El 22 de diciembre fue un día de máxima actividad parlamentaria en la Legislación de Chubut, se convocó la sesión para las 13:00 y en el marco de la búsqueda de acuerdos, la labor política y legislativa se extendió hasta las 23:30, con un orden del día de 26 proyectos, entre los cuales estaba el Presupuesto 2023 (de más de 452 mil millones de pesos para el Ejecutivo, 8.200 millones para el Legislativo y el Judicial quedó sin aprobar), se aprobó la emergencia áulica, la prórroga de la emergencia económica y financiera y apareció el proyecto de modificación de la Ley de Pesca provincial; entre otros temas.
Mientras tanto, se supo, que en Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la mayoría de las cámaras del sector pesquero argentino fueron convocados en el propio edificio del Ministerio de Economía para su encuentro programado con su titular, Sergio Massa (manifiesto amigo y militante del mismo espacio político que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni), el Secretario Juan José Bahillo y el Subsecretario de Pesca, Dr.Carlos D. Liberman. Lo que para algunos, funcionó como una gran cortina para tapar lo que pasaba en la Legislatura de Chubut.
En efecto, en Chubut, el mismo proyecto de modificación de la Ley provincial de Pesca fue a libro cerrado, es decir, sin darse lectura y por ende sin posibilidad de modificación del Proyecto de Ley N° 072/22, que resultó favorable por 17 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones y 4 ausentes.
Solapada debajo del federalismo, la Provincia de Chubut, sin ninguna intervención o sugerencia nacional, legisló, entre gallos y medianoche, una Ley de Pesca que según su impulsor, el Diputado de Visión Peronista, Carlos Tomás Eliceche, declaró “ que el espíritu de esta ley es preservar el recurso, mantener y mejorar la cantidad de empleo “.
También se supo, que habrá denuncias por presuntas irregularidades y digitación en la entrega de permisos de pesca y posibles «pagos de sobornos» a diputados provinciales para la aprobación de la nueva Ley de Pesca.
Consultada una fuente de confianza de esta redacción, «Lo más grave aún, es que si el espíritu de la Ley es precisamente el argumento presentado por Eliceche, el langostino “verde” que se pesca en aguas jurisdiccionales de Chubut, son ni más ni menos que hembras adultas impregnadas, por lo que sí la esencia es proteger el recurso, debiesen estar vedadas las operaciones de pesca mientras la especie se encuentra en zona y época de desove, incluso, ante el silencio cómplice de quienes pretenden reemplazar al INIDEP como rector biológico y científico en aguas bajo jurisdicción de la provincia de Chubut.», disparó un abogado especialista y conocedor de los sucesos político legislativo de esa provincia.
En paralelo, surgieron cuestionamientos técnicos sobre el criterio de conservación invocado como fundamento de la reforma. Algunos especialistas y abogados vinculados al sector pesquero habrían advertido que, si el objetivo prioritario fuera efectivamente la preservación del langostino, debería analizarse con mayor rigor el impacto de las capturas en períodos y zonas sensibles para el ciclo reproductivo. Desde esa perspectiva, el debate no se limitaría a la jurisdicción provincial, sino que alcanzaría al equilibrio biológico de un recurso de interés nacional.
Esa observación remitiría a una discusión de fondo, aunque las aguas bajo administración provincial tengan reglas propias, el comportamiento del recurso y los efectos de la presión pesquera no reconocerían fronteras administrativas estrictas, es un recurso nacional y transzonal. En consecuencia, una política de explotación adoptada en una zona de desove o en etapas biológicas críticas podría generar efectos sobre el conjunto del sistema pesquero, con posibles derivaciones productivas, comerciales y hasta reputacionales, incluidas las vinculadas a estándares de sostenibilidad y certificación.
Otro aspecto que habría generado comentarios en distintos ámbitos sería la presunta disparidad de criterios regulatorios frente a antecedentes de cierres de áreas, como ocurrió en su momento con el Golfo San Jorge, en contraste con el tratamiento de la operatoria en aguas exteriores a Rawson. Para algunos actores, esa diferencia podría evidenciar una aplicación desigual del principio de precaución; para otros, respondería a contextos técnicos y políticos distintos. En cualquier caso, la consistencia del criterio de manejo aparece como una demanda transversal.
Finalmente, también se habría reactivado una lectura política sobre los posicionamientos sectoriales de los últimos años, en particular respecto de la defensa de intereses de la flota fresquera tangonera marplatense y de eventuales acuerdos sobre áreas de pesca, cupos y esquemas de administración del langostino. En ese terreno abundan interpretaciones, versiones cruzadas y reconstrucciones informales que, por su sensibilidad institucional, requerirían respaldo documental para formular conclusiones firmes, pero tendrían que ver con el voto positivo de Chubut en el CFP en base a una cuota social para algunos buques de la flota fresquera marplatense.
Lo que sí parece fuera de discusión es que esta jornada legislativa del 22 de diciembre dejó algo más que una ley aprobada. Dejó abierto un debate estructural sobre el modo en que se legisla, se asignan permisos, se justifican decisiones de manejo y se resguarda la credibilidad institucional del sistema pesquero chubutense. Si las modificaciones posteriores de la Ley de Pesca habilitaran revisiones de fondo, el desafío ya no sería solo normativo, sería también político, técnico y judicial.
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