En la tarde del domingo 29 de septiembre, se produjo un accidente de tránsito que causó gran consternación en la provincia de Santa Cruz debido a la participación de dos funcionarios públicos. El siniestro ocurrió en el barrio Del Carmen, en Río Gallegos, cuando una camioneta Jeep Grand Cherokee, que transportaba a tres hombres, colisionó violentamente contra un establecimiento comercial donde opera una agencia de lotería.
Conforme a la información recabada por medios locales, el conductor del vehículo era Pablo Mandatori, quien ejerce el cargo de Director General de Relaciones Legislativas Municipales y también funge como asesor del Gobierno provincial. Después del impacto, Mandatori y sus acompañantes abandonaron la escena del accidente y se dirigieron a pie hacia la residencia del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, situada a poca distancia del lugar de los hechos.
Los involucrados, quienes según testigos presentaban signos compatibles con la ebriedad, lograron resguardarse en el domicilio del ministro, permaneciendo allí hasta que fueron detenidos por las autoridades policiales. El incidente, ocurrido alrededor de las 18 horas, derivó en un despliegue policial significativo que se extendió hasta bien entrada la noche. Finalmente, los tres individuos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría segunda de esa localidad. Varios patrulleros fueron movilizados para proceder con la detención de los ocupantes del vehículo y garantizar la retirada de los mismos de la residencia ministerial, lo que exacerbó la situación y el revuelo en la comunidad.
En tanto, desde esta editorial, colegas de Santa Cruz que estuvieron en el lugar de los hechos destacaron que hubo forcejeos, armas de fuego e intentos de disparos, en lo que parece ser tierra de nadie, donde una vez más, sectores radicalizados de la política al borde de eventos compatibles con modelos feudales y anacrónicos que debiesen perpetuarse en el olvido, sin embargo tiñen el ejercicio democrático, en un claro ejemplo similar a lo que sucede en materia pesquera donde cualquiera manifiesta y se lleva por delante ordenanzas, disposiciones, resoluciones y leyes que el vandalismo corta transversalmente a toda la actividad. «Después, se quejan que no hay trabajo e inexplicablemente buscan refugio para paliar situaciones sociales propias del desconcierto y una pésima administracion superada en este tipo de eventos a la vista, en la pesca«, nos decía un capitán de armamento cuya flota usa de asiento la localidad de Puerto Deseado, destacando que » aca son todos iguales, lo que paso es parte de un modelo social que se refleja en el muelle; es tierra de nadie, donde cuatro patoteros con poder, un día de un lado, y el otro del otro, convirtieron en tierra árida lo que debiese ser un vergel productivo y pujante «.
Ante este desafortunado episodio, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, solicitó el día siguiente la renuncia de siete altos funcionarios, entre ellos -casi injustamente- los ministros de Trabajo, Julio Gutiérrez, y de Salud, Ariel Varela, ambos considerados figuras cercanas al mandatario. En una declaración enfática ante la prensa, Vidal fue categórico: «No he llegado a este gobierno para encubrir a nadie, ni defenderé a quien no lo merezca«, buscando distanciarse de los recientes acontecimientos y poner fin a la crisis política que se ha intensificado y que termina afectando a un importante sector que financia la administración provincial como es la actividad pesquera.
Este profundo reajuste en el gabinete, el más importante en diez meses, fue una respuesta directa a los recientes sucesos que han estremecido el escenario político de la provincia. El gobernador no solo pidió las renuncias, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a lo que describió como «operaciones políticas orquestadas por sectores opositores «. Durante su alocución de unos veinte minutos, Vidal destacó los logros de su gestión, y subrayó la necesidad imperiosa de reestructurar el aparato estatal, sin expresar agradecimiento hacia los funcionarios salientes, y en cambio enfatizando la urgencia de renovación en un contexto de desgaste institucional.
Desde medios locales se mencionó además la reestructuración de áreas sensibles como la pesquera, citando la destitución previa de Harold Bark, consejero titular del Consejo Federal Pesquero, debido a un incidente de índole similar e inaceptable para el propio gobernador.
En su discurso, Vidal también expresó: «Pido disculpas a la sociedad por los hechos recientes, aunque considero que ha habido una gran distorsión política y una manipulación de la información que no refleja la realidad. No creo que el ministro sea directamente responsable de lo acontecido«. Sin embargo, la renuncia de Gutiérrez, un dirigente de extracción sindical al igual que Vidal, fue mantenida firme, subrayando la importancia de actuar con integridad y responsabilidad ante los ciudadanos.
«Mi compromiso es con la provincia y su gente. No estoy aquí para encubrir a nadie ni para justificar lo que no se puede justificar. Trabajo incansablemente para que Santa Cruz progrese, y no permitiré que situaciones como estas comprometan ese esfuerzo«, concluyó Vidal, dejando clara su determinación de mantener el rumbo de su gestión en medio de una tormenta política que enfrenta resistencia a los cambios estructurales en la administración de los recursos provinciales.
Como consecuencia de este incidente, varios sectores gremiales, particularmente los vinculados a la descarga y alistamiento en Puerto Deseado y Caleta Paula, aprovecharon la situación para visibilizar sus diferencias con el gobierno provincial, lo que introdujo un matiz político en la actividad productiva y complicó aún más el escenario pesquero, que en otro orden de cosas terminó catapultando desarmonías también en el ámbito del Consejo Federal Pesquero, como caja de resonancia de las desarticulaciones y sobre exigencias provinciales.
