Por estos días, se ha vuelto a poner sobre el tapete la idea de una importante modificación en la Ley Provincial de Pesca de la provincia del Chubut, algo que en el momento de ser tratado en la legislatura provincial a través de un debate, se vio interrumpido por hechos vandálicos fuera de las instalaciones legislativas y si bien no fue precisamente por ese debate, sino por algo referido a la minería, imposibilitó que los legisladores chubutenses pudiesen al menos debatir al respecto.
Ya han sido varias las voces que se pronunciaron a favor y en contra de la modificación, tanto desde los propios encargados de modificar o no la citada Ley, como así también desde sectores gremiales, tal el caso de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, quien a través de un comunicado público, expresó su oposición al mencionado proyecto.
El gremio conducido por Jorge Frías en el citado comunicado expresó:
“La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CAPITANES PILOTOS Y PATRONES DE PESCA (AACPyPP), Organización Sindical de primer grado con Personería Gremial N° 1442, que representa los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, expresa su oposición al proyecto de Ley Provincial de Pesca de la Provincia del Chubut que ha tomado estado público en tanto la misma no representa un avance en el estado actual de la actividad pesquera en la Provincia.
Por el contrario, pareciera que el proyecto de ley tuviera un fin netamente recaudatorio, pretendiendo imponer nuevos gravámenes impositivos con ánimo estrictamente recaudatorio. Más grave aún resulta el hecho de que los fondos que se pretende recaudar mediante nuevos impuestos, ni siquiera se prevé que sean invertidos en el desarrollo y mejoramiento de la actividad, sino que prácticamente en su totalidad se destinarían al erario provincial y a sostener estructuras burocráticas.
Por otra parte, el proyecto en cuestión persiste en dejar de lado a los trabajadores de la pesca en las áreas de toma de decisiones de la actividad, sin incluirlos en lo que propone y denomina como Consejo Consultivo de la Pesca, ámbito en el cual se tomarían las decisiones de cómo, cuándo y dónde se pesca en la provincia del Chubut y del que los trabajadores al igual de lo que ocurre con el Consejo Federal Pesquero, quedaríamos excluidos.
El Proyecto de Ley Provincial de Pesca repite viejos errores, muchos de los cuales los propios actores de la actividad (trabajadores, empresas y Estado) a través del diálogo y el trabajo coordinado hemos ido salvando a lo largo de los años; no obstante ello, existen muchas cuestiones para mejorar, para lo cual una Ley Provincial de Pesca debe nacer del consenso de todas las partes, requisito que el actual proyecto no reúne y por lo cual debe ser desestimado”.
Seguramente se recordará que allá por el mes de octubre de 2021, la Diputada Rossana Artero, había solicitado un pedido de informe a la Secretaría de Pesca para que se brinde información sobre la totalidad de los permisos de pesca, los contratos de abastecimiento de materia prima a las plantas de procesamiento, el detalle de la mano de obra que emplean las plantas, además de cuestionar las reformulaciones que se realizaron en el Proyecto Pesquero en los últimos cinco años.
En aquella ocasión, Artero había manifestado que “hace algunos días vinieron de la Legislatura representantes del Ejecutivo a conversar sobre el proyecto y la verdad es que nos quedaron muchas dudas, por eso realizamos este pedido de informe en donde solicitamos, entre otras cosas, se detalle la totalidad de permisos de pesca de la flota amarilla, VACOPA y artesanales, ya que la ley actual dice que la flota amarilla cuenta con 37 permisos, sin embargo la nueva ley habla de 40 y el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, aseguró delante de todos los legisladores que hay 44”, había declarado Artero.
La legisladora fue más allá en sus dichos y dijo que “las reformulaciones del Proyecto Pesquero que se realizaron en los últimos años son muy preocupantes, hay que recordar que la Ley establece que el reemplazo de buques pesqueros solo será admitido por otro de capacidad de bodega igual o inferior y acá ocurre todo lo contrario, los barcos tienen bodegas cada vez más grandes”.
“También el Gobierno otorgó por decreto facultades al Consejo Federal Pesquero que delegan derechos constitucionales que la provincia posee, como lo son los recursos naturales marítimos vivos. Por eso solicitamos que acrediten el estado de situación del esfuerzo pesquero desde 2016 a la fecha. El proyecto de permisos de pesca, intenta otorgarlos de por vida con lo que se estaría privatizando la actividad y, por otro lado, no cuida el recurso ni prioriza a los trabajadores, cosas que deberían ser primordiales”, había declarado Rossana Artero hace apenas 8 meses.
Es evidente que se abre otro nuevo debate, donde habrá que observar quienes “jugarán” en esta ocasión, ya que luego de la postergación a la que hacíamos mención poco se habló en público del tema.
