Easter Island Naviera proyecta iniciar a mediados de noviembre una conexión de carga entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La empresa incluyó al buque Danstar en una propuesta comercial difundida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de promoción económica del archipiélago que acompaña las gestiones para establecer el servicio.
El buque es de cargas generales, de 71 metros de eslora y 13 de manga con capacidad de bodega hasta 1400 toneladas que opera bajo bandera de Chile IMO: 7424059, MMSI: 725001123 y su última intervención fue en agosto pasado en un viaje a Islas de Pascua (Rapa Nui).
Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, la ciudad chilena recibirá una ronda de negocios con alrededor de 40 representantes del sector privado isleño y entre 30 y 40 empresas chilenas, según la convocatoria de la FIDC. El encuentro busca formalizar relaciones de suministro y contratos para la nueva conexión.
El enlace está concebido como complemento del servicio mensual desde Uruguay. La subdirectora ejecutiva de la FIDC, Louise Ellis, explicó que la incorporación de otra ruta permitiría alcanzar dos arribos de carga al mes y mejorar la disponibilidad de mercadería. En una entrevista con Emol, señaló que las demoras de abastecimiento afectan a distintos sectores del archipiélago.
El buque y las condiciones del servicio
La oferta de la naviera comprende la recepción de mercadería en su depósito de Punta Arenas, la consolidación de cargas, la coordinación del transporte terrestre y el embarque hacia las islas. El documento establece un plazo estimado de 20 a 25 días desde la recepción en depósito hasta la llegada al puerto de destino: un período que abarca el proceso logístico completo.
La propuesta contempla carga general, materiales de construcción, vehículos y maquinaria, además de alternativas para mercadería congelada, mercancías peligrosas y chatarra de retorno. Los costos portuarios de origen y destino están incluidos en las tarifas indicadas. El seguro, el almacenamiento, la cadena de frío y la entrega posterior al arribo requieren cotización o validación adicional. Cada embarque queda sujeto a disponibilidad de espacio y aceptación de la carga.
Entre los productos identificados por la FIDC para el intercambio aparecen frutas y verduras frescas, lácteos, madera, alimento para animales y repuestos. La recuperación del corredor comenzó a estudiarse en 2025, mediante consultas con empresas isleñas, navieras chilenas y el municipio. Según el organismo, la conexión anterior había perdido viabilidad financiera a comienzos de los años 2000, después de funcionar durante décadas.
El alcalde Claudio Radonich estimó el poder de compra del mercado insular en USD 20 millones anuales. Esa cifra corresponde a su evaluación de la demanda potencial.
Qué respaldan Chile y sus legisladores
El 21 de septiembre, cinco senadores suscribieron en Punta Arenas una declaración en defensa del comercio regional y del régimen del estrecho de Magallanes. La iniciativa fue encabezada por la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, y acompañada por Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi.
Los legisladores anunciaron que impulsarán recursos en el Presupuesto 2027 para fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos y la conectividad austral. También reafirmaron el cumplimiento de los tratados con Argentina como base de la relación bilateral.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, había definido la posición del Ejecutivo el 4 de septiembre. En declaraciones al periodismo, sostuvo que la conexión puede desarrollarse dentro de la normativa vigente y que Chile mantiene su respaldo al reclamo argentino de soberanía. Interpretó que los compromisos bilaterales sobre asistencia a actividades ilegales de extracción tienen un alcance específico y defendió la continuidad del comercio permitido por las regulaciones.
El régimen de navegación invocado tiene una disposición expresa. El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 preservó la neutralización del estrecho y la libre navegación establecidas en 1881. También fijó la obligación argentina de garantizar el tránsito expedito por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde ese paso.
La Cancillería argentina, por su parte, advirtió el 15 de septiembre que aplicará la legislación nacional a empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Informó el envío de cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, la apertura de 60 procedimientos administrativos y la presentación de tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos. El comunicado describe actuaciones generales y deja sin identificar una medida específica contra este servicio naviero.
El Reino Unido sostiene la posición contraria. En su guía oficial para empresas vinculadas con las islas, rechaza la jurisdicción argentina sobre esas operaciones y respalda el desarrollo de recursos, incluidos los hidrocarburos. El documento también introduce una precisión para los operadores; expresa la posición del Gobierno británico y recomienda a quienes reciban intimaciones argentinas obtener asesoramiento jurídico independiente sobre su situación particular.
