En el marco de las negociaciones salariales de cara a la próxima e inminente temporada de pesca de langostino, los gremios SOMU, Centro de Capitanes y Patrones, y STIA han manifestado su rotunda negativa ante la nueva oferta de los armadores pesqueros unificados, quienes producto de una reunión cumbre y participativa, habían propuesto ayer un valor de 1.200 pesos por kilo de langostino para el pago en retribución a su trabajo.
Sin perder tiempo, en menos de 24hs, las centrales obreras representativas de los trabajadores de la marinería y otros vinculados en plantas procesadoras, han dejado en claro que NO SE PUEDE ACEPTAR LA PROPUESTA mientras persistan los incumplimientos de los acuerdos salariales previamente establecidos.
La cuestión del incumplimiento
Los gremios, a través de sus secretarios y delegados, han subrayado que aún no se han liquidado los aumentos salariales convenidos en las actas acuerdo suscriptas bajo los expedientes N° 2-975/2023 y N° 2-977/2023. Este incumplimiento, lejos de ser un problema menor, ha erosionado la confianza de los trabajadores hacia la parte empresarial, generando una justificada desconfianza respecto de la posibilidad de concretar nuevos acuerdos en las actuales circunstancias.
La pregunta planteada por los gremios es clara: » ¿Cómo garantizar que el nuevo ofrecimiento se cumplirá, si aún no se ha satisfecho lo pactado en la temporada anterior?. ¿No han pagado lo adeudado y proponen precios de referencia? «.
Caída del acta de octubre de 2023
Un punto de inflexión en este conflicto es la caída del acta acuerdo firmada en octubre de 2023, cuyo plazo de vigencia expiró el 31 de marzo de 2024. Dicha acta establecía un valor final por encima del que actualmente se propone para regir hasta marzo de 2025. Esta diferencia plantea una serie de interrogantes sobre la base de cálculo empleada para el ofrecimiento actual, así como el criterio de incremento salarial utilizado, puntos que aún no han sido suficientemente aclarados por la parte empresarial.
En consecuencia, los gremios han expresado su disposición a negociar los valores para la próxima temporada, pero siempre tomando como punto de partida el último valor establecido en el acuerdo que caducó en marzo de 2024. Solo a partir de esa referencia, señalan, se podrá avanzar en una discusión seria y equitativa. En una clara multiplicación de panes y peces… pero es lo firmado.
El rol del gobierno y las expectativas de los gremios
Ante este panorama de incertidumbre, los sindicatos han puesto sus expectativas en la intervención del gobierno provincial. Los gremios instan al gobernador a cumplir con los compromisos adquiridos en reuniones previas, en las que se había acordado un marco de solución a la problemática que afecta al sector. Se recalca que el recurso pesquero es de propiedad provincial, (error, el recurso pesquero como los recursos vivos del mar argentino es de propiedad de todos los argentinos, de la Nación -aclaremos-), y que es el gobierno de la provincia quien debe regular su explotación, exigiendo a las empresas que poseen los permisos la plena observancia de las normativas laborales y productivas vigentes.
Asimismo, los gremios han advertido que, en caso de persistir el incumplimiento por parte de las empresas, se debería considerar la revocación de los permisos de pesca y su redistribución a operadores que respeten las leyes y los derechos de los trabajadores.
Un llamado a la responsabilidad y la acción
Finalmente, las organizaciones gremiales reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la necesidad de garantizar un entorno laboral justo y digno. Los gremios han hecho un llamado a las autoridades a actuar con determinación para resolver el conflicto antes del inicio de la temporada de langostino, que resulta vital tanto para los trabajadores como para la industria pesquera en su conjunto.
Este conflicto pone de manifiesto la importancia de honrar los acuerdos alcanzados y de asegurar un marco de diálogo y cumplimiento que beneficie a todas las partes involucradas, garantizando así la estabilidad del sector pesquero y el bienestar de sus trabajadores.
Es importante señalar que varios armadores independientes han cumplido con los pagos acordados, no adeudando suma alguna hasta la fecha. Estos empresarios, gracias a una gestión inteligente y apegada a la ley, hoy impulsan la apertura inminente de la prospección y zafra, incluso al margen de las cámaras empresariales.
Por otro lado, la falta de previsión y la irresponsabilidad de otros armadores han ocasionado pérdidas significativas en los últimos diez meses. Estas pérdidas podrían haberse evitado, considerando que fue un año de abundancia y calidad del marisco extrema. De hecho, algunos buques, como el BP Destiny, API VIII, API X, API XII, lograron capturar y descargar más de 1.770 toneladas de langostino cada uno en apenas tres meses de zafra en aguas bajo jurisdicción nacional.
Esta situación no solo pone en peligro la apertura de la esperada zafra de langostino en aguas de Chubut, sino que también representa un perjuicio sin precedentes para el complejo manufacturero de Madryn y Rawson, así como para la provincia y la nación.
En el trasfondo, se vislumbra un error grave por parte de los sindicatos al considerar ambas propuestas sin distinción alguna, sin segmentar entre quienes han actuado correctamente y quienes no lo han hecho.
