La reciente reunión entre el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), Sr. Gustavo González y el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, fue presentada como un paso relevante para consolidar una agenda de trabajo compartida con el Estado nacional. Según lo conocido, el encuentro buscó fortalecer la coordinación en materia de fiscalización y planificación, con un énfasis particular en la delimitación de jurisdicciones y en la necesidad de brindar previsibilidad a la actividad.
La iniciativa, en términos formales, es positiva, en un sector atravesado por tensiones operativas y gremiales en sus inicios, variabilidad biológica, presión económica y sensibilidad social, los canales de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias resultan indispensables. No obstante, en paralelo a esa lectura institucional, distintas voces del ámbito tangonero nacional —especialmente armadores consultados en Mar del Plata— ayer por la mañana expresaron preocupación por lo que interpretan como una aplicación desigual de la normativa vigente. Esa percepción revela un punto crítico, sostener criterios homogéneos y verificables para todos los actores.
El contenido sobre la reunión destacó, en primer lugar, la delimitación precisa de la jurisdicción provincial y su alcance; mejoras en fiscalización y un encaminado control en el ejercicio de la normativa vigente, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas. La reunión buscó un acercamiento entre las partes que constituye en vínculo necesario para potenciar mecanismos comunes a los efectos de encontrar los mejores perfiles operativos y de fiscalización en un recurso certificado.
Desde CAFACH, su presidente, Gustavo González, valoró la instancia como un ámbito necesario para “ordenar la actividad” y avanzar con “reglas claras”, subrayando asimismo la predisposición del Director Nacional y su equipo.
Sin embargo, el debate sectorial no se agota en la claridad cartográfica o en la coordinación de temporadas. En la práctica, la discusión se desplaza hacia un terreno más sensible, cómo se controla, con qué intensidad, bajo qué estándares y con qué consistencia territorial. En ese marco, algunos actores del sector tangonero, ayer por la mañana, en sus reuniones diarias, a pesar de ser domingo, expresaron que la reunión fue recibida con incomodidad por parte de otros participantes del entramado pesquero, en tanto entienden que persisten asimetrías en la fiscalización y en la aplicación de sanciones con la preocupación de ser un recurso transzonal.
De acuerdo con los testimonios relevados, el común denominador de la preocupación radica en el presunto incumplimiento de aspectos contemplados por la Ley Federal de Pesca y por la Resolución CFP Nro. 7/2018 y sus complementarias. Entre las prácticas observadas —según dichas fuentes— se mencionan operaciones en zonas de máxima restricción en aguas nacionales (incluida la referencia a un área identificada como IAER), así como faenas realizadas fuera del horario previsto por la reglamentación (07:00 a 19:00). También se señalaron modalidades operativas que, de comprobarse, requerirían un análisis técnico y administrativo riguroso: capturas “a granel”; izado de redes completas con cubierta ampliamente ocupada por marisco; dos zarpadas con destino de pesca en un mismo día; excedentes en el peso de cajas por encima del umbral de 18,06 kilos; y situaciones asociadas a la sobrecarga de buques, con posible afectación del francobordo.
A lo anterior se suma un aspecto que suele tensionar la conversación en los puertos, la percepción de que ciertas exigencias se aplican con mayor severidad en unos enclaves que en otros. En ese sentido, se mencionó el caso de la presencia de parrillas a carbón o leña en buques, señalándose que en Mar del Plata, -tiempo atrás-, se habrían registrado demoras de salidas hasta su retiro para autorizar la zarpada. La comparación apunta a una cuestión de fondo, que el control sea uniforme para evitar desigualdad competitiva y pérdida de autoridad normativa por tratarse una provincia bajo el manto de la Ley de un mismo país.
En este escenario, el desafío para la autoridad de aplicación es doble. Por un lado, sostener y profundizar espacios de coordinación con cámaras y actores sectoriales. Por otro, garantizar que la fiscalización sea objetiva, consistente y equitativa, sin zonas grises que alimenten suspicacias ni criterios variables que terminen erosionando la legitimidad del sistema.
Un punto que merece especial atención es el relativo a la capacidad sancionatoria y a la trazabilidad administrativa. Desde el sector consultado se desliza que las actuaciones sumariales alcanzan a un número reducido de embarcaciones frente a la magnitud de las prácticas que se observan a diario. La demanda es concreta, fortalecer la transparencia del control y la disponibilidad de información pública sobre inspecciones, actas y sumarios.
En términos de política pública, la consolidación de “reglas claras” —expresión reiterada en el comunicado institucional— requiere algunos pilares mínimos.
Primero, criterios técnicos uniformes para todas las flotas, puertos y jurisdicciones, que hoy no hay.
Segundo, trazabilidad y auditoría sistemática, combinando control presencial y herramientas tecnológicas partiendo de la base, -según armadores marplatenses- que los partes de pesca a veces son meramente un tramite que alude al formalismo pero no a la realidad de tiempos, espacios, capturas y declaraciones fehacientes.
Tercero, un esquema sancionatorio oportuno y proporcional.
Cuarto, mecanismos de información pública periódica para medir desempeño del control, detectar patrones y corregir desvíos que al día de la fecha son arbitrarios sin ninguna duda.
El encuentro entre CAFACH y la Dirección Nacional puede convertirse en una oportunidad relevante si se traduce en mejoras concretas en los procesos de fiscalización y en estándares compartidos de cumplimiento. En definitiva, la estabilidad del sector no depende únicamente de delimitar correctamente líneas imaginarias sobre el mar, sino de asegurar que el marco legal y reglamentario se cumpla de manera consistente y verificable para todos. Ese es el punto en el que el diálogo institucional y la exigencia de equidad deben encontrarse, no como consignas, sino como práctica cotidiana que funde derecho, pertenencias y obligaciones con el máximo respeto a la sostenibilidad del caladero por tratarse además, de especies transzonales.
