Un nuevo capítulo suma el conflicto entre la entidad gremial STIA y empresas radicadas en el sur argentino.
Por un lado trabajadores de plantas procesadoras enrolados en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación marcharon en la ciudad de Rawson para manifestarse frente a la sede del Ministerio de Economía y así entregarle al propio Ministro de Gobierno de Chubut un petitorio de similares características al que presentaron en la Legislatura Provincial donde piden la continuidad laboral en las plantas de procesamiento de pescado.
Situación a la que hizo referencia también el ex Ministro Norberto Yauhar.
Los trabajadores solicitan la continuidad del trabajo de las plantas para el personal de temporada, argumentando que existen otros recursos pesqueros que no son solamente el langostino.
“Tenemos acceso a la merluza, a las anchoas, podemos procesar en todas las plantas y eso es lo que estamos pidiendo, la continuidad de todos los trabajadores”, sostienen desde la entidad gremial.
Uno de los referentes del gremio sostuvo que “estamos pidiendo a todos que se pongan en el tema porque no vamos a aguantar otra temporada más sin ningún tipo de proceso que no sea langostino, y las plantas que no procesen merluza que tampoco procesen langostino”.
La explicación que esgrimen es que es muy largo el tramo desde que finalizan las tareas con el langostino puedan continuar con las otras dos especies que hay en la provincia que son la anchoa y la merluza, a la vez que le reclaman al sector empresarial que acompañen el pedido de los trabajadores.
Por otra parte, el mismo sindicato se ha envuelto en una denuncia a través de un comunicado emitido por la CAPIP donde manifiestan que “una vez más el STIA comete un delito federal impidiendo la libre circulación de acceso a las plantas, afectando las cargas de mercadería e impidiendo la carga de contenedores, es decir las exportaciones de 30 contenedores en el día de hoy”.
CAPIP señala que “de continuar esta medida pone en riesgo la financiación para las empresas y por lo tanto complicar el pago de los compromisos asumidos. Debe quedar en claro que no nos encontramos en el caso concreto ante un reclamo laboral/sindical por incumplimientos salarias o de otra naturaleza laboral. Sino que, por el contrario, estamos ante un acto de abierta ilegalidad, coercitivo, injustificado y violento, que impide a las empresas asociadas a la CAPIP ejercer el derecho de industria lícita consagrado en nuestra Constitución Nacional”.
Además advirtieron que “ante esta situación hay empresas que ya tomaron la decisión de llevar sus barcos a descargar a otros puertos, afectando al personal de estiba y otros gremios que depende de ese trabajo, y que pone en riesgo el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales”.
Dejaron en claro desde el sector empresarial que realizarán las denuncias correspondientes en todos los ámbitos, administrativos, judiciales a nivel local y federal, solicitando a las autoridades municipales, provinciales y judiciales que actúen en consecuencia y que hagan cumplir la ley vigente.
Consultado por PESCARE, un armador de origen marplatense, radicado en el sur desde hace mucho tiempo nos decía: “Me fui de Mar del Plata resignando muchas cosas, afectivas y económicas porque era imposible trabajar con los permanentes conflictos que había en el sector. Parece que acá han tomado enseñanzas de allá. Todavía no cumplí 50 años y ya estoy cansado de no poder trabajar tranquilamente como debería ser. Amo la industria pesquera, pero así no se puede seguir”.
