Uno de ellos fue el representante de la Intercámaras Eduardo Boiero, quien expuso por espacio de cinco minutos (al igual que todos los oradores no importara cual fuera el sector).
En su alocución Boiero expuso dos puntos de la pretendida Ley que desde el sector consideran que los afecta de forma directa, en una clara, concisa y contundente exposición.
“Por un lado, voy a ir por lo más sencillo como ya se ha dicho. Las economías regionales, no resistimos un 15% de derechos de exportación. Esto afectará por supuesto la economía de las empresas, pero afectará fundamentalmente la elaboración de productos con cierto valor agregado y productos que llegan al mundo en forma directa a los consumidores. Nos lleva a tener que volver a hacer materias primas y exportar materias primas, y no necesariamente se va a poder hacer en todos los casos, debido fundamentalmente a que el sector pesquero es un sector que tiene sus costos muy dolarizados, a diferencia de otros sectores productivos, nuestros principales costos están dolarizados, llámese salarios de tripulantes a bordo, combustible, envases” comenzó diciendo Boiero.
“La mayoría de nuestros costos están dolarizados, con lo cual una devaluación como la devaluación que hubo, que fue importante realmente, no nos impacta de la misma manera que otros sectores productivos, con lo cual no tenemos una renta que nos permita afrontar un 15% de derechos de exportación”, describió el presidente de CAPeCA.
“Estamos pagando derechos de exportación desde el año 2002 a la fecha, salvo algún año que se exceptuó, y llevamos aportado más de 2.000 millones de dólares en derechos de exportación el sector pesquero. Esto como dije, no sólo afecta a la empresa sino que afecta a todos esos puestos de trabajo que hay a lo largo del litoral marítimo afectados a producción de derivados de la materia prima que se extrae del mar. Entonces solicitamos que no se aplique y se mantengan los niveles actuales de derechos de exportación que a lo largo del tiempo se fueron modificando a efectos de contemplar los distintos valores agregados que tenían los distintos productos, de manera tal de segmentar entre aquellos de mayor valor agregado con los de menor valor agregado”, relató ante el Plenario.
“Creemos que aumentar estos derechos de exportación en este momento, afectará gravemente ese equilibrio que existe entre los distintos productos. Pero como si esto fuera poco, venimos aquí a pedir que se elimine todo el título 3 de la Ley Ómnibus, capítulo 8, artículo 242 a 253, que proponen una reforma del Régimen Federal Pesquero”, solicitó el abogado.
“El Régimen Federal Pesquero es la Ley 24.922, que fue aprobada por este mismo Congreso de la Nación después de cuatro años de un largo debate, entre los años 1993 y 1997, donde se tuvieron en cuenta los distintos proyectos que había en ese momento presentados, y se logró un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene en el sector. No existe conflictividad en el sector con relación a la Ley de Pesca, todo lo contrario, esta Ley de Pesca vino a solucionar los conflictos previos a su sanción, como eran los conflictos que existían entre las jurisdicciones provinciales, de las provincias que tienen litoral marítimo, con la Nación, llámese Santa Cruz, Chubut o casos en la Corte Suprema de la Nación, etcétera”, relató Boiero.
Asimismo en su exposición manifestó que el Régimen Federal Pesquero, solucionó reclamos sobre la participación en la administración de los recursos “que hacían estas provincias sobre los recursos que son migratorios y pertenecen a las aguas provinciales. Toda esa etapa de conflictividad, se resolvió con esta Ley, al reconocerse el dominio y la jurisdicción a las provincias y crearse este órgano que se llama Consejo Federal Pesquero, donde hay cinco representantes de las provincias con litoral marítimo y cinco representantes de la Nación. En ese Consejo Federal Pesquero no está el sector privado, es totalmente representativo del poder, del Ejecutivo Nacional y de las cinco provincias. Ese Consejo
Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee y cuestiones que se plantean en este proyecto de reforma. Pero aun así este proyecto de reforma que se envía en la Ley Ómnibus, trae cuestiones que consideramos que parten de un grave error o un desconocimiento del sector. Permitir una licitación internacional, permitir buques de bandera extranjera, permitir descargas en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no sólo acabaría con la industria pesquera tal como la conocemos hoy, una industria que lleva más de 150 años, sino que representa una pérdida de soberanía para el país”, relató brindando información que los legisladores ya deberían saber, al menos la mayoría.
Ya en su tramo final, agregó que ”básicamente esos son los puntos fundamentalmente, hemos presentado documentación… no es simplemente lo nuestro una defensa corporativa del sector, sino que estamos hablando de defender algo que funciona y que funciona bien, si quiere modificar el gobierno cualquier cosa, tiene el Consejo Federal Pesquero, tiene a la Autoridad de Aplicación para realizarlo ahí. Plantear que lo importante es simplemente una licitación donde sólo se valorice el canon que se paga, es volver al pasado, esto ya se discutió, la Ley actual hace un concurso por antecedentes y eso es lo que se aceptó en su momento, cuando se hizo la Ley de Pesca y en base a lo cual todas las empresas hicieron sus inversiones, actualmente inversiones en curso”.
Dedicando unos segundos a la otra industria que se ve afectada, Boiero dijo: “hoy a la industria naval se le han parado órdenes de compra o de fabricación de buques en Argentina. Hoy se han parado certificación de pesquerías, hoy se encuentra semi paralizado el sector ante este proyecto que se acaba de presentar”.
Quien también tuvo su espacio en el Plenario, de modo virtual, fue el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras Agustín de la Fuente quien expresó:
“La industria pesquera de todo el país implica y representa a más de 45.000 trabajadores y sobre todo a muchas empresas radicadas, hace muchos años. Somos la octava representación exportadora del país. Nos sentimos muy sorprendidos por el envío y la modificación de algunos artículos, donde afectaban esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien, donde la Ley Federal de Pesca, en el año 1997, trató todo el conjunto de la sustentabilidad de los recursos naturales, de poder hacer la industria argentina pesquera valerse y ser muy federal. Ahí mismo se conformó el Consejo Federal donde todas las provincias con litoral marítimo tienen representación”, describió de la Fuente.
“Principalmente la política pesquera, en este órgano, en esta institución que funciona desde el año 1998, tiene representación, y la política pesquera nacional le ejecuta el Gobierno Nacional, el Ejecutivo Nacional, donde la política la marca el mismo gobierno, porque tiene mayoría. Creemos que generalmente y continuamente, se viene a aggiornando la legislación, se vienen tomando medidas de sustentabilidad, de cuidado de recursos de trazabilidad, donde hoy somos destacados en el mundo por ser uno de los caladeros más cuidados, más sustentables, que no es lo que pasa generalmente en un montón de lugares del mundo”, expuso el presidente de CAPIP.
Además de la Fuente destacó que “queríamos transmitir nuestra preocupación. Toda modificación o derogación que se ha propuesto, la verdad que afecta a un sentido de nuestra economía, de un sentido exportador, de toda esa trazabilidad que han tenido los recursos naturales, que los afectarían muchísimo”, mostrándole también a propios y extraños que “creemos que esto va a ser un gran error, si se puede avanzar, dependemos y representamos y tomamos un rol muy importante porque somos responsables de muchos trabajadores”, expuso en tres minutos y medio de su alocución.
