Un proyecto de alto impacto institucional ingresó en la Legislatura de Chubut mientras la Casa de Gobierno desplegó reuniones de contención para estabilizar su bloque y contener el conflicto con la Flota Amarilla.
Los últimos días dejaron en Chubut una secuencia política de máxima intensidad, con la pesca en el centro de la escena y con el gobernador Ignacio Torres operando en simultáneo sobre dos frentes: la crisis abierta con actores del sector pesquero y la necesidad de recomponer disciplina dentro del oficialismo.
En ese contexto, el dato de mayor peso institucional fue el ingreso del Proyecto de Ley Nº 005/2026, iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar de manera sustantiva la Ley IX Nº 157, marco normativo de la política de desarrollo pesquero sustentable en la provincia. La propuesta, a la que este medio accedió, amplía atribuciones del Ejecutivo sobre los permisos de pesca e incorpora un nuevo esquema de control previo bajo la figura de un “Régimen de Ficha Limpia Pesquera”.
La presentación del texto no ocurrió en un vacío político. Llegó después de una escalada de tensión entre el gobierno provincial y empresarios junto con referentes de la Flota Amarilla, en una coyuntura donde cada movimiento oficial es leído como parte de una disputa de poder de fondo. La reforma, por su alcance, funciona al mismo tiempo como herramienta de gestión y señal política.
El proyecto apunta a modificar artículos clave de la Ley IX Nº 157 con un objetivo explícito: reforzar la precisión normativa en las causales de suspensión y revocación, regular con mayor exactitud la inactividad de autorizaciones y fortalecer las competencias del órgano de control. En ese diseño, el Ejecutivo se reserva una herramienta decisiva: la posibilidad de suspender o revocar permisos.
Entre los fundamentos del texto se afirma que el Estado provincial debe garantizar que el acceso al recurso pesquero quede en manos de actores que cumplan obligaciones tributarias y mantengan antecedentes compatibles con el interés público. Esa línea argumental ordena el espíritu general de la reforma y da marco al nuevo capítulo incorporado, que establece revisiones anticipadas de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la prórroga o la cesión de permisos, cupos y autorizaciones.
El punto más sensible para el sector no es la “Ficha Limpia” en sí, sino la ampliación de facultades para la quita de permisos. Allí se concentra la mayor resistencia empresaria y dirigencial. En ámbitos vinculados a la actividad ya anticipan que, si la reforma avanza sin cambios, podrían activarse presentaciones judiciales y una eventual ola de amparos por presunta afectación de derechos adquiridos.
En cambio, la idea de establecer filtros de antecedentes recibe, en términos generales, menos objeciones. La discusión que emerge desde parte del sector se desplaza hacia otro plano: sostienen que, si el objetivo real es combatir prácticas irregulares, el criterio debería extenderse a otros proveedores y contratistas del Estado, y no limitarse al universo pesquero.
Mientras ese debate comenzaba a instalarse, el oficialismo provincial activó una agenda paralela de reuniones para contener daños, ordenar vínculos y evitar nuevas fracturas. El jueves por la tarde, en la residencia oficial, se desarrolló un encuentro entre Damián Biss y Ignacio Torres, gestionado por el vicegobernador Gustavo Menna. La reunión estuvo atravesada por pases de factura, conversaciones sobre el cuadro político y promesas de acompañamiento por fuera de la dinámica formal del bloque legislativo.
La figura de Gustavo Menna, además, quedó bajo observación dentro de la propia Casa de Gobierno, donde algunos sectores lo señalan como responsable del desorden interno en la bancada oficialista. Aunque públicamente se niegan fricciones, el malestar persiste y excede el episodio legislativo reciente.
El viernes la estrategia de contención se profundizó con dos movimientos casi simultáneos. Por un lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Aranda, encabezó una reunión virtual con los catorce diputados que hoy integran el bloque, con la doble misión de frenar nuevas salidas y redefinir el funcionamiento parlamentario tras las últimas bajas. En ese intercambio también circularon compromisos de proyección política y electoral para quienes sostengan alineamiento.
Por otro lado, Ignacio Torres encabezó un encuentro comarcal con intendentes en la Cordillera. Participaron César Salamín (El Hoyo), Matías Taccetta (Esquel), Silvio Boudargham (Cholila), José Contreras (Epuyén), Iván Fernández (Lago Puelo) y Oscar Currilén (El Maitén). Aunque la reunión tuvo agenda de gestión, su lectura política fue inevitable: el gobernador comenzó a fortalecer anclajes territoriales con mirada puesta en 2027, en una etapa donde algunos apoyos, en especial de origen peronista, muestran signos de repliegue o reacomodamiento.
En paralelo a esa reconfiguración, la decisión de Ignacio Torres de pedir la renuncia de Andrés Pedro Arbeletche en la Secretaría de Pesca operó como el primer fusible visible de la crisis, en una señal que dentro del sector fue leída más como una respuesta política al conflicto que como un juicio sobre su desempeño. La salida se encadenó, además, con la fractura del bloque oficialista —con los alejamientos de Sergio González, hermano del presidente de CAFACH, y Mariela Tamame, referenciada en el intendente de Rawson— y consolidó la percepción de cambio de etapa en la administración pesquera.
En ese marco, la cercanía de Arbeletche con CAFACH y su rol como nexo con la actividad aparecen, para distintos actores, como una condición inherente al cargo y no como una anomalía, en una provincia donde la pesca es una fuente central de divisas y exige interlocución permanente entre Estado y empresas. Por eso, en la lectura política que se impone por estas horas, su salida funciona más como cobertura del centro de decisión gubernamental que como impugnación de una gestión.
