En el mediodía de ayer, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado dio luz verde a la idea de legislar la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, con cuatro votos a favor y uno en contra, emitido por el senador Carlos Kuschel. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la discusión en particular, donde serán evaluadas 63 indicaciones propuestas por el Ejecutivo y algunos legisladores, buscando perfeccionar el texto que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero en Chile es una iniciativa legislativa que busca redefinir la distribución de las cuotas de captura de recursos pesqueros entre los sectores artesanal e industrial. Su objetivo principal es establecer criterios más equitativos y confiables en la asignación de estas cuotas, promoviendo una regulación pesquera que refleje mejor las realidades y necesidades de ambos sectores.
El proyecto de ley propone ajustes en las proporciones de captura asignadas a cada sector. Por ejemplo, en el caso de la merluza común, la legislación vigente permite una extracción del 60% para el sector industrial y del 40% para el artesanal. La nueva propuesta sugiere modificar estas proporciones al 57% para los industriales y al 43% para los artesanales. Sin embargo, representantes del sector artesanal han manifestado que estas modificaciones aún no satisfacen sus expectativas de una distribución más equitativa.
El presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, subrayó la importancia de abordar la constitucionalidad del proyecto. “Es fundamental resolver este aspecto para evitar su judicialización. Tal como está redactado, desconoce derechos vigentes hasta 2032, lo que representa un riesgo legal considerable para las empresas del sector”, expresó.
Sandoval también alertó sobre las consecuencias socioeconómicas de la propuesta en su versión actual. Según explicó, el proyecto amenaza la estabilidad de miles de empleos y ya ha llevado a dos empresas a proyectar su cierre, lo que afectaría a entre 1.000 y 2.000 trabajadores, en su mayoría mujeres.
“Esperamos que el subsecretario Salas haya tomado nota de las preocupaciones planteadas por diversos actores del sector pesquero para corregir estos serios efectos negativos”, agregó el dirigente gremial, enfatizando la necesidad de ajustes sustanciales.
Con la aprobación en general, la iniciativa enfrenta ahora un análisis detallado que podría determinar su viabilidad y aceptación en el sector. Los ajustes propuestos serán claves para balancear los objetivos de la normativa con las preocupaciones legales y económicas expresadas por los gremios pesqueros.
Mientras tanto, el sector espera que el proceso legislativo avance con diálogo y consenso, minimizando los riesgos de judicialización y asegurando un impacto positivo tanto para la industria como para los trabajadores.
