En el transcurso de 2024, la litigiosidad laboral en Argentina ha mostrado un aumento significativo, con un incremento del 6% en los primeros ocho meses en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque en agosto este crecimiento se moderó al 13%, la tendencia general continúa generando una profunda inquietud entre los actores del sector industrial. La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo, implementada en 2017, había suscitado esperanzas sobre una posible reducción en las demandas laborales, especialmente en lo que se conoce como la industria del juicio. Sin embargo, tras un breve periodo de estabilidad, la reaparición de juicios laborales ha sido notable.
Recientemente, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su alarma ante el aumento en la cantidad de juicios asociados a accidentes laborales, instando a la creación de cuerpos médicos forenses en las provincias para optimizar la evaluación y resolución de estos casos. En agosto, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) reportaron alrededor de 13,750 nuevos juicios, acumulando un total de 81,709 en lo que va del año. Esta situación es crítica, dado que, antes de la reforma de 2017, se registraban cifras anuales cercanas a los 120,000 juicios. A pesar de las reformas que han introducido mejoras en las compensaciones por accidentes y una tabla de enfermedades, la ausencia de cuerpos forenses en la mayoría de las provincias—salvo Mendoza—agudiza la crisis actual.
La inconsistencia en la valoración judicial es otro aspecto que contribuye al problema. Los peritos a menudo no aplican criterios consistentes al determinar el grado de invalidez, lo que resulta en indemnizaciones que superan de manera notable las propuestas por las ARTs. Esta situación se ve agravada por el sistema de remuneración de los peritos, quienes reciben un porcentaje del monto adjudicado, lo que les incentiva a sobrestimar las evaluaciones. La Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha enfatizado que el incremento de la litigiosidad representa una amenaza urgente. A pesar de la disminución de accidentes laborales y de mejoras en la atención, los reclamos judiciales continúan en aumento, generando una paradoja difícil de conciliar: menos accidentes, mejores servicios y, sin embargo, un incremento en los juicios.
El Banco Central de la República Argentina ha intervenido en la problemática, abordando la disparidad en la actualización de sentencias judiciales, especialmente bajo la presión inflacionaria. Se ha propuesto la utilización de una tasa de interés judicial, basada en el rendimiento de plazos fijos del Banco Nación, como un mecanismo para unificar criterios y ofrecer mayor estabilidad en las resoluciones judiciales.
El notable crecimiento de la litigiosidad laboral constituye un desafío considerable para el sector industrial argentino. Es imperativo implementar reformas integrales, tanto en la legislación como en la aplicación de criterios judiciales, para mitigar este fenómeno y fomentar un entorno más equilibrado y justo que beneficie tanto a empleadores como a empleados. La colaboración entre los sectores involucrados y la adecuación de las normativas son esenciales para enfrentar este complejo escenario y asegurar un sistema laboral más equitativo.
La litigiosidad laboral tiene un impacto significativo en la actividad pesquera comercial industrial de Mar del Plata, una de las ciudades más importantes de Argentina en este sector. Las empresas pesqueras enfrentan costos adicionales debido a las demandas laborales; juicios por accidentes laborales, reclamos por despidos y otras cuestiones pueden resultar en indemnizaciones elevadas, incrementando los costos operativos y reduciendo la rentabilidad. Además, la proliferación de litigiosidad genera un clima de incertidumbre entre los empresarios, lo que puede llevar a adoptar posturas más conservadoras, limitando inversiones y la expansión de operaciones.
La percepción de un entorno laboral hostil y propenso a litigios puede desincentivar a potenciales empleados, haciendo que las empresas sean más reacias a contratar personal nuevo por miedo a futuros conflictos laborales. Para mitigar riesgos, estas empresas a menudo se ven obligadas a invertir en medidas de seguridad y capacitación, lo que, si bien es positivo desde una perspectiva preventiva, implica una carga financiera adicional. Asimismo, la atención que deben dedicar a la gestión de conflictos laborales puede desviar recursos y tiempo de sus actividades principales, afectando la productividad general.
Un ambiente laboral marcado por la litigiosidad puede crear tensiones entre empleados y empleadores, deteriorando las relaciones laborales y afectando la moral de los trabajadores. Esta carga de juicios limita la capacidad de las empresas para innovar y mejorar procesos, ya que los recursos que podrían destinarse a investigación y desarrollo se utilizan para enfrentar conflictos legales. Además, la presión por cumplir con regulaciones laborales y de seguridad se intensifica, generando un aumento en la burocracia y en la necesidad de asesoramiento legal constante.
En resumen, la litigiosidad laboral en Mar del Plata afecta la actividad pesquera comercial industrial al incrementar costos, generar incertidumbre, dificultar la contratación y desincentivar la innovación. Abordar estos desafíos mediante políticas efectivas y un marco legal claro es esencial para el desarrollo sostenible del sector.
Modificación al régimen laboral
El Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto 847/2024, aprobado ayer 25 de septiembre de 2024, con la firmas de los Ministros de Economía y de Capital Humano, Luis Caputo y Sandra Pettovello respectivamente, mediante el cual se reglamentan los Títulos IV y V de la Ley Nro. 27.742, referidos a la Promoción del Empleo Registrado y la Modernización Laboral según la nueva Ley de Bases.
Este decreto tiene como propósito central establecer las normativas necesarias para implementar efectivamente los mecanismos de regularización de relaciones laborales y modernización de las estructuras laborales del país.
En el Título IV, se contemplan medidas para la promoción del empleo registrado, permitiendo que los empleadores regularicen las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, lo que incluye la condonación parcial o total de deudas relacionadas con aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
El Título V, por su parte, introduce disposiciones para modernizar el marco laboral, con un enfoque en el Sistema de Cese Laboral, destinado a ofrecer una alternativa a las indemnizaciones tradicionales por despido, facilitando así una mayor estabilidad laboral y competitividad empresarial.
La reglamentación de estos títulos permite la implementación de medidas complementarias por parte de organismos como la AFIP, para facilitar el pago de las deudas no condonadas, y establece un marco legal actualizado que busca mejorar el equilibrio entre empleadores y trabajadores.
Asimismo, se derogan y modifican decretos previos, y se faculta a diversas entidades a dictar normativas adicionales que aseguren la correcta aplicación de las medidas establecidas.
Este decreto entró en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial, asegurando el marco regulatorio necesario para actualizar y dinamizar las relaciones laborales en todo el territorio argentino.
