El prolongado diferendo entre el gobierno de la provincia de Chubut y la compañía pesquera Red Chamber, de capitales estadounidenses, ingresó en una nueva etapa tras la firma de un acuerdo que pone fin a meses de tensión judicial, política y empresarial. La compañía, que opera en el país a través de su filial Red Chamber Argentina, confirmó una inversión de 70 millones de dólares para establecer una nueva planta industrial en Trelew, mientras que la provincia dio por concluido el conflicto que había derivado en la rescisión del contrato sobre los activos de la ex Alpesca en Puerto Madryn.
Origen del conflicto
El desencuentro se remonta a febrero de 2025, cuando el gobierno provincial — encabezado por Ignacio Torres— resolvió dar de baja el convenio de arrendamiento que desde 2015 vinculaba a Red Chamber Argentina con el complejo industrial y la flota de la ex Alpesca S.A., expropiada por la provincia en 2013. Las autoridades provinciales argumentaron incumplimientos contractuales y una deuda significativa por cánones impagos, y decidieron transferir la operación a la compañía española Profand, a través de su subsidiaria Pesquera Deseado S.A.U. a los efectos de continuar respaldando las fuentes de trabajo del complejo langostinero de Puerto Madryn.
La reacción judicial en Estados Unidos
La respuesta de Red Chamber fue inmediata. El 30 de septiembre de 2025, la empresa y su filial argentina interpusieron una demanda ante el Tribunal del Distrito Central de California contra el Grupo Profand S.L. y Pesquera Deseado S.A.U. presentado por el Estudio Tucker Ellis LLP con la firma de los letrados Marc Greenberg, Peter L. Choate y Marlin Y. Gillespie; abogados de los demandantes Red Chamber Co. y Red Chamber Argentina SA.
El escrito judicial los acusa de apropiación indebida, espionaje económico y conspiración para despojarla de sus operaciones en Chubut. Según la presentación, el accionar conjunto de la empresa española y de funcionarios provinciales habría tenido como propósito transferir activos y contratos bajo “pretextos fraudulentos”.
El documento también hace referencia a un presunto pedido de pago de 6,5 millones de dólares —denominado “B-money”— que habría sido solicitado, según la demanda, por un funcionario provincial como condición para mantener la concesión de la planta. Entre los mencionados figura Andrés Meiszner, actual Fiscal y exministro de Economía, quien negó categóricamente las acusaciones y anunció que promoverá acciones legales para defender su nombre y el de la provincia. Meiszner afirmó que las negociaciones con Red Chamber “se realizaron en el marco institucional y documental correspondiente” y subrayó que no existe denuncia penal alguna ni en la Argentina ni en el exterior contra su persona o el gobierno de Chubut.
Las versiones enfrentadas
Mientras que la compañía estadounidense insiste en que fue víctima de un entramado que derivó en la pérdida de activos y de información sensible, la administración provincial sostiene que la medida de rescisión respondió a incumplimientos contractuales reiterados y a la falta de inversiones comprometidas. En paralelo, fuentes oficiales aclararon que la demanda interpuesta en California es un litigio entre privados que no involucra formalmente al Estado provincial.
El texto judicial también menciona al actual secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, a quien identifica como exabogado de Red Chamber Argentina, señalando un posible conflicto de intereses en su actual función pública. La provincia, sin embargo, niega haber tenido participación en ninguna maniobra vinculada a Profand o a la disputa comercial entre las compañías.
De la confrontación a la conciliación
Tras varios meses de acusaciones cruzadas y una escalada diplomática que incluyó denuncias mediáticas en ambos países, Red Chamber y el gobierno del Chubut lograron arribar a un entendimiento. El nuevo acuerdo establece la relocalización de la empresa en el parque industrial de Trelew —zona franca provincial— y contempla un esquema de compensaciones recíprocas por las controversias contractuales anteriores.
De acuerdo con el gobierno chubutense, la inversión de 70 millones de dólares servirá para la construcción de una nueva planta de procesamiento de pescado y para la ampliación de la capacidad exportadora regional. La empresa, por su parte, consideró que el entendimiento “evita un litigio millonario” y permite recomponer la relación institucional con la provincia.
Una autocrítica pendiente del sector empresario (opinión)
Este affaire, se convirtió en uno de los episodios más complejos de la historia reciente de la pesca argentina, combinando disputas contractuales, alegaciones de corrupción y tensiones diplomáticas. Aunque la controversia judicial entre Red Chamber y Profand continúa abierta en California, el acuerdo alcanzado en Chubut representa un intento de recomponer la estabilidad de un sector estratégico para la economía patagónica.
El reciente pronunciamiento de las cámaras empresariales, en el que expresan que “no estamos de acuerdo con que se otorguen nuevos permisos sin evaluar proyectos productivos, cumpliendo los requisitos de sustentabilidad de los recursos naturales y con la intervención técnica de los organismos especializados”, llega con el tono de una advertencia institucional. Sin embargo, el planteo se percibe extemporáneo frente a un escenario que lleva años demandando reglas claras y previsibles.
Apelar hoy a la sustentabilidad y a la transparencia técnica resulta legítimo pero tardío, sobre todo si se considera que durante largos períodos las mismas entidades convalidaron mecanismos poco uniformes de adjudicación, reformulación de permisos, ampliación de bodegas o reasignación de capturas. Esa falta de revisión interna debilita el mensaje y deja entrever que el actual discurso de prudencia surge más como reacción ante la pérdida de influencia en la toma de decisiones que como una convicción estructural de cambio.
En definitiva, el reclamo por transparencia en la administración de los permisos debe sostenerse con la misma vehemencia cuando las decisiones benefician o afectan a todos por igual, y no solo cuando el equilibrio de poder dentro del sector se ve alterado. Una autocrítica profunda —y no meramente declarativa— podría dotar de mayor credibilidad a los actores empresariales que hoy exigen rigor institucional y sostenibilidad biológica, cuando el INIDEP durante años fue expulsado impidiendo llevar adelante la información de las métricas de los modelos matemático científicos en aguas provinciales.
Como consecuencia de la indefinición gubernamental respecto de la solicitud presentada esta semana por el arco empresario; y ante el riesgo de descompensar el equilibrio logrado en materia de distribución y gestión de permisos —particularmente por las formas empleadas para la adjudicación de dos nuevas autorizaciones de pesca—, la actividad gremial ha tomado participación activa en consonancia con un guiño del sector armatorial, disponiendo una cesación temporal de actividades hasta tanto se esclarezca la intempestiva resolución que será tratada el próximo jueves en la Cámara de Legisladores de la provincia. Un mar de dudas, en la próxima temporada de pesca de langostino 2025-2026 en aguas bajo la jurisdiccion provincial. Lamentablemente, el sector laboral sufre el impacto de cuestiones ajenas a su voluntad.
