El debate sobre el futuro de la salmonicultura en mar abierto volvió a tensar la agenda política y social de la provincia. Organizaciones ambientales y proteccionistas se movilizaron para respaldar la prohibición vigente desde 2021 y exigir que no se avance con cambios que permitan el regreso de esta actividad.
La Ley Provincial 1355, sancionada en 2021, prohíbe de manera explícita la instalación de jaulas de engorde de salmón en aguas marinas fueguinas. Su aprobación fue el resultado de un proceso de más de tres años que incluyó consultas a científicos, ONG, sectores productivos, pescadores y expertos internacionales en gestión de ecosistemas frágiles.
Fotografía gentileza Lío Machado (2023).
La sesión legislativa prevista para el miércoles 19 —la primera luego de meses de inactividad— incluía en su temario el proyecto que busca habilitar la salmonicultura en la provincia. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo debido a un conflicto gremial de los trabajadores de APEL, quienes reclaman actualizaciones salariales y decidieron no realizar tareas, paralizando la actividad parlamentaria.
El eventual retorno de la salmonicultura intensiva encendió las alarmas entre los sectores que alertan sobre sus impactos. En distintas regiones del mundo, esta actividad ha provocado proliferación de algas nocivas, introducción de especies exóticas, alteración de cadenas tróficas y la aparición de “zonas muertas”, áreas sin oxígeno que tardan años en recuperarse; sin extremar medidas de cuidado ambiental.
Los antecedentes de Chile —con escapes masivos, uso excesivo de antibióticos y mortandades reiteradas— actúan como una advertencia contundente.
En el caso de Tierra del Fuego, los riesgos son aún más sensibles; las aguas que rodean la isla concentran el 50% de los bosques de macroalgas del país, considerados sumideros naturales de carbono y hábitats esenciales para numerosas especies. Su afectación comprometería no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.
La estrategia provincial: un modelo responsable que resguarda el equilibrio
En medio de este debate, la Provincia sostiene con claridad un enfoque acuícola responsable y completamente diferenciado del modelo intensivo prohibido por la Ley 1355. Esta orientación se sustenta en una visión estratégica impulsada desde el propio Gobernador y su equipo técnico, quienes promueven la articulación equilibrada entre producción, desarrollo y resguardo ambiental. En ese esquema, destaca la labor de su consejero en el Consejo Federal Pesquero, Carlos Cantú, cuya intervención técnica y política se ha vuelto esencial para garantizar un equilibrio efectivo entre la viabilidad productiva y la protección de los ecosistemas australes demostrado a través de los años en toda su gestión.
Quedando expuesto el respeto irrevocable por el entorno marino, su biomasa y los ecosistemas marinos, incluso al evaluar posibles zonas del Atlántico Sur que puedan ser consideradas para proyectos de alta trazabilidad y control irrestricto.
La estrategia provincial se sostiene sobre un principio operativo claro: todo desarrollo debe ser ambientalmente viable, técnicamente validado y gestionado con un nivel de supervisión que garantice la integridad de las aguas fueguinas.
Mientras tanto, la Provincia avanza con hechos concretos. La estación de truchas se encuentra en plena puesta en valor, dejando atrás un rol principalmente turístico para convertirse en un proyecto estratégico orientado a desarrollar genética autoctona de alta calidad y producir ovas destinadas a proyectos comerciales de acuicultura y piscicultura patagónicas emergentes. Es un camino propio, moderno y controlado, con fuerte respaldo técnico y científico.
Quienes impulsan la reapertura a proyectos salmoneros sostienen que la provincia podría diversificar su economía y generar empleo si se habilita el cultivo de salmón en mar abierto.
Los defensores de la ley vigente, en cambio, remarcan que el costo ambiental sería irreparable y que existen alternativas productivas mucho más sostenibles. También recuerdan que Tierra del Fuego es la única provincia del país que prohibió por ley esta actividad, convirtiéndose en un ejemplo internacional de regulación precautoria.
En los últimos días, organizaciones ambientales y especialistas de distintos países remitieron una carta a los legisladores fueguinos instándolos a mantener la legislación actual y evitar retrocesos. El texto destaca la importancia global de las aguas australes y señala que la provincia ha adoptado estándares de protección que deben preservarse.
La suspensión de la sesión aplaza una decisión que podría marcar el rumbo ambiental y productivo de Tierra del Fuego.
Mientras tanto, el movimiento “No a las salmoneras” ratificó que continuará movilizado hasta asegurar la continuidad de la normativa que protege las aguas provinciales, sin comprender que toda actividad puede ser viable dependiendo de su manejo y control para evitar efectos secundarios como los que avalan en su postura.
El doble estándar ambientalista: lo que el mundo celebra, en Argentina se prohíbe
El caso de Noruega expone con crudeza una contradicción difícil de ignorar; las mismas ONG que en Europa elogian el modelo noruego de acuicultura y lo utilizan como referencia global, en Argentina levantan barricadas para impedir cualquier desarrollo, incluso cuando se propone bajo parámetros similares o más estrictos.
Mientras en los fiordos noruegos la producción de salmón es considerada un ejemplo de sostenibilidad —con apoyo de organismos internacionales, certificaciones ambientales y campañas que la presentan como “modelo global”— en Argentina las ONG reproducen un discurso que no admite matices, paraliza debates y convierte cualquier iniciativa productiva en una amenaza existencial.
La paradoja es evidente:
– Noruega exporta al mundo su “industria sostenible”, con controles de calidad, monitoreo ambiental y uso intensivo de innovación.
– En Argentina, aun cuando se plantea acuicultura controlada, de pequeña escala, científicamente supervisada y ajustada a normas ambientales estrictas, las ONG promueven la idea de que es inviable, peligrosa o directamente destructiva.
Lo que en Europa se celebra como un caso exitoso de equilibrio entre producción y ambiente, aquí es denunciado como catástrofe inminente.
El resultado es claro: en Argentina, cierto exagerado proteccionismo actúan como un freno estructural al desarrollo productivo, aun cuando las propuestas no tienen nada que ver con la salmonicultura industrial ni con los modelos intensivos como el chileno, que ellas mismas critican en otros contextos.
Esta brecha discursiva produce un efecto concreto, Europa desarrolla, innova, produce y exporta a gran escala. En Argentina se discute, retrasa, prohíbe y finalmente depende de importaciones —incluso de los mismos países cuyos modelos aquí se consideran “inaceptables”.
Así, mientras Noruega es reconocida mundialmente como líder en sostenibilidad, en Argentina el debate queda secuestrado por posturas absolutistas que no distinguen entre acuicultura descontrolada y acuicultura responsable, entre riesgo real y fantasmas retóricos, entre impactos documentados y posiciones ideológicas.
En definitiva, el mundo puede porque tiene un ambientalismo que acompaña la producción responsable; Argentina no puede porque su ambientalismo impide discutir cualquier postura.
