El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó un informe que reitera un viejo diagnóstico con renovada contundencia: contratar un trabajador formal en el país implica un costo adicional cercano al 79% del salario, muy por encima de los niveles de Brasil (63%) o Chile (58%).
Detrás de esa cifra se esconde una estructura rígida y obsoleta de contribuciones patronales, indemnizaciones y cargas sociales que desalienta la creación de empleo registrado y empuja a casi la mitad de la fuerza laboral hacia la informalidad.
Los tres ejes de lo que dejó IDEA esta última semana delinearon en torno a costos excesivos, litigiosidad persistente e informalidad estructural dejando en el ambiente empresario un panorama crítico que afecta por igual a la industria, los servicios y sectores productivos claves como el exportador, por ende el pesquero.
La persistencia de ese esquema —según IDEA— no solo erosiona la competitividad, sino que socava la base previsional; “se necesitan las contribuciones de 27 monotributistas para igualar los aportes de un solo trabajador formal”,expresó el economista Santiago Bulat, en una explicativa y clara exposición. Un desequilibrio que vuelve insostenible cualquier intento de modernización si no se aborda de raíz el sistema contributivo.
La litigiosidad como trampa paralela
A los costos se suma lo que el empresariado denomina “la industria del juicio”, una dinámica que se mantiene incluso después de la eliminación de las multas por despido a través de la Ley Bases.
El informe de IDEA advierte que la discrecionalidad judicial en la actualización de los créditos laborales genera una incertidumbre que puede elevar los montos finales hasta un 80% por encima del ajuste inflacionario.
Durante el último año se iniciaron más de 122.000 nuevos juicios laborales, una cifra que sigue en ascenso y que desincentiva tanto la contratación como la inversión en nuevos proyectos.
Sturzenegger: la libertad que no se ejerce
En ese mismo escenario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, endureció su discurso ante los empresarios.
“El Gobierno les dio libertad para rediseñar los contratos laborales, pero nadie hizo nada”, lanzó ante un auditorio de mil ejecutivos en el hotel Sheraton de Mar del Plata.
El funcionario recordó que la administración nacional había delegado en cada sector la posibilidad de definir, en sus convenios colectivos, mecanismos alternativos de cese laboral al modelo tradicional de indemnización. Sin embargo, no hubo avances significativos; mientras en el break coffe, varios ejecutivos deslindaron responsabilidad haciendo hincapié en el poder de los sindicatos, variable que el economista no tuvo en cuenta en su exposición.
La réplica desde IDEA no tardó en llegar: la implementación de un fondo de cese requiere acuerdos explícitos dentro de cada convenio y, además, representa un costo fijo mensual adicional para las pequeñas empresas.
El intercambio expuso la distancia entre el ideal de desregulación y la realidad sectorial: la mayoría de las cámaras empresarias no tiene el margen económico para absorber nuevos compromisos.
Sturzenegger también apuntó contra lo que denominó “impuestos privados ilegales”; aportes compulsivos incluidos en los convenios colectivos bajo la forma de fondos de capacitación, mutuales o servicios sindicales.
Según su diagnóstico, esos “peajes” encarecen el costo laboral y terminan reduciendo el salario neto del trabajador. En algunos gremios, dijo, el costo anual por empleado supera el millón de pesos, una carga que finalmente traslada sus efectos a los precios al consumidor o a la marginada rentabilidad empresaria.
El ministro defendió el Decreto 149/25, que prohíbe los aportes obligatorios desde el lado empleador, y argumentó que la capacitación debe ser voluntaria.
Desde el empresariado, en cambio, se reclama previsibilidad jurídica y una estructura fiscal más racional antes de introducir nuevas exigencias.
Productividad en caída y brecha educativa
Las exposiciones en el segmento laboral hizo referencia a un ambiente que generó el entorno ideal para impulsar la crisis de productividad que ya lleva más de una década. Desde 2011, la productividad laboral argentina cayó un 14%, mientras que a nivel global creció un 18%. Es decir, para las empresas se incrementó el costo laboral sin tener mayor productividad a cambio, es decir, se incrementaron los derechos pero no las obligaciones.
A ello se suma un deterioro sostenido de la educación técnica y profesional: el 68% de las empresas declara tener dificultades para incorporar personal calificado. La brecha entre lo que el sistema educativo forma y lo que el mercado demanda se amplía, afectando sectores estratégicos, entre ellos la industria pesquera, donde la calificación técnica y la adaptabilidad a nuevas tecnologías resultan determinantes para sostener la competitividad exportadora.
Entre la parálisis y la oportunidad
En el tramo final del Coloquio, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentó tender un puente. Aseguró que la modernización laboral será “integral y dialogada”, pero advirtió que no habrá sustentabilidad sin empresas sólidas.
Entre las alternativas en análisis, propuso incorporar criterios objetivos de productividad en las negociaciones paritarias, un cambio de enfoque que podría vincular las remuneraciones con el desempeño real, sin desproteger derechos adquiridos.
El debate dejó al desnudo una paradoja: todos coinciden en el diagnóstico, pero nadie se atreve a ejecutar el tratamiento, algo que cada argentino crítico conoce a diario, pero que al momento de dar soluciones, los participantes no aparecen.
La Argentina necesita una estructura laboral que combine flexibilidad, previsibilidad y formación, pero persiste atada a esquemas que desincentivan el empleo y castigan la eficiencia.
En sectores exportadores como el pesquero, donde cada dólar depende de la productividad y los costos logísticos, la reforma laboral no es una opción ideológica, sino una condición de supervivencia.
Mientras tanto, las “piedras en el camino” —como las definió Sturzenegger— siguen ahí, acumulándose entre leyes, juicios y costos que conspiran contra la competitividad del país.