En el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las principales cámaras empresarias del sector pesquero mantuvieron ayer una nueva audiencia sin alcanzar un acuerdo en torno a la actualización de los salarios básicos para el personal embarcado comprendido en los convenios colectivos vigentes.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la presencia del secretario de Conciliación, Dr. Pablo Crebay. Por parte del SOMU participaron el secretario nacional de pesca Juan Navarro, el subsecretario David Ramírez, el delegado José Valderrama, el secretario de la Seccional Mar del Plata Oscar Bravo y el representante de la Seccional Corrientes Gonzalo Soto, todos asesorados legalmente. Del lado empresario estuvieron presentes representantes de CAPA, CAPIP, CAPeCA y CEPA.
Durante la audiencia, la parte empresaria propuso una nueva pauta salarial con aumentos del 1,2% para los meses de abril y mayo, y del 1% para junio y julio. Sin embargo, el SOMU rechazó nuevamente la propuesta por considerarla irrisoria, remarcando que el 0,2% adicional con respecto a la oferta anterior resulta una “falta de respeto” hacia los trabajadores y hacia la organización sindical.
El gremio también cuestionó que las cámaras apelen a supuestas dificultades económicas vinculadas con la pesca de langostino, señalando que esta especie genera márgenes de ganancia elevados y ha convertido a las empresas que la explotan en algunas de las más rentables del país.
Además, el SOMU denunció maniobras extorsivas por parte de las firmas Pesquera San Isidro SA, Riminimarr SA, Conarpesa SA y Agropez SA, acusándolas de incumplir con la retención de aportes sindicales, en violación al artículo 38 de la Ley 23.551. La denuncia fue acompañada por el pedido de apertura de un incidente por práctica desleal, encuadrado en los artículos 53 incisos g y c de la misma norma, en el marco de la ley 14.786, al tratarse de acciones cometidas durante la vigencia de la conciliación obligatoria.
Desde CAPIP, cámara a la que están asociadas algunas de las empresas denunciadas, se rechazaron las acusaciones por considerarlas “falaces, maliciosas e improcedentes”, tanto en relación con las firmas señaladas como en lo referido al marco administrativo de la audiencia.
Frente a la falta de entendimiento, el funcionario actuante instó a las partes a continuar el diálogo en un clima de paz social y anunció que se pondrá en conocimiento de sus superiores todo lo expresado en la audiencia. Finalmente, se fijó una nueva convocatoria presencial para el próximo miércoles 28 de mayo a las 12:30 horas.
La tensión entre el gremio y las cámaras empresarias se profundiza, y la continuidad del conflicto dependerá de la evolución de las negociaciones y de la respuesta del Ministerio frente a las denuncias planteadas.
