El puerto de Puerto Deseado, principal punto de exportación de la provincia de Santa Cruz y un núcleo vital para la pesca y otras industrias, atraviesa una grave crisis que amenaza la estabilidad de su actividad económica y comercial. Este punto estratégico para la salida de productos esenciales como carne ovina, lana, pescados y mariscos y la producción minera, está viendo cómo los recurrentes conflictos del sindicato de estibadores, -en este caso-, lejos de defender el empleo, han espantado inversiones y socavado la confianza de las empresas en la región.
Para la industria del transporte naviero, el tiempo es oro. Un barco detenido en un puerto es considerado tiempo ocioso y pérdida del mismo. Cada buque que arriba a Puerto Deseado tiene un cronograma ajustado; cualquier demora no es solo un costo económico, sino un reflejo de ineficiencia. En esta ocasión, fue el buque portacontenedores Varamo, de la compañía global Maersk, el que se convirtió en el protagonista de un nuevo episodio de tensiones sindicales. La nave, tras descargar solo 64 contenedores vacíos en la noche del domingo 10 de noviembre, fue forzada a partir sin completar sus operaciones debido a la negativa de los trabajadores de la estiba a continuar con las labores de descarga, a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
Este conflicto, que dejó 120 contenedores de productos pesqueros y mineros en tierra, además de varios cargamentos destinados a empresas mineras de importancia, constituye un golpe económico no solo para las compañías involucradas, sino para toda una comunidad que depende de la actividad portuaria. La falta de resolución y el desafío abierto a las normativas laborales que intenta imponer el gremio de estibadores en su disputa con las empresas reflejan un sindicalismo intransigente y miope que, en lugar de salvaguardar los intereses de los trabajadores, perjudica a la misma comunidad a la que dice proteger.
Los reclamos del sindicato son varios, entre ellos un aumento salarial que no ha logrado negociar desde julio, el pago de “lucro cesante” por las operaciones desviadas a otros puertos y el cumplimiento del “Fondo de Asistencia al Sector Pesquero”, solicitado en septiembre y que el Gobierno provincial se comprometió a abonar en octubre. No obstante, el método empleado para hacer valer estas demandas—fuerza bruta, chantaje a la estabilidad de un puerto fundamental y desprecio por las disposiciones legales—desvirtúa los principios de la negociación sindical y convierte al gremio en un factor de bloqueo que impide el desarrollo y ahuyenta el trabajo genuino de la región.
La situación ha desencadenado un clima de frustración e indignación entre los empresarios y verdaderos trabajadores portuarios, muchos de los cuales sienten que son “rehenes de un pequeño grupo de personas” que, mediante amenazas y actitudes destructivas, han destruido la confianza en el puerto desde hace muchos años. En lugar de fomentar un entorno de seguridad y crecimiento económico, los líderes gremiales han mantenido al puerto y sus trabajadores en una continua inestabilidad, promoviendo un círculo vicioso de conflictos y pérdida de oportunidades. Las grandes empresas pesqueras, a lo largo del tiempo, en su historia, han huido de aquellas latitudes. La inviabilidad e intransigencia laboral condicionó su normal desempeño.
Hace poco, las consecuencias son palpables, empresas como Arbumasa, con décadas de operaciones en el puerto, (que es probable no sea el único motivo), han optado por retirarse, y otras evalúan seguir su ejemplo, otras; como lo demuestra la historia, ya han partido, es que trabajar se ha hecho inviable.
Como advirtió un armador local, el puerto podría enfrentar un éxodo de compañías si no se frena la “espiral de sabotaje sindical”. Asimismo, la desilusión de los trabajadores portuarios es evidente. Aquellos que desean trabajar denuncian que la constante interferencia de la cúpula sindical les impide acceder al trabajo, que ansían y del que dependen, mientras observan cómo se esfuman las oportunidades de progreso.
El diputado Carlos Santi ha sido una voz crítica y realista al señalar que estos conflictos se repiten “casi todos los años ” y que el sindicalismo, en lugar de ser un pilar de defensa laboral, ha terminado por ser “un tiro en los pies para la comunidad ”, resaltó para el medio sureño La Opinión.
Aunque el Gobierno provincial ha anunciado reuniones con el sindicato y el gobernador ha sostenido encuentros con representantes gremiales, el puerto de Puerto Deseado sigue sumido en una crisis que persiste desde hace varios lustros, que requiere soluciones concretas y una visión de largo plazo para evitar su colapso.
La provincia de Santa Cruz, mientras tanto, busca una mayor participación de CITC de merluza hubbsi con fines netamente sociales, una negociación que empantanó la redistribución de la misma, hoy muestra, -y desde hace muchos años-, la incapacidad de encontrar un punto de equilibrio en trabajadores que mantienen de rehén a las empresas decididas a invertir y generar empleo en aquellas latitudes, convirtiendo el desafío en una verdadera odisea. Santa Cruz, no puede continuar prisionera de un sindicalismo que insiste en detener el desarrollo en nombre de una supuesta defensa de los derechos laborales. Las consecuencias de esta actitud destructiva son graves y van mucho más allá de un conflicto laboral: significan el deterioro de una comunidad entera, la salida de empresas que aportan empleo y la pérdida de oportunidades de inversión en una región que, de otro modo, podría florecer como motor económico del sur argentino.
