Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, la economía argentina registra la pérdida de más de 205.000 puestos de trabajo asalariados formales, según las últimas estadísticas oficiales.
La contracción, concentrada en el sector privado (-126.000), refleja la dificultad de un tejido empresarial que atraviesa un escenario de caída de la demanda interna, costos financieros elevados y menor nivel de actividad.
Las proyecciones para agosto anticipan un nuevo retroceso, lo que confirma que la creación de empleo sigue estancada.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma laboral y previsional presentada como un paso hacia la modernización del sistema. Sin embargo, más allá de la orientación técnica de esas iniciativas, la dinámica macroeconómica actual impide que las medidas se traduzcan en resultados concretos sobre la producción y el empleo, al menos por ahora.
Reformas en medio de la fragilidad económica
“El régimen laboral argentino es arcaico, rígido e imprevisible”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso virtual por el Coloquio IDEA, al argumentar que la estructura vigente encarece la contratación y desincentiva la inversión.
En ese marco, el Ejecutivo propone reemplazar las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo financiado por los propios trabajadores.
No obstante, la implementación de mecanismos de flexibilización en contextos recesivos tiende a legalizar modalidades precarias sin generar nuevos empleos, afectando de manera indirecta la base contributiva del sistema previsional.
Basta con pensar que, en la actividad pesquera, para destrabar el conflicto gremial-empresarial vinculado a la operatoria de la actividad primaria —y su proyección hacia los sectores manufacturero, industrial y de procesamiento—, el costo final recayó en una significativa reducción de los ingresos destinados a la ANSES. En última instancia, el sector privado terminó trasladando sus costos a los futuros jubilados y pensionados, bajo la indiferente mirada de la Secretaría de Trabajo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En paralelo, el reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advierte sobre un déficit estructural del sistema previsional, condicionado por alta informalidad, caída salarial y menor cantidad de aportantes efectivos.
El diagnóstico es coincidente con el de diversos analistas del sector privado: la sostenibilidad del sistema depende, en última instancia, de la capacidad del país para generar empleo formal, salarios reales en recuperación y estabilidad macroeconómica.
Si bien el sistema previsional amplió su cobertura en los últimos años, lo hizo a costa de un deterioro constante en el poder adquisitivo de las jubilaciones.
En un contexto inflacionario persistente, las prestaciones funcionan como variable de ajuste y la recaudación se ve afectada por la reducción del salario real.
Según la OPC, la proporción de aportes y contribuciones sobre el PBI cayó 1,3 puntos porcentuales desde 2017, acentuando la dependencia de las transferencias del Tesoro para financiar el déficit del sistema.
Al mismo tiempo, los salarios formales permanecen por debajo de los niveles reales de 2023, mientras la economía acumula seis meses de caída en la actividad.
Este escenario no solo condiciona las políticas laborales, sino que restringe la capacidad de la economía para sostener su perfil productivo exportador.
El debate sobre la reforma laboral y previsional, aunque central, no agota la problemática de fondo.
La presión tributaria sobre el trabajo y las exportaciones, la distorsión cambiaria y la brecha entre la evolución de los costos internos y los precios internacionales —que se mantienen rezagados o con sesgo bajista— configuran un entorno que erosiona la competitividad estructural del país.
A ello se suma un cambio profundo en los patrones de consumo global, que modifica la demanda de productos terminados argentinos, especialmente en sectores de base agroindustrial y pesquera.
La pesca, al igual que otros complejos agroexportadores, enfrenta los mismos desafíos; un tipo de cambio poco competitivo desde agosto del año 2024, hasta julio de este año, altos costos laborales y logísticos, y una carga impositiva que reduce márgenes frente a mercados internacionales con precios deprimidos.
Este desequilibrio limita la capacidad del sector para sostener su rol como generador de divisas y empleo calificado en las economías regionales y contagia a la industria naval que pudo sortear esa desventaja con mayor compromiso y eficiencia; aunque con ello no alcance.
Equilibrar crecimiento, sostenibilidad y empleo. Opinión
El modelo actual debe entenderse como una etapa de transición entre dos visiones históricamente opuestas del mundo laboral, en medio de un proceso global de transformación profunda. Las nuevas generaciones ya no conciben el trabajo bajo el paradigma rígido de las ocho horas presenciales, sino bajo esquemas que valoran la flexibilidad, la autonomía y la relación directa entre productividad y propósito. En ese escenario, la economía argentina intenta adaptarse mientras atraviesa tensiones internas derivadas de un ajuste estructural que impacta en su tejido productivo.
En medio de este contexto se encuentra la actividad pesquera y la industria naval, sectores estratégicos que reflejan con nitidez las contradicciones del momento: alta competitividad potencial, pero condicionada por costos internos, presión tributaria, tipo de cambio desalineado y rezago de precios internacionales.
El desafío es doble: modernizar sin desproteger, y crecer sin renunciar a la equidad. Solo una estrategia integral —que combine estabilidad macroeconómica, incentivos productivos, reglas laborales modernas y una política de desarrollo orientada a la producción y las exportaciones con valor agregado— podrá reconstruir un modelo sostenible.
La verdadera modernización no consiste en flexibilizar derechos, sino en alinear productividad, innovación y bienestar social. De ese equilibrio dependerá la capacidad del país para recuperar empleo, inversión y confianza en su futuro.