La sorprendente celeridad con la que la Prefectura Naval Argentina (PNA) actuó en el caso del BP Niño Jesús de Praga ha desatado una ola de comentarios y suspicacias en el sector pesquero.
Este episodio, que podría haberse convertido en un engorroso y prolongado trámite, se resolvió en cuestión de horas, dejando perplejos a muchos que conocen de cerca los procedimientos habituales, de hecho el BP Sant’Angelo que habiendo ingresado a puerto con el agua con unos centímetros por debajo del Francobordo estuvo parado en el muelle más de una semana, después que el cuerpo de inspectores le haya retirado el SGS y de inmediato el CNSN.
Un armador atónito ayer por la noche nos decía » y resulta que un barco quedó en seco arriba de la playa, y mientras descargaba un buzo hizo una ligera inspección al casco y pasadas las 24hs estaba de nuevo en operaciones de pesca.!«, se preguntaba azorado; para despues cerrar diciendo, » ¿te acordas cuando a nosotros acá la brigada nos hacía sacar la parrilla?, y al mismo tiempo entraba el Punta Pardelas con parrilla a bordo proveniente de Rawson, pero que somo bolu…«, cerró diciendo ofuscado el emérito armador.
El incidente ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el Niño Jesús de Praga quedó varado al entrar en el Golfo Nuevo, a la altura de Punta Ninfas. Con el barco escorado y sin poder maniobrar, la situación era grave, pero tuvo la suerte de varar cuando estaba en bajante, por consiguiente cuando el agua subió, quedo a flote y pudo zafar, afortunadamente.
Además, la pronta llegada del BP Salvador R y la marea alta de la tarde permitieron que la embarcación zafara y llevada a remolque a Puerto Madryn. Hasta aquí, la narrativa parecía seguir el curso esperado de un incidente marítimo. No obstante, lo que siguió fue lo que encendió las alarmas en el sector.
Al llegar al puerto en la madrugada del viernes, el Niño Jesús de Praga fue sometido a las actuaciones de la PNA. Increíblemente, para la mañana del sábado, apenas unas horas después de atracar, -y al mejor estilo Max Verstappen-, el buque recibió autorización para retomar sus actividades de pesca. Esta rapidez inusitada contrasta notablemente con otros casos donde, ante situaciones menos graves, las embarcaciones han sido detenidas por días e incluso semanas, a la espera de revisiones exhaustivas y la revalidación de certificados.
Un armador local expresó su asombro y preocupación, señalando que es común que la PNA suspenda los certificados de gestión de los barcos y los mantenga en puerto por varios días, incluso por faltas menores. «Es muy sospechoso«, afirmó, apuntando a un posible trato preferencial o influencias externas que pudieran haber acelerado el proceso, en el mejor de los casos.
La sospecha se intensifica con el comunicado de la PNA, que mencionó un desperfecto en la pala de timón como la causa del incidente. Sin embargo, no se hizo mención de inspecciones adicionales ni de la retirada de los certificados del barco, procedimientos estándar en estos casos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas. Esta ausencia de medidas estrictas es lo que ha generado suspicacias, sugiriendo que pudo haber una presión inusual para resolver el asunto de manera rápida que por acción de alguna llamada u otras circunstancias indecorosas pudiese haber logrado lo que todo el conjunto de los armadores reclama, rebotar en el muelle e impedir la parada que tanto dificulta e impacta con la rentabilidad de las empresas. El caso es llamativo, ¿o será que en Mar del Plata, -Coliseo de la Pesca-, los controles son conformes a ordenanzas marítimas bajo la rigurosa aplicación de la Ley, y en la República separatista de Chubut, hasta en eso difiere?.
El contexto y la manera en que se desarrollaron los acontecimientos abren un abanico de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se trató con tanta ligereza un incidente grave que, según los protocolos, requeriría una investigación y control rigurosos? ¿Hubo algún interés oculto detrás de esta acelerada autorización para volver al mar? Estas dudas no solo empañan la transparencia de las operaciones marítimas, sino que también ponen en tela de juicio la imparcialidad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad en aguas argentinas, al menos parece que del Rio Colorado para el sur, las contemplaciones para algunos son otras.
En un ambiente donde la rigurosidad y el cumplimiento de las normas son vitales para la seguridad marítima y la equidad en la competencia, estos acontecimientos llaman a una reflexión profunda sobre las prácticas y las posibles influencias que podrían estar distorsionando los procesos. La celeridad con la que se resolvió este caso, lejos de ser un signo de eficiencia, parece más bien un indicio de irregularidades que deben ser aclaradas para mantener la confianza en las instituciones y en el marco regulatorio del sector pesquero argentino.
