A mediados del mes febrero, había trascendido en la prensa nacional algunas sociedades que se vieron beneficiadas con una asociación integrada por particulares con conexiones dentro de Aduana para beneficiar a empresas que necesitaban con imperiosa urgencia ciertas importaciones realizadas con el nuevo modelo SIRA.
Por esto días, los legisladores de la Coalición Cívica, (Victoria Borrego, Paula Oliveto y Juan Manuel López) llevaron a cabo la demanda respecto de un sistema de coimas que les solicitan a las empresas para poder importar productos desde el exterior exceptuando los tiempos naturales de la gestión y omitiendo controles.
El argumento planteado tiene que ver con que algún funcionario de la Secretaria de Comercio habría impulsado autorizaciones de Comercio Exterior y atrasó otras, según beneficios personales. La denuncia, que recayó en el Juzgado 1, se basa en la Resolución Nro. 5271/22 del gobierno nacional, que establece un nuevo reglamento de sistema de autorizaciones para que las firmas obtengan acceso a dólares para importar insumos o productos para su actividad comercial.
Vale recordar que desde el propio Ministerio de Economía, y específicamente desde el área de Tombolini, se decidió reemplazar el antiguo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de “obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”.
Para los diputados de la oposición, “esta concentración de facultades, la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentan no sólo arbitrariedades, sino que abren las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción”, dice la presentación.
En el grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, con 6500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: “Si sos importador, o despachante, y necesitás aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor”, dice el texto, que consigna dos teléfonos; en ambos, una grabación propone dejar el número y esperar ser contactado.
Detenerse en los chats de WhatsApp del sector resulta también ilustrativo, por cuanto son números con características de los Estados Unidos de América +1 (321) 315-….. « La SIRA de la mercadería que tengo en el depósito fiscal, 20% en billete del valor FOB más flete y en 48 hs. la aprobaron ”, fue el comentario de personal de “verificadores”, un área de la Aduana que verifica lo que se declara en los despachos o en el puerto y sea coincidente con lo que llega en la importación.
El Gobierno está al tanto del tema. Lo prueba en primer lugar la denuncia que, hace algunas semanas, el propio Ministro Sergio Massa hizo después que un empresario le contó la existencia de estas prácticas, a lo que se deberían agregar otras 2 o 3 nuevas denuncias que el ministro de Economía prepara para los próximos días. La primera causa, que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, derivó en la detención de dos intermediarios que fueron excarcelados horas después. Según fuentes judiciales, los investigadores llegaron a ambos simulando interés y conectándose vía telefónica por WhatsApp a números cuya característica eran de Estados Unidos de América, evitando así rastros particulares en el sistema local, con un señuelo de algunos dólares. Aunque la causa sigue su curso, las picardías tampoco se frenaron: una semana después, La Nación verificó operaciones bajo la misma modalidad.
Lo concreto es que el trámite sea SIMI o SIRA es engorroso, imprevisible y lejano de las necesidades de quienes importan repuestos o insumos para seguir trabajando con la clara certeza que no se producen ni fabrican en el país. Además, PESCARE supo que las demoras también ocurren en los depósitos para poder nacionalizar la mercadería, que muchas veces por errores de codificación quedan observados los despachos para rehacer el trámite desde cero con las penalidades pertinentes, cuando muchas veces, las diferencias son ínfimas, como una tuerca de goma o de material sintético, algo que cuesta en el mercado mundial no más de u$s 5 y por la que el sistema busca entorpecer siempre intentando un atajo por fuera del marco de la Ley ante la imposibilidad de perder otros 40/60 días más.
