La aparición de dos ballenas jorobadas sin vida en las inmediaciones de centros de crianza de salmón operados por Australis Mar y Cooke Aquaculture, en el sur de Chile, ha desatado una intensa reacción por parte de grupos ambientalistas, comunidades indígenas y autoridades competentes. Estos hechos, ocurridos a finales de octubre en la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes, y en el Parque Nacional San Rafael, en la Región de Aysén, han encendido un debate sobre las responsabilidades de la industria salmonera en áreas protegidas y la necesidad de preservar ecosistemas frágiles.
Ambas empresas de impecable trayectoria y cuidado del medio ambiente como de los recursos vivos del mar donde operan, con innumerables certificaciones internacionales de protocolos de buenos procedimientos y cuidado en el medio, contraponen las acusaciones que bien podrían no ser vinculantes con el deceso de ambos mamíferos marinos.
Asimismo, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en colaboración con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), lidera una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de las muertes. Las autoridades han solicitado a las empresas involucradas información detallada sobre las condiciones en que se encontraron los cetáceos, el estado de las redes y los resultados de las necropsias. Australis ha señalado que el ejemplar hallado en su centro ya estaba muerto al quedar enredado en las estructuras, mientras que Cooke informó que el incidente ocurrió en una instalación no operativa bajo pausa sanitaria.
Greenpeace Chile, en conjunto con la comunidad indígena Kawésqar, presentó una demanda que se ampara en la Ley 21.595, promulgada en 2023, y que establece severas sanciones por delitos ambientales, incluyendo penas de hasta 10 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 7.600 millones de pesos chilenos (USD 9,5 millones). Matías Asun, director de Greenpeace Chile, destacó la gravedad de los hechos, afirmando que estos no deben normalizarse. “Es fundamental convertir esta ley en un instrumento vivo para castigar estos actos y proteger efectivamente nuestras áreas naturales y su biodiversidad ”, señaló.
La comunidad Kawésqar, representada por Leticia Caro, subrayó la importancia simbólica y espiritual de las ballenas para su pueblo. Caro expresó su decepción por la falta de justicia en casos similares previos, indicando que esta demanda busca prevenir futuras tragedias en territorios que deberían ser santuarios para estas especies. Por su parte, Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, insistió en que la aplicación rigurosa de la ley es indispensable para garantizar la protección de las áreas protegidas y las especies que habitan en ellas. “No podemos tolerar estas pérdidas. Es el momento de actuar con firmeza”, puntualizó.
La Ley 21.595, diseñada para proteger el medio ambiente y sancionar a los responsables de daños graves, se aplica por primera vez en este caso. Según el abogado ambientalista Robert Currie, esta normativa considera factores como la extensión espacial del daño, su irreparabilidad y la afectación a especies en peligro para determinar la severidad de las sanciones. Currie enfatizó que la salmonicultura, un sector estratégico para Chile, está bajo vigilancia debido a los riesgos que su operación representa para ecosistemas delicados.
Australis y Cooke han manifestado que actuaron en conformidad con los protocolos establecidos y que están colaborando plenamente con las investigaciones. Ambas empresas aseguraron haber gestionado la situación con responsabilidad, y Cooke destacó su decisión de reubicar operaciones cercanas a áreas protegidas como una medida preventiva.
Las ballenas jorobadas, catalogadas como vulnerables por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos y poseen un profundo valor cultural para comunidades indígenas como los Kawésqar. A pesar de las protecciones legales nacionales e internacionales, estas especies siguen enfrentando amenazas derivadas de actividades humanas. La reciente tragedia subraya la urgencia de reforzar las medidas de conservación y garantizar que las actividades económicas respeten los límites ecológicos.
Este caso, que combina implicancias legales, ambientales y culturales, representa una encrucijada para Chile: conciliar su posición como líder en la industria salmonera con su obligación de salvaguardar su invaluable patrimonio natural, no obstante bien podría ser no vinculante lo acontecido por los grandes mamíferos marinos con el desarrollo de la actividad de ambas prestigiosas empresas.
