El Poder Ejecutivo del Chubut envió a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 005/2026, que propone una reforma profunda de la Ley IX N° 157 y redefine las condiciones de acceso y permanencia en la actividad pesquera provincial.
La iniciativa no modifica cuotas ni criterios biológicos, pero introduce cambios estructurales en el régimen de permisos, ampliando causales de suspensión, estableciendo caducidad automática en determinados supuestos e incorporando un sistema de Ficha Limpia Pesquera.
El proyecto, ingresado el 20 de febrero de 2026, impacta directamente en la operatoria empresaria y en el esquema de control estatal sobre uno de los principales motores económicos de la provincia.
Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 55 de la ley vigente, incorporada a través del artículo 3 del proyecto. Allí se amplían y precisan las causales de suspensión de permisos y autorizaciones, otorgando a la autoridad de aplicación herramientas más ágiles para intervenir ante incumplimientos.
La reforma contempla la posibilidad de suspender permisos ante la falta de pago de aranceles o multas firmes, el incumplimiento de contratos de abastecimiento, la negativa a inspecciones, la falta de presentación de documentación obligatoria, la inexistencia de libre deuda fiscal o la acumulación reiterada de infracciones. También incorpora supuestos vinculados a defraudaciones fiscales firmes y a incumplimientos graves en materia de seguridad.
Este cambio no es menor. Mientras que la caducidad implica la pérdida definitiva del permiso, la suspensión opera como una herramienta inmediata de control que puede paralizar la actividad hasta tanto se regularice la situación. En términos prácticos, el proyecto fortalece significativamente la capacidad de intervención administrativa del Estado provincial.
Otro aspecto relevante es la modificación del artículo 35, que establece la caducidad automática del permiso cuando recaiga sentencia de quiebra sobre la empresa titular. De este modo, la continuidad en la actividad queda directamente vinculada a la situación jurídica y económica del permisionario.
Asimismo, se refuerza el régimen de inactividad. Los titulares que no desarrollen actividad extractiva deberán justificar formalmente esa situación, quedando en manos de la autoridad de aplicación evaluar su procedencia y fijar plazos máximos. No serán consideradas válidas las causas derivadas de incumplimientos propios.
La iniciativa incorpora un nuevo capítulo que crea el régimen de Ficha Limpia Pesquera. A partir de su eventual sanción, el otorgamiento, renovación o transferencia de permisos y cuotas quedará sujeto a la verificación obligatoria de antecedentes fiscales y penales.
No podrán acceder ni mantener permisos quienes registren condenas firmes por delitos dolosos o defraudaciones fiscales confirmadas. El control no se limita a la persona jurídica titular, sino que se extiende a representantes legales, directores, administradores y accionistas con participación relevante, ampliando la responsabilidad dentro de las estructuras societarias.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, de carácter público y digital, donde constarán permisos vigentes, suspensiones, caducidades, rechazos y antecedentes sancionatorios.
La reforma busca redefinir las reglas de permanencia en la actividad. El permiso deja de concebirse exclusivamente como una habilitación operativa y pasa a consolidarse como una autorización condicionada al cumplimiento integral de obligaciones fiscales, administrativas y legales.
Doce permisos y una trama pendiente. La historia
La reconversión de los VACOPA reordenó el debate sobre la Ley de Pesca de Chubut y amplió el foco de las sospechas en los primeros compases de la gestión provincial encabezada por Ignacio Torres, la discusión sobre los permisos pesqueros en Chubut dejó de circunscribirse a los siete casos señalados públicamente como presuntamente “espurios” y comenzó a incorporar una dimensión más amplia e incómoda, la situación de los cinco permisos VACOPA (Variado Costero Patagónico) que, tras años de funcionamiento bajo un régimen cuestionado, quedaron absorbidos y regularizados dentro de la Flota Amarilla de Puerto Rawson por la Ley de Pesca sancionada entre gallos y medianoche aquel 23 de diciembre de 2022.
Con ello, el mapa de sospechas pasó de siete a doce permisos, desplazando el eje del debate desde la mera creación de nuevas licencias hacia la revisión del itinerario completo de su consolidación jurídica y económica.
La gravedad institucional del asunto se profundizó por el perfil de los beneficiarios y por la forma en que la norma terminó articulando dos movimientos simultáneos: la legalización de cinco VACOPA preexistentes y la creación de un sexto VACOPA en el mismo texto legal. En ese esquema aparecen nombres de fuerte gravitación en la estructura pesquera de Puerto Rawson y la CAFACh, entre ellos Gustavo González —vinculado a los buques pesqueros Carlos Luis y Siempre María Elena—, además de otros permisos asociados a embarcaciones como Nuevo Anave, Camilo S y Mirta R.
La ley, a su vez, sumó un sexto VACOPA ligado entonces a Eduardo Del Río mediante el BP Espartano. Ese cuadro consolidó derechos de explotación con alto valor económico en el mercado, en un contexto donde distintas fuentes del sector estimaban cifras millonarias por permiso.
La raíz histórica del conflicto se remonta a 2006, cuando durante la gestión de Mario Das Neves, con Norberto Yauhar y Juan Carlos Berón en áreas clave, se impulsó el plan experimental VACOPA como instrumento de investigación sobre el variado costero patagónico. El diseño original, concebido para atender la situación de un buque específico —el Nuevo Buenos Aires Querido— tras el cierre del Plan Nacional de Anchoíta, fue perdiendo progresivamente su justificación técnica. Con los años, según la reconstrucción sectorial que volvió al centro de la escena, las embarcaciones incorporadas al esquema se orientaron principalmente a la captura de langostino, sin cumplir de manera sustantiva los objetivos científicos que habían dado origen al régimen.
Ese desfasaje quedó formalmente expuesto en 2012, cuando el entonces secretario de Pesca de Chubut, Hugo Stecconi, firmó la Resolución N° 80/12, consignando que el plan carecía ya de fundamentos técnicos y de investigación para continuar. Sin embargo, los permisos VACOPA persistieron mediante prórrogas sucesivas a lo largo de distintas gestiones, hasta desembocar en su reconversión legal dentro de la Ley IX N° 157, aprobada en la madrugada del 23 de diciembre de 2022. Allí se modificó la arquitectura de permisos de la pesca chubutense con nuevos cupos para Flota Amarilla, Flota Artesanal y el mencionado sexto VACOPA, en una sanción legislativa cuya forma y oportunidad quedaron desde entonces bajo observación política y sectorial.
Por eso, el núcleo del debate actual excede la discusión sobre una ley puntual. La cuestión de fondo es la consistencia del sistema de adjudicación, regularización y valorización de permisos pesqueros, cómo se transformaron permisos discutidos en activos plenamente reconocidos, qué contraprestación recibió el Estado y qué responsabilidades políticas y administrativas acompañaron ese proceso.
La eventual reapertura de investigaciones, en el marco de nuevas modificaciones a la Ley de Pesca provincial, vuelve a colocar en primer plano una pregunta institucional decisiva; si ese movimiento normativo será utilizado como instrumento de presión política o como vía efectiva para depurar y transparentar operatorias largamente cuestionadas. En esa respuesta se juega una parte sensible de la credibilidad del orden pesquero en Chubut.
En una provincia donde la pesca tiene un peso determinante en empleo, exportaciones e ingresos fiscales, el proyecto abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre transparencia, control estatal y estabilidad empresaria. La discusión legislativa definirá ahora el alcance final de una reforma que, por su impacto estructural, podría marcar un antes y un después en la administración pesquera chubutense.
