La situación institucional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) continúa sin definición judicial y suma nuevos focos de tensión. Mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aún no se expidió sobre los planteos presentados en el marco del conflicto electoral interno, distintos sectores del gremio advierten sobre el riesgo de consolidar decisiones sin respaldo legal y reclaman elecciones libres y democráticas.
En ese contexto, y tras el vencimiento de los mandatos nacionales el pasado 28 de diciembre, se acumulan presentaciones judiciales que ponen en cuestión tanto una eventual prórroga de autoridades como el alcance de las medidas cautelares dictadas hasta el momento.
En el expediente que tramita ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el secretario de la Seccional Corrientes del SOMU, Gonzalo Ricardo Soto, solicitó el dictado urgente de una medida cautelar de no innovar, para impedir cualquier intento de extender o prorrogar mandatos nacionales sin sustento estatutario pero la ultima palabra es de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación.
El escrito sostiene que los mandatos del Secretariado Nacional cesaron indefectiblemente el 28 de diciembre de 2025 y advierte que, sin una tutela judicial inmediata, existe un riesgo “real, concreto e inmediato” de que se consoliden autoridades ilegítimas por la vía de hechos consumados o decisiones administrativas contrarias al estatuto sindical.
Uno de los puntos centrales del planteo es que el conflicto electoral se encuentra circunscripto exclusivamente al Secretariado Nacional y que no puede extenderse a las elecciones provinciales, seccionales y de secciones que —según se argumenta— ya fueron realizadas en legal tiempo y forma entre el 1 y el 5 de diciembre en distintas provincias del país.
En esa línea, el documento remarca que la medida cautelar que suspendió el proceso electoral fue notificada cuando los comicios ya estaban en ejecución, por lo que no podría tener efectos retroactivos ni afectar actos jurídicos consumados, invocando doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la intangibilidad de situaciones jurídicas consolidadas.
Ante la eventual acefalía del Secretariado Nacional por el vencimiento de mandatos sin autoridades válidamente electas, el estatuto del SOMU no contempla prórrogas automáticas ni extensiones judiciales de los mandatos vencidos, no obstante por tratarse de la defensa de la fuente laboral de los trabajadores de la marinería; media una posibilidad de extensión de mandato que seguramente en la jornada tendrá su plena difusión, tal lo anticipado a este medio, por un participante en la reunión gestada en la mañana de ayer en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Por el contrario, la normativa interna prevé una salida institucional distinta: el reconocimiento de las autoridades provinciales, seccionales y de secciones ya electas; la integración del Consejo Directivo Nacional con esos representantes; y la convocatoria al Congreso General de Delegados para conformar una conducción provisoria de carácter colegiado.
Ese esquema transitorio tiene como finalidad garantizar el funcionamiento del sindicato y, al mismo tiempo, convocar a nuevas elecciones exclusivamente para el Secretariado Nacional, con competencia real y participación plural de listas, sin afectar los comicios ya realizados en las provincias.
Otro eje del escrito apunta directamente a la ausencia de pronunciamiento judicial. Según se detalla, presentaciones previas vinculadas a estos planteos aún no recibieron despacho, pese a la proximidad del vencimiento de mandatos y a la gravedad institucional del caso. La demora, se advierte, podría tornar ilusoria cualquier decisión posterior y vaciar de contenido la tutela judicial efectiva.
En ese marco, se solicitó que cualquier medida cautelar quede estrictamente limitada al ámbito nacional del sindicato y que se ordene aplicar las soluciones estatutarias previstas ante un escenario de acefalía, evitando prórrogas judiciales que no se encuentren expresamente contempladas en el estatuto del SOMU.
El dictamen de la Fiscalía General
En este contexto, la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un dictamen en el que repasó el estado de la causa, los antecedentes del proceso electoral y las distintas presentaciones realizadas por las partes.
Respecto del pedido de prórroga de mandatos, el Ministerio Público Fiscal señaló que el análisis de esa cuestión se encuentra directamente vinculado con los alcances y consecuencias de la medida cautelar que suspendió los comicios, y aclaró que corresponde al propio tribunal definir el alcance de sus decisiones.
El dictamen recordó además que, en antecedentes jurisprudenciales, la Fiscalía ha considerado plausible la posibilidad de prorrogar mandatos cuando un proceso electoral es suspendido judicialmente, aunque evitó sentar una posición concreta sobre el caso del SOMU y dejó la definición final en manos de la Sala interviniente.
Mientras el conflicto continúa sin resolución, la incertidumbre también se traslada al plano gremial. Para este martes 30 de diciembre, marineros autoconvocados anunciaron una reunión en el puerto de Mar del Plata, en las terminales 2 y 3, a partir de las 10 de la mañana.
Según se informó, el encuentro busca expresar la preocupación existente entre los trabajadores ante la falta de definiciones judiciales y reclamar elecciones libres y democráticas, en un contexto marcado por la falta de certezas sobre la conducción nacional del sindicato.
Con los mandatos vencidos y sin una decisión judicial definitiva, el conflicto del SOMU continúa abierto y atravesado por dos posiciones contrapuestas: por un lado, quienes sostienen la necesidad de una prórroga excepcional para garantizar la continuidad administrativa; por el otro, quienes reclaman la aplicación estricta del estatuto y la convocatoria a nuevas elecciones nacionales como única salida válida.
En lo estrictamente operativo, algunos cruzaron la idea de un eventual conflicto mayor en caso de no resolverse, motivo por el cual, en este inicio temprano de una nueva temporada de pesca de calamar, fueron más de 43 buques poteros que zarparon hasta ayer a la noche con destino pesca al sur del paralelo 49°S, que a decir verdad, no se sabe si es como consecuencia del impacto que pueda tener esta acefalía y sus derivados inmediatos; y/o el precio y demanda internacional de calamar con una tendencia alcista de fondo en ambos segmentos.
Mientras tanto, «la falta de resolución judicial profundiza la incertidumbre institucional y gremial, y comienza a expresarse en los puertos, donde los trabajadores reclaman previsibilidad, reglas claras, cobertura de salud y un proceso electoral plenamente democrático; sobre todo una representatividad que exprese la voluntad de todos los trabajadores«, según lo expresado en diversas redes sociales.
