Las cámaras empresarias CAPIP, CAPeCA y CEPA informaron que decidieron suspender las salidas de los buques previstas para los próximos días por motivos de seguridad, tras haber recibido amenazas dirigidas a tripulantes y a personal jerárquico y administrativo siendo un eslabón más de una cadena de desaciertos en las negociaciones entre cámaras y gremios que termina alejando la resolución de un conflicto que lleva a la flota congeladora tangonera 10 meses de parálisis.
En un comunicado difundido a todas las tripulaciones, expresaron que la medida se adoptó “con un dejo de tristeza, pero también con firmeza y total claridad”, con el objetivo de resguardar la integridad física de los marineros y sus familias.

“Sabemos que muchos de ustedes, haciendo un gran esfuerzo y luego de evaluar en libertad y con responsabilidad, habían aceptado las nuevas condiciones y estaban listos para embarcar. Les agradecemos sinceramente ese compromiso y esa voluntad de trabajo, que sin dudas marcan el camino que debemos transitar hacia el futuro”, señalaron las empresas. Sin embargo, afirmaron que en las últimas horas “han surgido un sinnúmero de amenazas, comunicadas directamente a ustedes, que se suman a las que también han sufrido otros integrantes del personal jerárquico y administrativo de las empresas”.
Este es “un límite que no vamos a dejar pasar”, subrayaron. “La familia siempre está primero. Cuando se la amenaza, se toca la fibra más íntima de cada persona, vulnerando límites que no podemos ni debemos tolerar. Nos toca decir basta”.
El documento apunta directamente contra los sindicatos: “En estos cuatro meses de intransigencia gremial, ni nosotros ni el Estado Nacional hemos logrado abrir un canal de diálogo real, ni activar medidas concretas que respondan a la expresión voluntaria mayoritaria de ustedes manifestada claramente en estos días: salir a trabajar”.
Y más adelante interpelan a los marineros: “Eso también tiene que hacernos reflexionar: ¿por qué, o más bien para qué, un sindicato mantiene de rehén a tanta gente? ¿Quién se beneficia?”
Las empresas afirman que la decisión de reactivar la actividad “no fue para dividirnos, sino para construir un futuro mejor: con responsabilidad y respeto, con libertad, sin miedo y con trabajo”.
La nueva suspensión de zarpadas se produce luego de días de denuncias públicas por parte de los gremios SOMU y SIMAPE, que cuestionaron las contrataciones individuales y calificaron de ilegales las condiciones laborales que se les ofrecían a los marineros para volver a embarcar.
Mientras las empresas insisten en avanzar con acuerdos individuales para reactivar la actividad sin contemplar la legislación vigente (art.12 de la Ley de Contrato de Trabajo), los gremios denuncian prácticas fuera de convenio y presiones sobre los trabajadores. En el medio, las tripulaciones quedan atrapadas entre la necesidad de sostener sus ingresos y un clima de amenazas, desacuerdos y ausencia de diálogo institucional. Sin una intervención efectiva del Estado que encauce el conflicto, el riesgo de una paralización prolongada y de una mayor fractura en el sector continúa latente.