El presidente de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria (ALPESCAS), Osciel Velásquez, expresó su preocupación por la “inusual y desproporcionada” cantidad de barcos pesqueros chinos que ingresaron durante el último año a puertos de Chile.
Según advirtió, se trata de una flota con gran poder de pesca y antecedentes de comportamientos irregulares, lo que podría afectar seriamente a los recursos pesqueros nacionales.
Velásquez señaló que, de manera coincidente con el ingreso mensual de decenas de buques calamareros extranjeros, las capturas de jibia por parte de la flota artesanal chilena registraron un marcado descenso. En ese contexto, remarcó que la defensa de los recursos hidrobiológicos y de la soberanía marítima debe ser prioritaria para el Estado.
Ante este escenario, el dirigente informó que cursó comunicaciones a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile, solicitando información precisa sobre la normativa que habilita el ingreso de estas embarcaciones asiáticas a los puertos del país, así como sobre las medidas de control y fiscalización actualmente vigentes.
Velásquez propuso profundizar la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, del cual Chile es suscriptor, mediante inspecciones portuarias estrictas a cada buque que arribe. También planteó que los informes de esas inspecciones sean de acceso público para reforzar la transparencia.
Entre las medidas sugeridas, destacó la exigencia de instalar dispositivos de seguimiento satelital en cada barco potero que solicite servicios portuarios, bajo control directo de las autoridades pesqueras y navales. Según indicó, este requisito ya se aplica en otras regiones y permite verificar el cumplimiento efectivo de las regulaciones.
“El mar es generoso, pero no podemos descuidar su control ”, afirmó Velásquez, al subrayar que ninguna medida resulta excesiva cuando se trata de proteger el patrimonio marítimo y asegurar la sustentabilidad de la actividad pesquera y de las comunidades que dependen de ella.
