Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, los gremios del sector marítimo y pesquero profundizaron sus medidas de protesta y acompañaron la presentación judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La norma quedó ahora en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial.
Una vez publicada oficialmente, comenzará su vigencia. Mientras tanto, el frente sindical marítimo mantiene la movilización en rechazo a los cambios introducidos.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), junto a otras organizaciones vinculadas al transporte, participaron de la movilización al Palacio de Tribunales en respaldo al amparo promovido por la CGT contra la reforma laboral. La acción judicial busca cuestionar la constitucionalidad y el alcance de las modificaciones aprobadas.
Desde el sector sostienen que la reforma afecta principios estructurales del derecho laboral y altera el encuadre normativo que históricamente reguló el trabajo embarcado. En ese marco, remarcaron que la defensa de los derechos del personal se dará en todos los ámbitos: en la vía judicial, en la movilización pública y en el plano institucional.
La jornada contó también con la presencia de dirigentes sindicales marítimos que reafirmaron el compromiso de sostener la unidad del movimiento obrero frente a una norma que, según plantean, impacta directamente en la estabilidad laboral y en las condiciones de trabajo del sector.
Con la ley ya sancionada y pendiente de promulgación, el escenario abre una nueva etapa para el sector. La eventual reglamentación y aplicación concreta de la norma será determinante para medir su impacto real en el trabajo embarcado.
Mientras tanto, los gremios marítimos anticipan que sostendrán la estrategia en el plano judicial y la movilización pública, en un contexto donde el alcance del nuevo régimen laboral comienza a trasladarse del debate parlamentario a la interpretación administrativa y judicial. El desenlace dependerá ahora de lo que definan los tribunales en torno a los planteos de inconstitucionalidad presentados por el movimiento obrero.
