La Alianza Langostinera del Sur (Southern Shrimp Alliance) ha instado al gobierno de Estados Unidos a prohibir las importaciones de productos marinos provenientes de la empresa china Rizhao Meijia Group. Esta petición surge a raíz de un informe del proyecto Outlaw Ocean que denuncia el uso de trabajo forzado de la etnia uigur en la cadena de suministro de la empresa. Legisladores estadounidenses apoyan esta medida y buscan aplicar sanciones bajo la Ley Global Magnitsky, afectando significativamente a proveedores que abastecen a grandes minoristas y al gobierno estadounidense.
Investigación
Una investigación realizada por el proyecto Outlaw Ocean reveló prácticas de trabajo forzado de la etnia uigur en varias empresas chinas, incluida Rizhao Meijia Group. Este informe ha sido fundamental para la solicitud de prohibición de importaciones.
La Alianza Langostinera del Sur, una organización que representa a la industria del camarón en el sur de Estados Unidos, ha sido firme en su posición de detener las importaciones de productos marinos de las empresas implicadas en abusos laborales. La organización ha destacado la importancia de garantizar que los productos que llegan a los consumidores estadounidenses no estén manchados por violaciones de derechos humanos.
En tal sentido, el movimiento alcanzó ribetes legislativos cuando los mismo, enviaron una nota al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro de Estados Unidos solicitando sanciones contra las empresas chinas implicadas. La carta, liderada por representantes clave del Comité de Recursos Naturales y el Comité Selecto sobre China, subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una acción inmediata.
Las empresas implicadas en el informe suministran productos a importantes minoristas y entidades gubernamentales en Estados Unidos, incluyendo comedores escolares y otras instalaciones públicas. La prohibición de sus productos podría tener un impacto significativo en el mercado de productos de origen marino e importado en el país.
En el fondo, la medida propuesta busca no solo proteger los derechos de los trabajadores uigures, sino también asegurar que los productos consumidos en Estados Unidos cumplen con estándares éticos y legales. La decisión final del gobierno estadounidense será crucial para definir el futuro de estas importaciones y el comercio con las empresas chinas involucradas en prácticas de trabajo forzado y esclavo.
