Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen favorable al acuerdo internacional sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, una herramienta impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destinada a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Una herramienta internacional para cerrar el paso a la pesca ilegal
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una amenaza directa sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sobre la competitividad y sustentabilidad de la flota argentina, en especial frente a la presión que ejerce la actividad extractiva sobre el calamar en el límite de la Zona Económica Exclusiva, en la denominada milla 201.
Frente a ese escenario, el texto sostiene que las medidas del Estado Rector del Puerto representan uno de los instrumentos más eficaces para desalentar la operatoria de los buques vinculados a la pesca INDNR, ya que permiten restringir o negar el acceso a puertos, servicios de descarga, transbordo, abastecimiento y procesamiento. El eje de esta estrategia radica en impedir que los puertos funcionen como plataformas logísticas para embarcaciones sospechadas de operar al margen de las normas internacionales.
En ese marco, la FAO impulsó la negociación de un acuerdo internacional destinado a fijar estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias. El objetivo central consiste en evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a las flotas asociadas con la pesca ilegal.
Para la República Argentina, el acuerdo adquiere un valor estratégico porque complementa la acción diplomática y de control desplegada sobre la milla 201, y puede transformarse en un factor concreto para limitar el acceso regional a puertos de los buques que pescan sobre especies no reguladas o en perjuicio de las medidas de conservación impulsadas por el país.
El planteo concluye que la entrada en vigor de este instrumento reforzaría la política pesquera nacional, fortalecería el PAN-INDNR y aportaría una vía adicional para proteger recursos, producción y empleo frente a una actividad que combina impacto ambiental, distorsión comercial y alta capacidad de adaptación internacional.
Tratamiento en comisiones Senado de la Nación
El tratamiento se realizó el 10 de marzo y constituye un paso previo para que el Congreso apruebe la adhesión de Argentina al instrumento internacional adoptado en Roma el 22 de noviembre de 2009 durante una conferencia de la FAO.
Durante el debate en comisión, el coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, Javier Figueroa, explicó que el acuerdo es considerado el principal instrumento legal a nivel global para enfrentar la pesca ilegal.
Según detalló, este tipo de actividad representa entre el 20% y el 25% de las capturas pesqueras mundiales, lo que genera un fuerte impacto económico, ambiental y social en los países con recursos marítimos.
El acuerdo establece un sistema de controles portuarios que permite a los Estados, inspeccionar buques extranjeros antes de permitir su ingreso o descarga. Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que las embarcaciones presenten información detallada sobre el barco, su carga, la bitácora de navegación, las operaciones de pesca realizadas, la cantidad de capturas y las autorizaciones correspondientes.
Además, el sistema prevé mecanismos de intercambio de información e inteligencia entre los países parte, lo que busca cerrar los circuitos logísticos que utilizan las flotas que operan al margen de las regulaciones.
Figueroa aclaró que en el caso argentino no se trata de una ratificación formal, sino de una adhesión, ya que el país no firmó el acuerdo en el momento de su adopción en 2009.
Por su parte, el Senador Maximiliano Abad apoyó el proyecto para aprobar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, al definirlo como « una herramienta clave para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal «. Durante el debate en comisión, sostuvo que la iniciativa protege los recursos marítimos y fortalece la competencia leal en el comercio internacional de productos de origen marino.
Con el dictamen emitido por las comisiones, el proyecto queda en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado. De aprobarse, Argentina pasaría a integrar formalmente el acuerdo internacional, sumándose al sistema global de control portuario diseñado para limitar el accionar de las flotas vinculadas a la pesca ilegal.
En un contexto marcado por la creciente presión de flotas extranjeras en el Atlántico Sur, la adhesión al instrumento es considerada por distintos sectores como una herramienta adicional para fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional en la lucha contra la pesca INDNR.
