Chubut y Santa Cruz.
