En un nuevo episodio que remece la actividad pesquera en la región patagónica, se ha identificado un entramado de irregularidades asociado al transporte ilegal de langostino fresco.
El incidente se centra en un camión proveniente de la planta de Arvi S.A. en Trelew, Chubut, que tenía como destino la planta expropiada Barilari en Caleta Olivia, Santa Cruz. Dicha planta se encuentra tomada por trabajadores de las cooperativas que gestionaban el establecimiento desde su expropiación en 2009. La toma responde al reciente cambio en la conducción administrativa dispuesto por el gobierno provincial, quien aseguró la continuidad de los puestos laborales.
El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, confirmó la detección de productos de origen ilegal y anunció medidas contundentes: “Esto no lo podemos permitir porque, además de generarle un problema a la provincia de Santa Cruz, nos genera a nosotros la pérdida de puestos de trabajo y procesamiento de materias primas”. Entre las acciones previstas, destacan denuncias penales y una multa superior a 100 millones de pesos para los responsables.
Según lo informado por el portal especializado Mar y Pesca Noticias Patagónicas, la investigación involucra a los empresarios Franco Massari, de Mar del Plata, y Luis Salomón, de la flota de Rawson.
Ambos son señalados como integrantes de una presunta asociación ilícita dedicada al traslado irregular de langostino entre provincias. Las indagaciones revelaron que el camión intentó ingresar al establecimiento ex Barilari con documentación falsificada.
Modus operandi
El fraude fue detectado mediante una guía de tránsito supuestamente emitida por Arvi S.A., pero que habría sido adulterada por Luis Salomón, según lo informado. Mientras los documentos indicaban como destino el establecimiento 3758 de Conarpesa en el puerto de Caleta Paula, las investigaciones señalan que el verdadero destino era la planta ex Barilari, donde las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre habrían participado en el “blanqueo” del producto.
Además, se acusa a una inspectora de la Secretaría de Pesca de Chubut de avalar la documentación adulterada, junto con la confección de un permiso de tránsito restringido respaldado por autoridades del Senasa, en un entramado turbio, en principio.
Impacto y acciones legales
El gobierno de Chubut ha reiterado su compromiso con la justicia y el cumplimiento normativo. Andrés Arbeletche enfatizó: “ Es fundamental que este tipo de acciones sean sancionadas con toda la fuerza de la ley. No podemos permitir que intereses particulares atenten contra las provincias y sus trabajadores ”.
La maniobra no solo impacta las economías locales, sino también el empleo y las normativas que regulan la actividad pesquera, generando una alarma sobre la necesidad de controles más estrictos.
Por su parte, el ministro de Producción de Santa Cruz, Gustavo Martínez, explicó los antecedentes de la toma. “ La planta fue expropiada en 2009 bajo jurisdicción de la provincia y se otorgó su uso a dos cooperativas. Sin embargo, se detectaron reiterados incumplimientos contractuales y administrativas ”, declaró.
Martínez informó que las cooperativas actuales serán reemplazadas por otras organizaciones con experiencia en el procesamiento de productos pesqueros. A pesar de las irregularidades detectadas, se garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores, reafirmando que “ el 100% de las personas que hoy trabajan en la planta Barillari tienen garantizado su puesto. No vamos a sacar a nadie, pero sí cambiaremos la administración del usufructo por las irregularidades detectadas, muchas de las cuales ya fueron judicializadas ”.
Entre las irregularidades en la conducción de la Planta, el ministro subrayó que están identificadas y que incluyen incumplimientos de contratos con empresas pesqueras, acumulación de deudas millonarias y el ingreso de productos de origen ilegal.
“La deuda con Servicios Públicos Sociedad del Estado supera los 36 millones de pesos, y hemos detectado langostino de procedencia ilegal ingresando a la planta, lo cual es gravísimo. Esto pone en riesgo no solo a la planta, sino a toda la economía pesquera de Santa Cruz ”, enfatizó.
El caso expone un complejo entramado de irregularidades que amenaza la sostenibilidad de la industria pesquera en la Patagonia. Las investigaciones continúan y prometen revelar más detalles sobre un esquema que pone en jaque el cumplimiento normativo y la economía regional. Las autoridades se enfrentan al desafío de reforzar los controles y garantizar la transparencia en una actividad clave para las provincias de Chubut y Santa Cruz.