Y allí aparece el contraste de fondo: hoy soplan otros vientos. El clima de declaraciones de ordenamiento y depuración que, en momentos preliminares a las elecciones del 2023, cuando Torres aún era candidato a gobernador incluso financiado por la CAFACh -según vox populi en el sector, aunque no nos consta- convive ahora con una realidad más áspera, atravesada por condicionamientos políticos, vínculos de poder y disputas por la administración de los recursos que genera el sector. Las dicotomías actuales no nacieron esta semana, venían gestándose desde hace tiempo, pero encontraron en estos días su punto de eclosión.
No son hechos dispersos ni reacciones episódicas. Lo que se despliega en Chubut, con la pesca en el centro del conflicto, responde a una reconfiguración acelerada del poder provincial alrededor de una actividad estratégica, generadora de divisas y, por ello mismo, históricamente atravesada por disputas de influencia, captura regulatoria y administración de rentas.
En ese tablero, el Gobierno procura recuperar iniciativa mediante una combinación de endurecimiento normativo, administración fina de alianzas y, sobre todo, la construcción de instrumentos de intervención capaces de asegurar control efectivo sobre las decisiones centrales del sector; en términos llanos, de acercarse el “mango de la sartén”. Del otro lado, el empresariado pesquero permanece en estado de alerta frente a una reforma que podría alterar de manera sustancial el delicado equilibrio entre potestad estatal y estabilidad de permisos. La señal política es inequívoca; sin embargo, también deja abierta una pregunta de fondo: si el objetivo era dotarse de nuevas herramientas, ¿era indispensable semejante despliegue legislativo para conseguirlo?
A la luz de la historia reciente, esa duda no es menor. Desde 2017 en adelante, el solo examen de los permisos de pesca y de sus trayectorias de captura permite advertir con nitidez la expansión de determinados grupos empresarios, varios de ellos hoy cuestionados por el propio gobernador Ignacio Torres con términos de extrema gravedad. En ese período —según la lectura que hoy vuelve a emerger con fuerza en el sector— se habría consolidado una trama de acumulación de poder que incorporó consejeros en el CFP y secretarios de pesca funcionales a intereses particulares, con el propósito de asegurar objetivos por fuera de un equilibrio razonable de sustentabilidad económica. A ello se sumó, siempre en esa interpretación, la aplicación puntual de criterios y prácticas de hecho que ni siquiera integran con claridad el plexo reglamentario pesquero nacional, pero que resultaron eficaces para beneficiar a grupos específicos, incluso con vínculos a capitales bajo banderas distintas de la argentina.
Por eso, lo que hoy se presenta como “reordenamiento” es leído por una parte del sector más como un dispositivo de disciplinamiento que como una depuración estructural del sistema. La objeción no se limita al contenido formal de la reforma, sino a su oportunidad, su intencionalidad y su coherencia con los antecedentes. Si desde el Poder Ejecutivo provincial —como sostenía en campaña el entonces candidato Ignacio Torres— se hubiese querido avanzar en un verdadero esquema de “mani pulite”, el argumento de quienes desconfían es tajante: ya existían evidencias, antecedentes administrativos y hechos verificables suficientes para actuar dentro de marcos normativos vigentes, incluyendo la Ley Federal de Pesca 24.922 y antecedentes regulatorios como la Resolución CFP 7/2018 en la administración de la pesquería de langostino. Bajo esa lógica, si no se intervino antes con ese andamiaje disponible, difícilmente —afirman— una reforma provincial, por sí sola, modifique ahora la voluntad política de hacerlo.
De allí que, en la interpretación más cruda que circula tras los episodios de la última semana, lo ocurrido se inscribe menos en una reforma de sistema que en una secuencia de correctivos de poder, orientados a exhibir, de manera explícita, quién conserva la capacidad de mando en la provincia. Es una lectura severa, pero extendida en ámbitos donde el conflicto no se percibe como una discusión técnica sobre permisos y controles, sino como una disputa por jerarquías, alineamientos y márgenes de autonomía.
Mientras tanto, desde un sector que se siente hostigado por el tono y la forma del enfrentamiento, el jueves uno de sus referentes dejó una frase que condensa esa percepción de largo aliento: “los gobiernos pasan, nosotros vamos a seguir estando”. La sentencia remite, por contraste, a una de las formulaciones más célebres de John Maynard Keynes —“In the long run we are all dead” (“en el largo plazo, estamos todos muertos”)—, utilizada por el economista para cuestionar respuestas que difieren las soluciones mientras la crisis arde en el presente.
La tensión de Chubut parece moverse precisamente en ese cruce, entre la urgencia política de mostrar control inmediato y la persistencia estructural de actores que, con distinto rostro y diferentes alianzas, sobreviven a cada recambio de poder.
Si Torres hubiese tenido la voluntad política, desde el 10 de diciembre de 2023 que asumió como gobernador, tuvo tiempo suficiente para poner las cosas en orden, hoy, por más instrumentos que logre en el sector Legislativo, el tren ya pasó, por más que mire políticamente al año 2027, demostrando que no solo en la geometría proyectiva, las paralelas se unen…
El resultado de esa tensión todavía está abierto. Pero una conclusión ya aparece con nitidez, la pesca en Chubut dejó de ser solo una agenda productiva para convertirse en uno de los principales campos de disputa política de la provincia; y todo por haberse apartado de la Ley.
Y, como siempre, es una opinión que puede o no coincidir, por eso se expone al criterio del lector, anticipando que no son cuatro los puntos cardinales como tampoco siete los colores del arco iris, dejando las consideraciones de esta temeraria dinámica a su juicio, y sugiriendo que no la desconozca ni pierda su tiempo…
Por DMC
