Si bien el escenario podrÃa asemejarse al nudo argumental de una telenovela turca, lo cierto es que la realidad se presenta con una crudeza inapelable: la injerencia de factores polÃticos —incluidos componentes de polÃtica internacional— en decisiones que deberÃan permanecer estrictamente dentro del ámbito judicial muestra, una vez más, las fragilidades estructurales del modelo argentino y profundiza la ya delicada percepción de inseguridad jurÃdica, exponiendo a actores que, en su historia reciente, marcan la seriedad de su función y arquitectura de gestión.
El caso de Red Chamber Argentina y su casa matriz estadounidense, el gobierno de Chubut y Profand deja a las claras una situacion donde las oscilaciones, rectificaciones y cambios abruptos que rodean este proceso, observados desde la distancia de quienes no ocupan un lugar en la mesa de negociaciones, conforman un panorama que puede parecer errático o poco serio.
Ello exige una aclaración: la información disponible es veraz y verificable, pero su lectura siempre queda atravesada por la perspectiva particular de cada actor involucrado, perspectiva que inevitablemente introduce matices, énfasis y sesgos propios del rol que ocupa cada participante dentro de un tablero de poder complejo y dinámico.
Ante un escenario institucional y productivo de excepcional complejidad, la SecretarÃa de Pesca de la Provincia del Chubut emitió la Resolución N.º 0689/2025-SP, mediante la cual se adoptan medidas transitorias destinadas a asegurar la continuidad laboral y operativa de la planta industrial de la ex Alpesca, considerando el inminente comienzo de la temporada de pesca fijado para las 00:00 horas de hoy, 15 de noviembre.
La decisión se fundamenta en la finalización del contrato entre Pesquera Deseado S.A. —perteneciente al Grupo Profand—, conforme lo establecido en la Resolución N.º 0688/25-SP, y en el acuerdo conciliatorio celebrado entre la Provincia del Chubut y la firma Red Chamber Argentina S.A., formalizado ante el Superior Tribunal de Justicia e informado oportunamente por la FiscalÃa de Estado.
Según los considerandos oficiales, Red Chamber Argentina S.A. debe retomar la explotación industrial de la planta ex Alpesca. No obstante, el escaso margen entre la celebración del acuerdo y el inicio de la temporada impidió que la empresa contara en tiempo y forma con las habilitaciones sanitarias y comerciales indispensables para operar. Asimismo, la firma no pudo completar las altas laborales ni reorganizar la estructura interna necesaria para el procesamiento inmediato de las capturas.
Este cuadro, advierte la SecretarÃa de Pesca, podrÃa derivar en un riesgo significativo para la paz social, preocupación que también fue expresada por organizaciones sindicales al alertar sobre las consecuencias que tendrÃa una paralización —aunque fuera momentánea— de la actividad industrial en la planta de Puerto Madryn.
Medidas transitorias para evitar perjuicios mayores
Con el objetivo de preservar la continuidad productiva y evitar un impacto negativo sobre la cadena laboral, se resolvió que Pesquera Deseado S.A. continúe operando la planta de la ex Alpesca de manera excepcional y transitoria, hasta tanto Red Chamber Argentina S.A. se encuentre en condiciones legales y operativas de asumir plenamente la explotación industrial.
En consecuencia, se mantendrá la vigencia de los permisos de captura de la empresa saliente mientras subsistan las limitaciones administrativas que impiden el inmediato ingreso en operaciones de la empresa entrante. Paralelamente, los permisos de pesca asignados a los buques vinculados a Red Chamber Argentina S.A. quedarán supeditados a la obtención de las habilitaciones correspondientes para iniciar el procesamiento en la planta.
La Dirección General de Asuntos Legales tomó debida intervención y, en ejercicio de sus facultades, el Secretario de Pesca dispuso:
Extender de manera transitoria y precaria las autorizaciones de la flota amarilla designada por Pesquera Deseado S.A.;
Supeditar la vigencia de las autorizaciones de captura de los buques vinculados a Red Chamber Argentina S.A. hasta la acreditación formal de las habilitaciones sanitarias y comerciales necesarias para operar en Alpesca S.A.;
Registrar, comunicar y archivar el acto administrativo conforme a las formalidades vigentes.
En ocasiones, las grandes decisiones de la gestión pública se definen en niveles donde intervienen directamente las máximas autoridades de gobierno, en un plano donde las negociaciones adquieren una dimensión polÃtica, institucional y estratégica que excede con claridad lo estrictamente administrativo. Cuando entran en juego intereses empresariales de alcance internacional, acuerdos con implicancias judiciales y la necesidad de garantizar equilibrio social y económico, es natural que los tiempos y resoluciones terminen configurándose en mesas de decisión donde los gobiernos —provinciales y nacionales— asumen un rol determinante.
En ese marco, ciertos funcionarios quedan expuestos como los rostros visibles de un proceso que, en realidad, se articula mucho más arriba. El Secretario de Pesca ha debido asumir esa visibilidad pública, aun cuando su actuación ha sido coherente y de buena fe desde el inicio, siguiendo estrictamente las instrucciones emanadas de la Gobernación y actuando dentro del marco institucional que su cargo exige. La exposición recae sobre él, pero las definiciones estratégicas no nacen en su despacho, sino en ámbitos donde se negocia con una mirada integral del escenario polÃtico, económico y social.
No obstante, este caso deja entrever un aspecto de mayor profundidad institucional: la delgada frontera entre la polÃtica y la justicia cuando se trata de conflictos que involucran a grandes corporaciones multinacionales. La resolución de controversias mediante mecanismos extraordinarios, con intervenciones gubernamentales que se superponen o desplazan el funcionamiento natural de la justicia, evidencia un terreno donde la seguridad jurÃdica se vuelve vulnerable. Esa vulnerabilidad, aunque se exprese de manera sutil, constituye un mensaje que no pasa inadvertido para los actores internacionales que evalúan la previsibilidad y estabilidad normativa de la provincia y del paÃs.
En definitiva, la Provincia procura sostener la continuidad productiva y la paz social, pero el proceso exhibe un matiz que invita a la reflexión: cuando la polÃtica interviene demasiado cerca del ámbito judicial, ademas del privado, el sistema institucional corre el riesgo de enviar señales ambiguas a quienes observan desde afuera. Y en un contexto global en el que la competencia por inversiones es cada vez más intensa, esas señales pueden tener efectos más profundos de lo que se percibe en el corto plazo. Todo muy poco serio…
