La prolongada inactividad de la flota congeladora dedicada a la pesca de langostino, que ya se extiende por casi ocho meses sin zafra, ha generado efectos que trascienden lo estrictamente económico, impactando de manera directa en el plano social. No se trata únicamente de embarcaciones detenidas ni de balances empresariales en desequilibrio, sino de un número considerable de trabajadores embarcados que enfrentan una situación crítica, sin ingresos, con escasa previsibilidad y, en muchos casos, sin una representación efectiva que canalice sus demandas.
Durante este período de inactividad, las necesidades cotidianas persisten sin pausa. Mientras el conflicto se debate en instancias técnicas, ámbitos sindicales o incluso en el espacio digital, las urgencias de los trabajadores se expresan en alquileres impagos, necesidades básicas insatisfechas y compromisos personales cada vez más difíciles de sostener. Para quienes dependen directamente de la actividad pesquera, este prolongado parate no representa simplemente una interrupción laboral, sino una situación límite.
La continuidad de este escenario pone en evidencia un entramado más complejo, en el que convergen la falta de articulación entre los distintos actores gremiales y empresariales, una representación sectorial incapaz de interpretar que el problema es de costos operativos, y también laborales; y la ausencia de mecanismos eficaces de negociación por sobre todo. La última acta de acuerdo, con vencimiento el 31 de marzo, no ha tenido continuidad formal ni se ha comunicado avance alguno desde entonces, es que el problema radica en sus estructuras y fundamentos mas que en encontrar la solución paritaria. La falta de información oficial, en un contexto como este, incrementa la incertidumbre y contribuye a un clima de creciente preocupación.
En paralelo, ha comenzado a mencionarse la posibilidad de habilitar operaciones en aguas bajo jurisdicción nacional, hacia fin de mes, lo que podría reactivar el debate en el ámbito del gobierno central en caso de que la flota fresquera tampoco salga a la captura de marisco, según lo informado, por las cámaras de ese segmento del sector pesquero. En ese sentido, desde el gobierno se señala que, de mantenerse la paralización de la actividad, podrían verse comprometidas exportaciones por un valor superior a los 700 millones de dólares, lo que habilitaría la intervención del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación con nuevos elementos para evaluar. Otra posibilidad, y poco habitual, es que el sindicato se presente en Conciliación Obligatoria exigiendo condiciones anteriores al conflicto, por lo que se invierten los roles, aunque demandaría una puesta en marcha de la flota, aún en condición prejuiciosas para una de las partes.
Desde el punto de vista de los trabajadores, muchos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aquellos que no cuentan con garantizado o no se hallan en situación de relevo no perciben ingresos desde hace varios meses. Incluso quienes reciben algún haber, lo hacen en montos que han sido superados ampliamente por los efectos de una inflación sostenida. Esta situación configura una ecuación desequilibrada: ausencia de ingresos, escaso respaldo gremial activo y sin perspectivas de una pronta reactivación.
En este contexto, comienza a circular un temor creciente entre los propios trabajadores: que esta crisis se convierta en un escenario propicio para la implementación de cambios contractuales regresivos o acuerdos por fuera de los marcos tradicionales de negociación colectiva. La preocupación gira en torno a que cualquier medida adoptada bajo presión o sin consenso pueda establecer precedentes que comprometan las condiciones laborales de largo plazo.
También desde el sector empresarial se han manifestado señales de preocupación. Se indica que la actual estructura de costos —con especial énfasis en los laborales— ha alcanzado niveles que dificultan la viabilidad operativa. En este marco, se ha propuesto durante el fin de semana, una medida puntual: suspender temporalmente los descuentos sindicales sobre los haberes de aquellos trabajadores que aún perciben ingresos, a fin de incrementar su salario neto. Dicha propuesta se presenta como un alivio transitorio y como un gesto simbólico de acompañamiento en un contexto particularmente adverso.
En relación con este punto, cabe recordar que la Ley Nro. 23.551, conocida como la Ley de Asociaciones Sindicales, establece los principios y reglas que rigen la creación, organización y funcionamiento de las asociaciones sindicales en Argentina. Esta ley garantiza la libertad sindical, protege los derechos de los trabajadores y define las responsabilidades de las asociaciones sindicales; y establece que la cuota sindical posee carácter voluntario, salvo notificación explicita del trabajador. En consecuencia, el trabajador tiene la potestad de renunciar a su pago en cualquier momento. Sin embargo, es importante diferenciar esta contribución de otros aportes obligatorios —como los destinados a obras sociales o previsión social— que están establecidos por ley y, por tanto, no pueden ser modificados por decisión unilateral ni del sindicato ni del empleador.
En este sentido, también debe destacarse que, si bien la afiliación sindical es voluntaria, una vez efectuada, el empleador tiene la obligación legal de retener y transferir la cuota correspondiente al gremio. No está facultado para suspender este procedimiento ni para reintegrar dicho importe al trabajador, salvo que exista una renuncia formal por parte del afiliado, conforme a los mecanismos previstos por la normativa vigente.
No obstante, más allá de las medidas transitorias que puedan contemplarse, la situación actual pone en evidencia una problemática de fondo: la necesidad de repensar y fortalecer el sistema de relaciones laborales del sector y sobre todo la incapacidad para que los mismo que llevaron a un esquema deficitario, sean quienes propongan la solución. La falta de adecuación a nuevas dinámicas productivas y la ausencia de herramientas eficaces de protección ante contextos de crisis han derivado en una situación de alta fragilidad estructural.
Frente a esta realidad, resulta imprescindible que las autoridades competentes, los representantes gremiales y el sector empresario asuman de manera conjunta y urgente el compromiso de encauzar soluciones sostenibles. Parte de estas, -seguramente y como lo habíamos adelantado oportunamente-, serán los temas relevantes a partir de hoy, en la Seafood Expo Global Barcelona 2025 mientras el sector empresarial busca tener un panorama mas clro del mercado en precios y demanda. Lo concreto al momento es que quienes pensaban que el no salir a pescar fuera de la ZVPJM
En este contexto, la ausencia de respuestas oportunas y el silencio que se prolonga en el tiempo adquieren una gravedad que trasciende lo técnico, para inscribirse en el terreno de las responsabilidades éticas y las decisiones colectivas no siempre asumidas. Así, frente a la eventual apertura de la temporada en aguas de jurisdicción nacional y la posible negativa a realizar operaciones sobre la especie langostino, la intervención del más alto nivel gubernamental podría no sólo redefinir el curso de los acontecimientos, sino también complejizarlo en formas difíciles de anticipar, donde lo político, lo económico y lo social dejarían de ser esferas separadas para fundirse en una misma y delicada trama de consecuencias.
